Honduras:
la continuidad de la dictadura del régimen político de la oligarquía.
Roberto Briceño
Jiménez.*
2013
el régimen de dictadura oligárquica se consolida con la imposición de la legitimidad
formal contra le ilegitimidad real de más del sesenta por ciento de los
electores.
Continuó 2013 con las
expectativas de un cambio político legitimado democráticamente con el proceso
electoral: del lado de la oligarquía y el imperialismo, la consolidación
legítima por medio de las elecciones y los medios de control institucional, del
lado de la oposición y la resistencia con la posibilidad de cambiar el régimen
político y la Refundación de un nuevo Estado, asumiendo que triunfaría en el proceso
electoral de noviembre de 2013.
La estrategia del
liderazgo oligárquico por medio del
régimen político fue establecer todas
las condiciones de control institucional para imponer su continuidad legítima
con la participación electoral de ocho partidos políticos que lograron motivar
al 60 por ciento de la ciudadanía, participando
en las elecciones del 24 de noviembre. Sin embargo, la suma de votantes
solamente fue un referente de base para cálculos globales y manipulación de
sumas y tasas en beneficio del candidato presidencial y los demás candidatos y
candidatas oficialistas impuestos por el Tribunal Supremo Electoral contando
con el reconocimiento externo del Departamento de Estado, por medio de la
Embajada en el país, la OEA y la Unión Europea todos en correspondencia con el fin de asegurar la continuidad de la
aplicación sumisa y eficiente del modelo Neoliberal de reproducción y dominio capitalista
global.
Sin embargo, el
incremento de la participación política de la ciudadanía ha influido en cambios
importantes en la composición de organismos claves del sistema político
hondureño: Los dos partidos tradicionales de la oligarquía perdieron unos
cincuenta diputados, la oposición resultó relativamente mayoría, pero la
principal fuerza de oposición no logró la mayoría necesaria para contener la
fuerza autoritaria del régimen político para imponerse dominante en beneficio
de los grupos oligárquicos que controlan los medios para ejercer poder
real..
Las
tendencias de la crisis económica.
Los indicadores económicos
presentan las características de una crisis sistémica determinada por la
combinación de factores estructurales y coyunturales,
Entre los factores
estructurales internos y externos son: la reducción de la demanda y de los
precios de los productos primarios de exportación principalmente café, las políticas económicas que han privilegiado
la privatización han reducido la capacidad de inversión pública, han fomentado
la corrupción y ha reducido la capacidad de gestión económica del Estado con la
consecuente reducción de los ingresos, el incremento del endeudamiento público
en beneficio del mayor crecimiento del capital financiero privado por el mayor
dinamismo de las actividades de intermediación financiera.
El informe de la deuda pública
de la Secretaria de Finanzas correspondiente al tercer trimestre de 2013, muestra que el saldo de la deuda es
equivalente al 39% del PIB, la tasa de incremento trimestral es de 2% así el
total de deuda calculado para el cuarto
trimestre del año habría de ser de $ 5,302.2, la deuda externa y, $ 2965.95 la deuda interna, la sumatoria
de la deuda pública será de $ 8,268.15 millones de dólares. El creciente
endeudamiento público, la reducción de la inversión pública, privilegiando la
inversión privada genera mejores condiciones de concentración de la riqueza y
poder en reducidos grupos oligárquicos y deterioro de las condiciones de vida
por reducción del mercado laboral y el aumento del desempleo.
El resultado es una tendencia
decreciente de la economía. El índice mensual de actividad económica del
Departamento de Estudios Económicos del Banco Central, presenta una variación acumulada de 1.3 % , el año 2012 fue de 4.1% la Presidenta del Banco Central ha calculado
que el crecimiento del PIB seria del 2.6%, puntualiza que la base de la
economía es el capital financiero; una valoración que se corresponde con la
dinámica de la tendencia creciente y acumuladora de la actividad de
intermediación financiera más por su movimiento especulativo que por el incremento de la producción y reproducción de capital, esta
se relaciona con el estímulo e
incremento del consumo más que a
la producción. También indica el IMAE que los servicios de seguros y fondos de
pensiones han tenido una tendencia creciente de 7.7% y lo explica por “la
trayectoria positiva en los ingresos de las primas de seguros, rendimientos
sobre inversiones de reservas en los fondos de pensiones y por el incremento de
las aportaciones y cotizaciones”.
De las actividades
primarias la de mayor crecimiento ha sido la producción agrícola que aportó el
3.3% causado por el incremento en la
producción de bananos que ha
crecido 10.6 %, por aumento en el volumen de producción, y expansión de la
demanda y los mercados de Estados Unidos y Europa, la actividad pesquera ha tenido un
crecimiento del 7.6% por el aumento en
cultivos de camarones, resultado del control de plagas y la extracción de langosta en alta mar, explica el informe del IMAE.
Los factores
coyunturales son: el uso arbitrario de los recursos del gobierno central para
la campaña electoral, incluye incremento de transferencias del presupuesto del
gobierno central a las municipalidades priorizando la campaña política para asegurar
el triunfo del liderazgo oficialista y el uso de programas sociales de
bonificación de las familias pobres con fines de clientela política electoral, y relacionado con esta actividad la
priorización del gasto en la política de militarización de la sociedad, políticas
que contribuyen con la reproducción de la pobreza y la imposición de un régimen
autoritario.
En consecuencia el
crecimiento económico de 2.6% resulta menor que la tasa de crecimiento
demográfico de más o menos 2.8%, así el
crecimiento económico resulta negativo con el agravante que los medios de
concentración de la riqueza son habilitados por la institucionalización del
modelo neoliberal y el extractivismo, lo
que genera efectos negativos, incrementando
la desigualdad y empobrecimiento de la mayoría social, incluyendo los
estratos de clase media y pequeña burguesía.
El incremento del
endeudamiento público, el déficit fiscal
y el decrecimiento o tendencia depresiva de la economía, obliga al gobierno a incrementar las tasas
tributarias con lo que recarga el costo del gasto público en los consumidores,
estratos de clase media, pequeña burguesía, los proletarios y campesinos, para el funcionamiento del gobierno incluyendo el
costo de la corrupción establecida impunemente en todos los niveles de la
jerarquía de la burocracia gubernamental. Con lo que se reducirán los ingresos
familiares derivará en mayor deterioro de las condiciones de vida de los
trabajadores y los pequeños productores e incremento de los pobres con los
problemas derivados de la pobreza y la conflictividad social.
El régimen opta por
mantener impune la corrupción y eximir a las grandes empresas que por
diferentes medios de poder evaden obligaciones tributarias y recarga el peso
tributario en la clase media y los otros estratos de clases sociales subalternas,
La aplicación de
medidas de política impositivas como opción para sostener la crisis sistémica,
evidencia que los grupos de la
élite oligárquica y su régimen político,
no tienen alternativas para la reproducción
legítima , la acumulación y
concentración de capital, sólo puede lograrlo por medio del fraude y la
corrupción relacionada con las políticas de privatización para transferir los costos del
control de las relaciones de poder con la imposición de altas tasas tributarias
a los estratos de clase media, los
trabajadores asalariados y la pequeña burguesía, que gradualmente se reduce y extinguirá con el cierre obligado de sus pequeñas
unidades económicas.
La
pobreza y desigualdad.
Las desigualdades
sociales están fundamentalmente determinadas por el acceso a medios de
producción principalmente la tierra y lo medios de ejercicio del poder. Las
principales desigualdades sociales son observables, en el acceso al recurso
tierra y medios de control social y político o dominación y hegemonía, también
las desigualdades en el acceso y continuidad a educación y salud y las
desigualdades de género.
El 53.8 por ciento de
la superficie agrícola del país es ocupada por la actividad ganadera, que
pertenece a grandes y medianos propietarios. En el otro extremo una gran masa
de familias campesinas que no tienen acceso a tierra o se dedican a actividades
de subsistencia en pequeñas y micro fincas de suelos de baja fertilidad.
El uso de la tierra: de
las 11.2 millones de hectáreas de superficie que mide el país 3.3 millones son
dedicadas a las actividades de agricultura y ganadería y 5.9 millones son de
vocación forestal o selvicultura. 1.7 millones de has son ocupadas por la
ganadería equivalen al 53.8% y solamente
942.3 miles de has son dedicadas a la
agricultura el 28.9%.Todo indica que la producción ganadera ocupa la mayor
parte de la superficie de tierra agrícola del país.
El
90% son pequeños productores y ocupan un 25% de la superficie
agrícola, un cinco por ciento son medianos productores y ocupan un 40% de la
superficie agrícola, un 02 % de los grandes productores ocupan un 35% de la
superficie agrícola del país aproximadamente.(FAO/ INA)
Las
políticas neoliberales de reforma estructural de la economía han contribuido a
la concentración de la tierra con la titulación y privatización de las tierras
nacionales y ejidales, por las políticas de seguridad jurídica en la tenencia
de la tierra de vocación agropecuaria ocupadas en dominio pleno.
Está claro que el
poder está bajo control de grupos sociales dominantes que constituyen la
oligarquía y se alternan en el control de los órganos del Estado para realizar
sus negocios, así organismos como el congreso Nacional, los tribunales y las
secretarias de gobierno son espacios acotados para la realización de negocios e
imponer políticas que favorecen la reproducción y acumulación de capitales y el uso efectivo de los recursos de dominación por grupos sociales dominantes.
Las políticas concesionarias de los recursos vitales del país por decreto de
áreas definidas con el concepto de “regiones especiales de desarrollo” para evadir
el rechazo al concepto de “ciudades
modelo” que fue muy impugnado por movimientos de protesta social y, el otorgamiento de medios de consumo colectivo
para ser administrados en condiciones ventajosas por COALIANZA (Alianza Pública Privada) incluiría la administración de servicios públicos, vías
de transporte, energía eléctrica, telecomunicaciones y la recaudación fiscal.
La
desigualdad por ingreso de los hogares: La Encuesta
Permanente de Hogares en el cálculo del
índice Gini , de mayo de 2013; describe
una tendencia creciente de la desigualdad mayor que el 0.544. El ingreso promedio
del 20% de los hogares con mayores
ingresos es 21 veces mayor que el ingreso promedio del 20% de los hogares de
menores ingresos. Las desigualdades de ingreso son mayores entre la población
rural y la población urbana.
Las
desigualdades en educación: La pirámide educacional presenta
la tendencia excluyente del sistema educativo de jóvenes mayores de 14 años:
Solamente el 27% de los jóvenes entre los 15 y 17 años continúan en el sistema
educativo formal y en el nivel superior la variación porcentual es entre 11 y
el 14% de la población entre los 18 y 25 años. Los indicadores citados
evidencian que el sistema educativo está estructurado para formar élites. El
empobrecimiento de la clase media y los cierres sociales impuestos por las políticas neoliberales del
régimen reducirá el acceso y continuidad en el sistema educativo formal
principalmente en educación superior y contribuirá a reducir la educación media y superior o universitaria limitándola a
un privilegio de las elites de clases
dominantes y un factor de segregación que amplía las distancias de desigualdad social entre la élite de alto
nivel educativo y las clases subalternas de niveles medio y básico.
La precariedad de los servicios de salud
La reducción y uso inadecuado de
presupuesto por las administraciones corruptas, limita el acceso y eficiencia
de los servicios de atención en salud,
con lo que se presiona a la clase media a hacer uso de contratos privados de
seguros médicos o de asistencia médica en centros privados, sin embargo, las
campañas de medicina preventiva y el control de enfermedades prevenibles han
contribuido en el aumento de la esperanza de vida al nacer a 73 años, según el
último informe de desarrollo humano de 2012.
El
Informe de desarrollo humano citado clasifica en el índice de
género 0.483, sitúa al país en la posición 100 de 148 países (PNUD; 2012).
La mejora más importante se observa en el nivel educativo, 20.7% de las mujeres
adultas han logrado al menos educación secundaria en comparación con el 18.8% de los varones. La desigualdad mayor es
evidente en el mercado laboral donde la participación de la fuerza de trabajo
femenina es 37.2% en comparación con el 72.1% de participación de fuerza de
trabajo masculina (INE,.EPHPM, 2013)
Las desigualdades en el
mercado laboral se corresponden con desigualdades económicas entre hombres y
mujeres. También son muy marcadas las desigualdades de participación política
entre hombres y mujeres. Ellas solamente ocupan el 19.5% de las posiciones en
el Congreso Nacional.
La pobreza calculada
hasta el mes de mayo de 2013 contaba .entre el 64 y 68% de la población
hondureña, diferencia de intervalo entre
población rural y población urbana; de esta población, entre un 33 y 35% es
población con pobreza crónica estos son hogares en los que las familias tienen
ingresos tan bajos que no pueden satisfacer sus necesidades básicas, la encuesta de hogares, hasta mayo de 2013, informa
que los pobres recientes son el 31.3%.
La reducción de los
ingresos por aumento del costo de productos de consumo aumentará la tasa de
pobres recientes. La brecha de pobreza, que significa los grados de profundidad
de la pobreza o cuánto pobre son los pobres, los datos referidos indican que la
brecha de pobreza en el país es del 50.4 % con el deterioro de las condiciones
de vida es probable que la distancia entre el ingreso promedio de los hogares y
el costo de la canasta básica se ha expandido muy ampliamente, en la población
rural la brecha era de 52.6% probablemente ahora mucho más profunda.
El sistema de
dominación reproduce violentamente la pobreza para someter controlando las
necesidades, con el fin de ejercer dominio e imponer la dictadura, la élite del poder oligárquico
sabe que los pobres soportan sumisamente
sus abusos y con pocos recursos los conforman en cada campaña política; para compensar el soporte de sus abusos y
arbitrariedades y actos de corrupción repartieron bonos, bolsas de cemento,
láminas de zinc, bolsitas de alimentos,
tarjetas electrónicas para descuentos y
dinero efectivo durante la campaña electoral y el día
de las elecciones, con lo que
pretenden legitimarse e institucionalizar sus medios de apropiación privada de
los recursos públicos, que distribuidos socialmente,
erradicarían la pobreza y extinguiría a los grandes burgueses saqueadores de
los bienes colectivos de la nación, que
con sus medios de dominación sus
abusos depredadores,
empobrecieron a las mayorías que
en silencio sobreviven en la violenta y brutal pobreza.
El
desempleo
La tasa de dependencia
es 2.5, por cada persona que trabaja dependen entre 2
y 3, lo que reduce el ingreso promedio real por persona en las familias esa
relación ha de ser mucho mayor entre las unidades familiares rurales
Hasta mayo de 2013, el
56.4% de la población en edad de trabajar tiene problemas de empleo, el
problema principal es el subempleo invisible y contradictoriamente el régimen
ha institucionalizado la precariedad laboral bajo el eufemismo de “empleo por
hora”. Más de 150 mil hondureños están en la categoría de “desalentados” una
categoría de los que ni siquiera buscan empleo porque están convencidos que no lo encuentran Todo indica que el régimen gobierna en
correspondencia con la irracionalidad capitalista de obligar a los trabajadores
a trabajar y producir en condiciones de sobreexplotación para generar en
términos absolutos la plusvalía y las mejores condiciones de circulación
especulativa y concentradora del capital entre los grupos oligárquicos de la
burguesía hondureña y de las
corporaciones multinacionales.
Derechos
Humanos
Durante el año los
derechos más afectados fueron los derechos civiles, los derechos sociales y los derechos de los
pueblos. Entre los derechos civiles y políticos ha sido violados el derecho a
la seguridad y dignidad de la persona humana, el régimen político hondureño
evidencia que niega la capacidad institucional y de los organismos
del Estado para garantizar seguridad a la persona humana, y ha dirigido sus órganos de seguridad a la protección de
los espacios de operación del capital extractivista, agroindustrial y
financiera, utilizando el ejército como
fuerzas de ocupación. Los más desprotegidos son las colectividades de clases
subalternas y entre estas colectividades sociales, los jóvenes y las jóvenes,
campesinos, comunidades originarias y de campesinos que tratan de defender sus
recursos naturales, su patrimonio natural y cultural amenazado de expropiación
por las corporaciones mineras e hidroeléctricas beneficiadas por concesiones
con amplias ventajas comparativas, basadas en el modelo de explotación
extractivista.
Las violaciones a los
derechos políticos han sido objetivadas en la negación de la voluntad de
participación política electoral, por medio de la imposición por nombramiento
de funcionarios afines al proyecto político oficial en los organismos del
gobierno encargados de Justicia seguridad y protección a la sociedad hondureña.
El resultado electoral manipulado por los representantes del bipartidismo en el
Tribunal Electoral favoreció la elección
de Juan Orlando Hernández, coyunturalmente representante de los intereses de la
oligarquía y de la hegemonía neoliberal de la burguesía financiera por medio de sus organismos de gobierno
multinacional y de la estrategia de dominación imperialista del Departamento de
Estado de Estados Unidos.
La campaña electoral
combinó diferentes formas de violencia política: la propaganda ideológica anti
socialista, la desfiguración de imagen por conceptos y estigmas ideológicos,
los asesinatos selectivos, las amenazas y hostigamiento de representantes en
mesas receptoras electorales, hostigamiento de observadores electorales nacionales
e internacionales. En toda esta campaña y construcción de la estrategia de
imposición política es evidente la colusión de fuerzas sociales y agentes
ideológicos: Las Fuerzas Armadas, los
medios de comunicación corporativos, las iglesias de la confraternidad
evangélica y los representantes superiores de la iglesia católica, la embajada
de Estados Unidos y los agentes de organismos multinacionales de financiamiento.
Lo anterior lo demuestran las
protestas y denuncias de gran parte de la población exigiendo el derecho a la
salud, a medicamentos en los centros hospitalarios, a una educación de
calidad, a empleo, seguridad, al acceso a la tierra, a la vivienda y
sobre todo estuvo la exigencia del derecho a la vida. Los jóvenes que por
primera vez participaron en elecciones protestan contra la negación del derecho
a la participación política e irrespeto a la voluntad popular manifiesta en la participación
electoral, manipulada por medios técnicos de fraude e imposición política. La
respuesta del régimen es la represión que provocó la invasión de cuerpos
especializados de la policía militar y
cobras al campus universitario el 26 de
noviembre enfrentados con los estudiantes
que protestaron el evidente fraude electoral presenciado en las elecciones y la
imposición del candidato oficialista.
Las tasas de violencia entre
homicidios, asesinatos, violencia física por las fuerzas represivas al
criminalizar a las protestas sociales han generado escenarios de temor
construido, para favorecer el ejercicio
de la dominación y poder por medios violentos, todo contribuye con la
producción de la industria de guerra, el comercio de medios técnicos de
protección y el sostenimiento de la
reproducción capitalista por medios violentos con regímenes autoritarios y la
militarización.
La
violencia
El escenario de
inseguridad y temor generalizado por la violencia sigue siendo construido y
protegido por la corrupción, el
narcotráfico, la impunidad justificada
con la militarización y la manipulación
de los organismos de seguridad y justicia.
En mayo de 2013 el
gobierno sustituyó al Secretario de Seguridad, nombrando al Ingeniero Arturo
Corrales Álvarez, a él le asignó atribuciones de Seguridad y Defensa con el
reto de ejecutar la depuración policial y centralizar la información de
seguridad y violencia. El Ingeniero Corrales Álvarez, continuó la evaluación de
los policías pero no concluyó y no continuó la depuración policial y sus
actividades se limitaron a centralizar la información y ocultar información
oficial para presentar aparentes reducciones en los indicadores de violencia
por frecuencia de homicidios o asesinatos. Es la razón por la que el balance
anual resulta con una tasa menor que el índice de violencia presentado en el
último informe del observatorio de la violencia de IUDPAS; la secretaría de
seguridad informó que la tasa de homicidios se redujo a 75 por cien mil
habitantes el Observatorio informó que
la tasa de homicidios resultó de 83 por cien mil habitantes, Migdonia Ayestas Directora del Instituto Universitario de Paz y
Seguridad IUDPAS, especifica en la presentación del último informe del año, es
que la violencia realmente no ha disminuido, la que presenta disminuida es la
representación social por medio de análisis de percepción que observa algún
grado de disminución.
La estrategia oficial se evidencia fracasada y
opta por presentar una falsa reducción
ocultando información para imponer la
verdad aparente del poder, contra la evidencia de la realidad
inocultable de la violencia y la inseguridad cotidiana en un Estado
institucionalmente deslegitimado por las fuerzas de la violencia y la reducción
de sus organismos represivos a medios subalternos al servicio de las fuerzas
dominantes de la dictadura de la oligarquía.
La política de
seguridad se reduce a la militarización. El uno de julio entró en vigencia el
decreto con el que el gobierno institucionaliza la fuerza especial Tigres. El
15 de setiembre el régimen presentó a la policía militar con atribuciones que
han correspondido a la Policía Nacional. Todo un contrasentido, la fuerza
militar representa violencia y es reproductora de violencia, más para reprimir
protestas sociales que para combatir las organizaciones del crimen que
evidencian mayor capacidad operativa que los organismos del gobierno que se ven
contaminados por la corrupción e infiltrados por las organizaciones criminales.
El índice de violencia aumenta
y se expande a las zonas de mayor desarrollo capitalista e influencia de las
organizaciones criminales. El observatorio de la violencia en su informe de
enero a junio indica que el año 2012
siete departamentos sumaban una tasa
mayor que 85.5, el índice del país comparativamente, el primer semestre de este
año suman ocho departamentos con índice mayor que 85.6% : Atlántida, Cortés,
Copán, Ocotepeque, Yoro, Olancho, Comayagua y Colón. Un dato que resalta el
informe es que Francisco Morazán, es el departamento con mayor tasa de
reducción de los homicidios de 87.6 a 78.8; unos 8 por cada cien mil habitantes.
Es probable que la aparente
reducción de la tasa de homicidios en Francisco Morazán se relacione con dos
variables correlacionadas observables; la primera es la concentración de las
fuerzas de seguridad en Tegucigalpa, la segunda es el desplazamiento de las
organizaciones criminales a la zona noroccidental del país y la tercera variable mas subjetiva, difícil de observar y
controlar, estaría condicionada por la
negación u ocultamiento de información por la manipulación
usando medios técnicos.
El resultado es que el
país continúa figurando entre los países
con mayor incidencia de las diversas
manifestaciones de la violencia en el mundo, los datos indican que la situación
de violencia en el país es semejante a una situación de guerra e inseguridad.
El principal factor de
aumento de la violencia es la impunidad y paradójicamente el régimen
distorsiona los procesos institucionales de selección y nombramiento de
magistrados de Tribunales de Justicia y Ministerio Público concentra su
política de seguridad en la militarización, con lo que deslegaliza y
deslegitima a los funcionarios de Justicia y genera un escenario de
desconfianza e inseguridad en las colectividades sociales.
El régimen político
impuesto en el país prioriza la militarización desmantela el Estado de derecho
e institucionaliza organismos represivos y protege la corrupción e impunidad, es
una política de des institucionalización del Estado de Derecho e
institucionalización del Estado Neoliberal, para imponer una dictadura de terror neofascista
que asegure el control y ejercicio de la dominación de las nuevas élites
oligárquicas con su proyecto de seguridad para el aumento, acumulación y
concentración de capitales.
Movimiento
social y protesta social.
El movimiento de
Resistencia Popular, se abstuvo de movilizarse contra las políticas del régimen
y se limitó a la organización del partido político LIBRE, con
optimismo e ingenuidad aparente en la expectativa de tomar el poder por medio de las
elecciones sin movilizarse presionando por el cambio estructural o
institucional del sistema de partidos políticos y de administración electoral
estructurado para sostener el bipartidismo tradicional y ultraconservador de la
dictadura de clases que constituyen la
elite política del poder oligárquico.
Los resultados
electorales oficializados por el tribunal electoral, evidencian la presión
popular por cambios sociopolíticos, los funcionarios del régimen político
manipularon y jugaron con la voluntad
popular, sin embargo el resultado indica
avances y cambios en la composición de
órganos de participación e incidencia política como el Congreso Nacional, el
sistema de Partidos Políticos y las corporaciones Municipales. La valoración de
la participación real, resulta que LIBRE
se erigió en la mayor fuerza política del país, superando las fuerzas del
sistema bipartidista pero la diferencia de votos es de entre uno y dos por ciento, relativamente menor a la esperada sobre el
Partido Nacional con sus candidatos oficialistas, que contando con todos los
medios de propaganda, de dominio y control político para imponer sus reglas y
condiciones favorables y aparentando legitimidad con la afluencia de electores y
haciendo trampas en el proceso el Tribunal electoral oficializó el triunfo de
Juan Orlando Hernández y los demás candidatos oficialistas .
La estrategia política
del FNRP de concentrar la actividad en las formas de institucionalización
política en el partido LIBRE y el proceso electoral, sin demandas de cambio y
sin presentar oposición consistente, a las políticas y medidas represivas,
arbitrarias, violaciones de los derechos
humanos las ejecuciones selectivas e impunes y la privatización del sector
público la concesión de espacios vitales, incluyendo las vías de comunicación y
transporte, y la corrupción evidente, ha contribuido a legitimar
el régimen político de la dictadura para imponer el modelo de reproducción
capitalista neoliberal; sin embargo, el
movimiento político logra ganar espacios de incidencia e intervención política
con perspectivas de cambios sociopolíticos en el sistema.
Las Organizaciones
internas del FNRP enfrentaron las políticas sectorizadas del régimen, con protestas específicas:
Las organizaciones magisteriales contra las
medidas y disposiciones arbitrarias del Secretario de Educación anulando el
Estatuto del Docente con la Ley Fundamental de educación y sus reglamentos; viabilizó la intervención y acceso del sistema
financiero privado a los recursos de INPREMA
e impuso la administración y apropiación vía endeudamiento interno, con el cambio de bonos del gobierno para usar
los recursos financieros y cubrir gasto
del gobierno central. Así el régimen, anula los derechos sociales del magisterio
de educación básica y media, precariza sus
condiciones laborales y ha sometido a las organizaciones magisteriales al asedio
hostil sostenido, separando a las bases
de afiliados de la dirigencia, reduciendo su capacidad de convocatoria y de
movilización, apoyado en el uso
influyente de los medios corporativos de información en la campaña de propaganda denigrante y des legitimadora del
liderazgo magisterial, y en la
inconsistencia e incoherencia ética de
la dirigencia magisterial evidentemente cuestionada, mas sus prácticas
tradicionales de lucha y su incapacidad creativa para dirigir y movilizar la
protesta y la rebeldía colectiva en diferentes escenarios, con la orientación
de una estrategia de movimientos
vinculados a las identidades sociales de las comunidades y de los grupos
sociales, para deslegitimar las
políticas autoritarias del régimen y sostener la legitimidad de las
organizaciones y del ejercicio de la docencia.
Las organizaciones
campesinas del Aguán continuaron defendiéndose del asedio o bloqueo militar y de los otros organismos del régimen
para proteger la ocupación de las tierras de los burgueses agroindustriales, de las corporaciones transnacionales para
asegurar sus intereses e inversiones de capital incluyendo el crédito invertido
por organismos multinacionales de
financiamiento específicamente el Banco Mundial.
Los campesinos
organizados en las zonas de desarrollo capitalista agroindustrial, solos han enfrentado la represión, la violación de
derechos humanos, sociales y culturales de las comunidades agrarias del Aguán y
del valle de Sula. La plataforma agraria regional campesina del Bajo Aguán en
comunicado denunció al coronel German Alfaro Escalante Jefe de la” Operación
Xatruch” quien en conferencia de prensa el 16 de febrero declaró amenazas de
criminalización por las denuncias contra la represión y violación de los
derechos humanos que imponen los organismos represivos del régimen en esa
subregión del país, pero es la oficialización de una política de seguridad en
todo el país : la criminalización de la protesta social, las ejecuciones
falsamente justificadas por las vinculaciones de los activistas y militantes
con grupos criminales.
La
denuncia publicada por el Movimiento Unificado campesino del Aguán informa que
el 3 de abril fueron asesinados tres miembros de una familia, en la comunidad
de Dos Bocas municipio de Santa Rosa de Aguán. Especifica la denuncia que la
masacre ocurrió en la habitación de las víctimas por hombres fuertemente
armados, mientras en el desvió de acceso a la comunidad la fuerza Xatruch, realizaba un operativo con intervención de
unos 250 agentes militares.
Hasta la
fecha de esta masacre denunciada sumaban
doce los campesinos ejecutados por fuerzas paramilitares que mantienen los
burgueses agroindustriales ocupados en condición de guardias de seguridad y que
actúan con impunidad tolerados por los organismos represivos del régimen,
probablemente correspondiendo a la misma estrategia de ocupación y expropiación
en beneficio de la privatización extracción de recursos naturales y explotación
del trabajo por el capital en la subregión.
Durante
el año los asesinatos aumentaron, las
detenciones ilegales, el hostigamiento y amenazas de desalojo de las comunidades
continuaron.
La
estrategia de dominación con represión ha sido semejante contra las comunidades
originarias de los departamentos de Santa Bárbara, Intibucá, Lempira, Yoro y
Valle las fuerzas de ocupación militar más los organismos judiciales han
criminalizado a las comunidades y sus líderes: En las comunidades Lencas que
coordina el COPINH agentes del ejército el
13 de julio, asesinaron uno de los
activistas participante en la defensa de la cuenca del rio Blanco durante el
año defendida por las comunidades contra la pretensión de la empresa DESA y el
Banco Mundial, de ocuparla y construir
en ella una presa hidroeléctrica, por estas protestas sociales han sido judicializados criminalmente con sentencia
condenatoria , los dirigentes étnicos, Bertha Cáceres, Aureliano Molina y Tomás
Gómez Membreño, hechos de represión semejante han ejecutado recurrentemente en
el valle del rio Cuyamapa, Yoro, contra
comunidades Tol y en la Isla de Zacate Grande, departamento de Valle contra
comunidades.
Las
organizaciones de defensa de los derechos humanos: COFADEH, CIPRODEH, CPTRT,
han sido fuerzas muy importantes cumpliendo su papel de defensa, protección y
promoción de los Derechos Humanos, contra los abusos del régimen. Tan
importante ha sido el esfuerzo y la lucha
realizada por estas organizaciones que el mismo régimen por medio de sus
agentes políticos y militares los valoran como amenazas para sus fines de
sostenerse autoritariamente violando impunemente los derechos humanos
fundamentales.
Un
indicador de esa amenaza es la referencia y estigmatización que hizo Juan
Orlando Hernández, gobernante impuesto,
contra el COFADEH, organización de
Derechos Humanos mas reconocida por su protagonismo y lucha consistente en la
defensa y protección de los Derechos Humanos en Honduras.Esa alusión en la campaña
electoral descubre el carácter autoritario con rasgos neofascistas del régimen
que continuará encabezado por él.
El
régimen ha tenido espacio para reprimir y criminalizar a estas organizaciones y
comunidades en espacios y escenarios acotados por sus fuerzas represivas sin la
oposición del movimiento de resistencia popular asociado al FNRPH, abstraído en
la posibilidad de ganar las elecciones y con el optimismo declarado de que la
intervención y solución de los problemas sociopolítico resultaría por efecto
del triunfo electoral y la toma del poder, fue el argumento para desmovilizarse
y posponer las luchas y la reivindicación de las demandas populares.
Finalmente un
balance y expectativas:
La
imposición de un resultado electoral con elección del candidato y los
candidatos oficialistas se afirma el
régimen de la dictadura de la oligarquía que por ser débil de legitimidad continuará gobernando autoritariamente con
sus fuerzas de ocupación y los organismos
concentrados para sostener ese poder solamente legitimado formalmente por el
sistema político bipartidista y el apoyo de los Estados Unidos, la OEA, la
Unión Europea y los Organismos de gobierno del capitalismo global.
La
nueva composición del Congreso Nacional con la incorporación de representantes
de dos nuevas fuerzas políticas, al
mismo tiempo que legitima al régimen, será un escenario de representación de
las contradicciones sociales a nivel
político, que probablemente incida para limitar el autoritarismo la
concentración de ejercicio de poder, la corrupción y en reformas del sistema que
contribuyan a democratizar el Estado con referencia al reconocimiento y tutela de los derechos
sociales, civiles y políticos.
En
esos escenarios de luchas y contradicciones al mismo tiempo que pretenda la
legitimidad por su debilidad ante el riesgo de perder el control formal de sus
políticas de apropiación por privatización, y acceso a las fuentes de enriquecimiento y concentración de privilegios de grupos
corporativos de la oligarquía que coyuntural y estructuralmente se sienten
representados por el gobierno, optará por la imposición autoritaria y represiva
para debilitar y reducir la oposición. Habiendo logrado debilitar y quebrantar
la unidad y capacidad de movilización de las organizaciones más representativas
de las protestas sociales del movimiento
de resistencia popular.
El
movimiento de resistencia popular se ve disperso con tendencia a al
reagrupamiento en contraste, el malestar
social es evidente contra la imposición del gobernante, y las políticas y
medidas impositivas que producirán el efecto de mayor empobrecimiento y
concentración de riqueza en los grupos que concentran riqueza y los medios de
poder, ese malestar generalizado de las masas podría rebasar la capacidad de la
dirigencia de las organizaciones sociales. Es la posibilidad de que surjan
diversas manifestaciones de protesta popular con grados diferentes, medios de lucha espontáneos y dirigidos que
probablemente no están previstos en la dirigencia del FNRPH.
Enero
12 / 2014
