Gobierno
de restauración de Estado democrático liberal a instauración de Estado social
democrático de derecho
Roberto Briceño Jiménez
Resumen
En esta exposición de ensayo pretendo interpretar la
intencionalidad política de cambio del nuevo gobierno de Honduras autodefinido
refundacional de socialismo democrático. Dimensionar los conceptos de Estado
democrático liberal y la diferencia con el concepto de Estado socialista
democrático de derecho o el concepto de Estado democrático popular.
Analizar los
cambios en perspectiva de restauración institucional con referencia a promesas
del nuevo gobierno. Argumentar que este gobierno está limitado por contexto de
crisis estructural que produjo el desmantelamiento del sistema de Estado
democrático liberal que se estaba configurando y destruyó el régimen
dictatorial postgolpe de Estado para instaurar el Estado neoliberal de
dictadura de mafias neooligárquíca.
Argumentar que
el nuevo gobierno se limitará a restaurar las instituciones de la forma de
Estado social democrático sin trascender las configuraciones estructurales de
las relaciones capitalista, pero relativamente posicionado restaurando su
condición de Estado Soberano en relaciones internacionales.
Señalar las
fuerzas y factores histórico-estructurales que limitan las posibilidades de
cumplir la promesa de Estado socialista democrático popular.
Conceptos
claves
Refundación
del estado- restauración política del Estado. Estado democrático liberal,
Estado social democrático de derecho, Estado socialista democrático popular.
Definición
conceptual análisis e interpretaciones
Se entiende
por refundación del Estado, el proceso de volver a construir la configuración
estructural e instituida de derecho democrático para instaurar un Estado de
nuevo tipo. Que corresponda a un nuevo sistema de relaciones sociales. O
sencillamente puede entenderse como readecuación del Estado democrático Liberal
a los fines de una sociedad democrática, basada en relaciones sociales de
producción y distribución social y privada capitalista, de la riqueza
producida. Otras connotaciones de Estado social y democrático son:
a.
La de social democracia en la que el Estado administra
excedente económico producido y ordena la relación mercado sociedad, el Estado
redistribuye riqueza haciendo inversión pública para producir condiciones de
bienestar social
b.
Estado socialista democrático popular. La coalición de movimientos sociales de base,
de clases subalternas para instaurar un estado basado en democracia popular con
liderazgo político participativo y relativamente desconcentrado en
colectividades de unidades de producción y comunidades socioculturales basadas
en la propiedad comunitaria o social.
Cambiar la
forma de Estado es reforma política, adecuando las instituciones a las
relaciones sociales de producción hegemónicas del mismo sistema. Cambiar el
tipo de Estado es transformar las relaciones sociales de producción e
instituirlas en Estado y derecho. Esa transformación es viable sólo en
condiciones de triunfo de las coaliciones de clases subalternas sobre las
clases hegemónicas para instaurar un Estado democrático popular. Esa
transformación no resulta de una elección sino de un proceso histórico
revolucionario.
En el discurso
oficial solamente enuncia conceptos de socialismo democrático, que aún no ha
definido y las acciones de políticas indican que se limitaría a hacer reformas
que se adecúen a las innovaciones en las relaciones sociales de producción
capitalistas, con el Estado interviniendo en tutelar y habilitar derechos de
productores y consumidores, regulando relaciones de producción y mercado en
perspectiva de reproducción del sistema capitalista o burgués.
Lo anterior se
explica por el gobierno y régimen político instaurado en doce años de cooptación
del Estado por la dictadura postgolpe, liderada por la clase dirigente coaligada
y constituida por mafias corruptas y criminales imponiendo el control de
órganos de gobierno, un régimen político burocrático autoritario, sin límites
éticos desestructuraron instituciones, se apropiaron de recursos del Estado,
dejaron desmanteladas las dependencias gubernamentales. Los burócratas de alta jerarquía
abandonaron las dependencias estatales dejando plazas ocupadas por agentes
nominados con acuerdos sin criterios racionales de funciones por categorías de
especialización técnico- profesional, los escritorios vacíos de información y
equipos de oficina, sin recursos financieros excepto los fondos de reserva del
Banco Central, no hicieron entrega de inventarios.
Los jefes del
anterior gobierno llenaron las nóminas de personal burocrático que mantuvo por
contratos, en precariedad laboral, asignándoles acuerdo permanente, para
impedir que el nuevo gobierno seleccionara personal burocrático e imponerle
obligaciones de prestaciones laborales por cesantía sobre el presupuesto desequilibrado
que dejaron aprobado por el anterior parlamento.
En condiciones
de Estado Autoritario neoliberal, gobernado y desmantelado por mafias, es
lógico que lo que corresponde hacer al nuevo gobierno es recuperar y restaurar
las instituciones del Estado burgués, de forma democrático liberal y el deber
ser es convocar a una constituyente para cambiar el Estado autoritario
neoliberal por un Estado social democrático de derecho, si el fin es refundar
para instaurar un nuevo tipo Estado.
Políticas de restauración.
a.
Derogación de leyes antidemocráticas que legalizaron la
corrupción y el crimen e instauraron un régimen político autoritario de aberrante
corrupción sin limites de impunidad.
b.
Resarcimiento de los daños causados por graves
violaciones a los derechos humanos durante el golpe de Estado y el régimen
político del narco dictadura.
c.
Recuperación de la soberanía territorial y de los
derechos territoriales de los pueblos.
d.
Recuperación y restauración soberana de empresas
privatizadas: BANADESA, SANAA, ENEE Y HONDUTEL
e.
Restauración de la infraestructura de medios de consumo
colectivo para la reproducción social: sistema de salud, educación, vías de
transporte y comunicaciones.
Estado
de derecho.
Emisión de
decreto 4-2022 para reconstruir el Estado constitucional por el que se derogó
el decreto inconstitucional141-2009, de golpe de Estado contra el presidente
Constitucional Manuel Zelaya Rosales. Este decreto restaura la vigencia del
Acuerdo de Cartagena y amnistía para los perseguidos y enjuiciados por causas
vinculadas al golpe de Estado, víctimas de represión, por luchar contra la
violación a los derechos humanos, defensa de territorios, patrimonios,
culturales y por haber desempeñado funciones en el gobierno constitucional
derrocado.
El decreto
incluye el Acuerdo de Cartagena por el que el gobierno se comprometió a la
reconciliación Nacional, en consecuencia, no sanciona a los involucrados en la
ruptura del Estado de derecho y violación de derechos humanos fundamentales,
implícitamente quedan amnistiados, aunque nunca fueron enjuiciados por sus
crímenes, en consecuencia, quedan impunes.
La concepción
manifiesta del gobierno es que la restauración de medios de consumo colectivo
como, energía, agua potable, transporte, telecomunicaciones, salud y educación,
es función soberana del Estado y garantía de derechos humanos fundamentales.
El gobierno es
coherente con su política declarada de garante de los derechos humanos. Los
órganos represivos del Estado han cambiado sus procedimientos de intervención y
tratamiento de conflictos con uso proporcional de medios de represión, a
diferencia del régimen político autoritario militar de la dictadura, que
violaban derechos humanos impunemente, haciendo uso de fuerza con instrumentos
lesivos y contundentes.
Restauración de derechos soberanos.
También es coherente con la estrategia de restauración de
la función de soberanía del Estado en restauración de su capacidad de
administración estatal de recursos naturales empresas que habían sido
privatizadas, territorios que han sido ocupados incluyendo espacios
patrimoniales de comunidades y de la nación, el caso de áreas ecológicas que
debiendo estar protegidas por el Estado fueron concesionadas a corporaciones en
forma de fideicomisos para extracción de recursos.
Entre las políticas de restauración institucional del
Estado de derecho democrático destacan las siguientes:
Restauración de soberanía energética, emitiendo la Ley
especial para garantizar el servicio de energía eléctrica, como un bien público
de seguridad nacional y un derecho de naturaleza económica y social.
El articulo 1 de esta ley establece que el
Estado de Honduras declara el servicio de energía eléctrica como un bien
público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y
social. Las actividades de generación, trasmisión, distribución y
comercialización de energía eléctrica se realizarán bajo principios de
integralidad, justicia participativa, social y ambiental.
Esta ley deroga el decreto legislativo Nº 33-2021 por el
que se otorgaba fideicomiso para construcción de proyectos de generación de
energía en 14 cuencas de los ríos siguientes:
|
N.º |
Represas/rio |
Departamentos |
|
1.
|
Llanitos y
Jicatuyo, rio Ulua |
Santa Bárbara |
|
2.
|
El Tablón Rio
Chamelecón |
Santa Bárbara |
|
3.
|
San Fernando y
Morolica , rio Choluteca |
Choluteca |
|
4.
|
Quebrada
relumbrosa |
La Ceiba
Atlántida |
|
5.
|
Jalán |
Olancho |
|
6.
|
Texiguat |
El Paraíso |
|
7.
|
Guangololo |
La Paz |
|
8.
|
Leutona |
Francisco
Morazán |
|
9.
|
Gila |
Copán |
|
10. |
Arsilaca |
Lempira |
|
11. |
Maicupa |
Copán |
|
12. |
Talgua |
Olancho |
|
13. |
Mame |
Yoro |
|
14. |
Selguapa |
Comayagua |
Fuente. Decreto
46-2022. La Gaceta 16 de mayo 2022.
El gobierno con esta disposición legal no recupera toda
la superficie en cuencas concesionadas por el régimen de dictadura neoliberal extractivista,
porque en razón de derechos corporativos del capital transnacional implicaría expropiación,
que rompe con el derecho capitalista de propiedad privada impuesta, sobre
derechos humanos económicos y sociales, de acceso a los recursos patrimoniales
y naturales.
El estudio e investigación de Territorios en riesgo,
El análisis de referencia valora que la apertura de
mercado de generación, distribución y trasmisión de energía eléctrica por las
empresas privadas se legalizó con la Ley Marco del subsector eléctrico (decreto
Nº 158-94). El efecto que esa apertura produjo
fue el incremento de la inversión privada sobre el control estratégico
estatal en razón de capacidad instalada mayor en beneficio del sector privado
en un 78.5% , sobre el control estatal reducido a un 21.5 % . La energía es un recurso
estratégico para ejercicio de función soberana del Estado, transferirlo a
empresas privadas enajena soberanía y en consecuencia limita el derecho
económico y social de los hogares, para acceso a medios de consumo colectivo,
factor de exclusión y empobrecimiento.
Recuperación de territorios.
Es un hecho sin precedentes históricos, la enajenación de
espacios territoriales en la forma de zonas especiales de desarrollo, o zonas
de empleo y desarrollo legalizada por el régimen de la dictadura neooligárquíca
del Estado capitalista Neoliberal, como espacios acotados exclusivos y
autónomos con sus propios gobiernos y derechos de explotación y control
absoluta de fuerza de trabajo.
La forma primera fue legalizada por decreto Ley 283-2010
instituía Regiones especiales de desarrollo, RED. Esta ley fue declarada
inconstitucional por la Corte de Justicia, razón por la que el Ejecutivo y el
Congreso defenestraron a tres de cuatro magistrados de la sala constitucional,
sancionados por declarar inconstitucional la ley de RED.
Fue de público conocimiento informado que el Magistrado Oscar
Chinchilla votó a favor de la RED, en recompensa fue nombrado fiscal general
dos periodos sucesivos apoyado por el congreso, el ejecutivo y la Embajada de
Estados Unidos.
Los cambios de medidas incluyeron emitir el decreto
120-2013
La ley de Zedes, es inconstitucional,
contradictoriamente, dispone que aplica los artículos 10, 11,12,13,14,15 y 19
de la Constitución de la República, todos referidos al territorio y la
soberanía, al aplicarlos en estrategia de ZEDES, les niega su aplicación
constitucional y los reduce a espacios acotados exclusivos. La aplicación del
articulo 19 que establece la inalienabilidad de los espacios territoriales,
aéreos y marítimos limitados a incurrir en delitos imprescriptibles de traición
a la Patria en los casos de su violación por autoridad sin excepción
jerárquica. El acto de emisión de la Ley es violatorio de los artículos
constitucionales que aplica mas los que intencionalmente omite como el 107
constitucional.
La aplicación de esa ley legaliza la entrega de espacios
territoriales vitales para comunidades, incluye la expulsión por desposesión y
constitución de pequeños estados con sus propios gobiernos en espacios
exclusivos aboliendo la función soberana del Estado Hondureño en esos espacios
que serian acotados.
El gobierno cumpliendo su promesa de restauración del
Estado soberano, aprobó la derogación de la ley de ZEDE, por decreto unánime
del Congreso N.º 32-2022 el 21 de abril de 2022. El hecho extraordinario es que
diputados del partido Nacional y Liberal, que en las anteriores legislaturas
apoyaron el atentado a la soberanía por concesión de espacios y transferencia
de autoridad, en esta rectifican apoyando su derogación.
La explicación del cambio de acción política de fuerzas
neoconservadoras en oposición, se
relaciona con el precedente constitucional de traición a la patria, que no
prescribe y podría aplicarse en cualquier tiempo, contra implicados o, porque suponen la derogación no aplicable realmente y confían en la
instauración de instituciones de ocupación, que se han establecido con base en
derechos corporativos y fines de
acumulación ampliada y expansiva de capital, por corporaciones capitalistas extractivistas,
que tienen establecidos sus espacios exclusivos en los territorios, en formas
de enclaves maquiladoras, parques industriales concesiones de espacios
ecológicos con fines turísticos, territorios mineros y cuencas hidrográficas.
El hecho real es que la derogación no ha producida el
efecto de cierre de ZEDES, por derechos corporativos que se imponen con fuerza
mayor que los derechos humanos de los pueblos, por tratados de libre comercio e
instituciones de fomento a inversión extranjera directa más acuerdos multilaterales,
que se han establecido por organismos de gobierno del capital financiero transnacional,
que imponen la deuda como obligación primaria del Estado.
Relaciones internacionales instaurándose con relativa autonomía
Es constante la intervención hegemónica de Estados Unidos
en la política interna e internacional, ha habido declaraciones de intervención
directa en referencia a la organización del gobierno, las políticas económicas
y su estrategia de seguridad militarizada en su frontera sur expandida a Centroamérica.
También el gobierno ha expresado respuestas puntuales con implícita intención
de establecer límites en sus relaciones internacionales y específicamente con
Estados Unidos, para delimitar su espacio soberano en perspectiva de constitución
de Estado independiente como promesa y horizonte de nuevo orden internacional e
independencia del Estado.
Estados Unidos en su relación con el gobierno dictatorial
de clase dirigente representada por formas de mafias neooligárquíca posesionada del Estado,
impuso condiciones restrictivas a sus relaciones con el gobierno, suspendió la
presencia de embajador, constante presencia del comando sur e impuso sumisión
absoluta sobre la dirigencia del gobierno, sometida a proceso de enjuiciamiento
de sus lideres, por evidencias de verificados hechos de corrupción y
narcotráfico expuestos en informes de
fiscales en cortes de justicia.
La estrategia de Estados Unidos es su seguridad e
intereses corporativos hegemónicos y expansivos, mantener eficiencia de control
de fuerza de trabajo, para extraer capitales y asegurar la acumulación ampliada
de capitales.
Inmediatamente después que pasaron las elecciones y se
verificó el resultado electoral legitimando el gobierno de alianza LIBRE -PSH, el
12 de diciembre la Subsecretaria para la seguridad civil democracia y derechos
humanos Uzra Seya, visitó a la presidente electa Xiomara Castro, quien asumiría
el nuevo gobierno el 27 de enero de 2022. En su visita la Subsecretaria dejó establecida
la agenda de relaciones entre Estados Unidos y el nuevo gobierno: combate a
corrupción, el narcotráfico y la migración.
Los tres puntos de esa agenda acordada bilateral o impuesta,
justifican la presencia e intervención estadounidense, reconocida y asumida por
acuerdo que se legitima en la estrategia del gobierno del socialismo
democrático, recíprocamente reconocido y valorado satisfactoriamente por aquel
gobierno en el primer semestre de administración.
La concepción estratégica del Estado imperial es su
seguridad expansiva, la concepción del gobierno hondureño, es la solución de
los problemas estructurales que impiden potenciar capacidades de transformación
de las relaciones sociales, para reducir las desigualdades sociales y producir medios
de bienestar social en condiciones democráticas y de vivencia real de derechos
socioculturales y ambientales.
La materialización de esa concepción estratégica por este
gobierno necesita de independencia para trascender los limites que impone las
relaciones hegemónicas del régimen imperialista, por medio de sus organismos
multinacionales de financiamiento y el control militar por el Comando sur, para
definir sus relaciones internacionales en términos de los intereses
estratégicos de transformación estructural de la formación social hondureña.
El discurso de la presidente en la reciente Asamblea de
Naciones Unidas posiciona las relaciones internacionales declarando el
principio de respeto a la autodeterminación de los pueblos, la solidaridad
internacional y el respeto a los derechos humanos. Esa demanda es respuesta antimperialista
coherente con la razón de ser de Naciones Unidades, la paz mundial basada en el
respeto a la igualdad de derechos ente
las naciones.
La Concepción estratégica de Estados Unidos contrasta con
las perspectivas de transformación estructural de las relaciones sociales del
gobierno del socialismo democrático, Estados Unidos dispone de la mayor
presencia y hegemonía, con sus corporaciones transnacionales e inversiones
directas en extracción de recursos minerales, energéticos, producción
maquiladora, agroalimentaria servicios de telecomunicaciones, almacenamiento y
transportes.
El gobierno de Honduras proyecta una inversión de 350
millones de dólares en industria maquiladora manteniendo incentivos fiscales
por cinco años y facilitando las condiciones legales de instalación libre de
obstáculos burocráticos.
La política refundacional se propone restaurar derechos
sociales, reducir las desigualdades con inversión social en atención al acceso
al uso de medios de consumo colectivo: invirtiendo en restauración de
infraestructura de salud, educación energía, telecomunicaciones y ambiente.
Mejoras de edificios e instalaciones, equipamiento de hospitales, centros de
salud y dotación de medicamentos, reconstrucción de edificios escolares e
instalaciones de medios de uso y consumo colectivo, ampliación de cobertura y
rediseño curricular con base en un modelo educativo critico de educación
liberadora.
Cuando el Estado invierte, redistribuye ingresos, genera medios y
espacios sociales de bienestar .Las reformas en el sistema financiero
restaurando BANADESA y BANPROVI, reduciendo
tasas de interés a la intermediación financiera en crédito con fines de
producción agroalimentaria, la construcción de vivienda, para la mediana y pequeña empresa productora de medios
de consumo directo es estratégico, valorando que son esas unidades económicas, las que generan mayor demanda de trabajo incorporando un 90% de fuerza de trabajo, según
declaraciones de representantes del COHEP.
En contraste, el
Estado históricamente ha sacrificado ingresos fiscales para privilegiar con dispensas
de tributos a las grandes empresas, exentas también de obligaciones de
transferencia de tecnología y reinversión de excedentes producidos y más
responsabilidad social, por medios de reproducción ampliada de capitales sin
embargo, no corresponden a la demanda
estructural de mayor incorporación de fuerza de trabajo, porque son de
baja intensidad en uso de fuerza de
trabajo por su mayor composición orgánica de capital.
Otra acción política coherente en la estrategia de
restauración de derechos económicos y sociales es la aprobación del Decreto 38-2022
que deroga el Decreto 354-2013, (ley de empleo por hora), que precarizaba el
derecho al trabajo en beneficio de la sobreexplotación, de trabajadores, imponiendo
condiciones favorables a la producción de plustrabajo. Con la derogación de esa
ley el Estado restituye y tutela los derechos de estabilidad, protección y previsión
laboral de trabajadores.
En Ocho años de
vigencia de la ley derogada, se evidenció que la precarización laboral no
produjo ampliación de incorporación de fuerza de trabajo, reducción del
desempleo y el empobrecimiento, el efecto que produjo fue expulsión de fuerza
de trabajo e incremento de la tasa de pobreza a 73% e indigencia a 53% en el país, factor estructural que redujo al
país a la condición de segregación y
expulsión de su población potencialmente activa.
Obstáculos que limitan la gestión del desarrollo
Deuda externa. La deuda externa total compromete aproximadamente el 73% del presupuesto
del gobierno. En el primer trimestre, mes de abril de 2022, el gobierno cumplió
con el pago de 312.5 millones de dólares equivalentes a más o menos 7 mil 656 millones
250 mil Lempiras.
El cumplimiento de los pagos programados es condición
para recibir nuevos desembolsos en deuda contratada y prolongan al infinito el
endeudamiento externo en beneficio de la acumulación sin limites del capital
financiero transnacional.
Esa obligación sigue siendo impuesto directo que grava la
economía del país, reduce las capacidades de inversión pública, social y
productiva para generar acumulación interna de capital. Es también un medio de
presión externa de los organismos financieros multinacionales, sobre el
gobierno, para limitar y condicionar diseño y gestión de políticas de
desarrollo.
Corrupción.
El excesivo endeudamiento contratado por el régimen de la dictadura
neooligárquíca, es vinculante con la corrupción administrativa relacionada con
políticas de privatización de recursos del Estado, transferidos a
organizaciones privadas y de estas a cuentas privadas, según recurrentes hechos
denunciado por el Consejo Nacional Anticorrupción, CNA, y la Unidad fiscal de
seguimiento a redes de corrupción, UFERCO.
Cooptación del Estado. Las fuerzas políticas de la reacción neoconservadora
cooptaron las instituciones del Estado, ocupando espacios de poder en
organismos represivos, seguridad y defensa, Ministerio público, poder judicial
y Congreso nacional. También el gobierno anterior dejó desmanteladas las
instituciones, saqueo de oficinas, ocupadas las plazas vacantes de la
burocracia gubernamental, con agentes o activistas de su partido político.
La cooptación del Estado asegura impunidad de actos de
corrupción y hechos criminales. Impiden procesos de gestión y desarrollo,
limitan el nuevo régimen en el círculo vicioso de administración de crisis con
bloqueos burocráticos que impiden el despegue y curso de las acciones del nuevo
régimen, en consecución de su estrategia de transformación e instauración del
Estado social y democrático de derecho.
Legitimidad del Gobierno. Las fuerzas de oposición en representación de interese
de mafias corruptas y criminales, mantienen presión continua y persistente en
sus medios de desinformación y desorientación de masas, pretendiendo ocultar la
realidad y establecer sus discursos falaces como poder de verdad, para reducir
y debilitar las capacidades de acción política restauradora y en perspectiva de
cambios estructurales que plantea el nuevo gobierno.
Las fuerzas neoconservadoras han privatizado el Estado y
disponen de medios de control social para ejercer hegemonía con su propaganda masiva,
tienen representación mayoritaria en el Congreso y los órganos de justicia todo
se opone a la potenciación de autonomía para gestar poder instituyente restaurar
instituciones y fundar nuevas para instituir las nuevas estructuras de Estado
social y democrático.
Conclusiones y prospectiva
1.
El
gobierno de refundación no ha dimensionado el significado del concepto de
refundación
2.
Las
reformas realizadas son coherentes con la estrategia de restauración o
nacionalización del Estado cooptado por formas de clase dirigentes
representadas por organizaciones mafiosas.
3.
En
perspectiva refundación, el gobierno estará ocupado en acciones de restauración
institucional, muy limitado en su autonomía por oposición de fuerzas
neoconservadoras, en formas sociales o grupos como mafias y representaciones de
redes de la oligarquía financiera- extractivista y mediática, fetichizada
hegemónica.
4.
Instituir
un Estado socialista es un proceso histórico de transformación de relaciones
sociales de producción, el gobierno de socialismo democrático no más podría restaurar
el Estado instituido socialmente democrático de derecho y generar las
condiciones potenciales de poder popular con autonomía instituyente, para gestar
el movimiento popular, si en prospectiva se propone realizar la promesa
de transformación de relaciones capitalistas, por relaciones socialistas en los
colectivos, comunidades y organizaciones de trabajadores, proletarios, obreros
y campesinos.
Trabajos citados
Asamblea Nacional Constituyente . (1982). Constitución de la República
. Tegucigalpa: OIM, editorial S A.
Banco Central de Honduras. (2022). Informe
deuda extera del sector público aabril de 2022. Tegucigalpa: BCH.
Congreso Nacional. (28 de abril de
2022). Decreto Nº 38-2022, Decreto derogatorio. La Gaceta, diario oficial
de la República de Honduras., pág. 4.
Congreso nacional. (16 de mayo de
2022). Ley especial para garantizar el servicio de energia eléctrica como un
bien público y un derecho humano de naturaleza económica y social. La
Gaceta, pág. 3.
Congreso Nacional. (4 de febrero de
2022). Ley para la reconstrucción del Estado Constitucional de derecho y para
que los hechos no se repitan. La Gaceta, pág. 9.
Fash, B. (2021). Territorios en
riesgo. Tegucigalpa: UNAH, FOSDEH, OXFAM.
Poder Legislativo. (21 de abril de
2022). Decreto Nº 32-2022. Tegucigakpa, Francisco Morazán, Honduras .
público., E. (13 de diciembre de 2021).
Honduras : EU fija su agenda con próximo gobierno de Xiomara. Tegucigalpa,
Honduras, Centroamérica.
Suazo, J. (10 de setiembre de 2022).
Las apuestas para el triangulo del norte. Tegucigalpa, Honduras, América
Latina y el Caribe.
Vallejo Larios, M. (setiembre de 2020).
Zede en Honduras, reseña de una ilegalidad fuesta. Tegucigalpa, Francisco
Morazán, Honduras.
21/9/2022.
