¿El Estado de Honduras es
un Estado de Derecho?
Roberto Briceño Jiménez.
En esta exposición propongo demostrar
que el Estado Hondureño no ha llegado a ser Estado de Derecho y es menos estado
después del Golpe de Estado de 2009.
En el capitalismo global Neoliberal
no existe el Estado de Derecho ni sociedad democrática. Las sociedades en
contexto capitalistas neoliberal reproducen formas de relaciones neofascistas.
El Estado de derecho es un
Estado Ideal. Se entiende como un principio en el que la ciudadanía se rige por
leyes establecidas democráticamente, protegen derechos humanos y son de
cumplimiento general.
El
Estado de Derecho tipo ideal presenta las características siguientes:
1. Leyes
establecidas con participación democrática.
1.1 Libre
elección de representantes.
1.2 Participación
libre como elector o candidato a ser electo.
1.3 Libertad
de protesta o denuncia y capacidad de incidencia política.
2. Una
sociedad con derechos exclusivos e in enajenables.
3. El
gobierno protege y habilita los derechos de la sociedad sin comprometer los
derechos individuales de las personas.
4. Leyes
establecidas que el Estado o gobierno hace cumplir a todos por igual. Aplicando
a procesos fundados en la justicia y el derecho.
La jurisdicción
de la política es esencial en el Estado de Derecho. Si la política se rige por
normas jurídicas resulta por consecuencia la protección de los derechos
ciudadanos por la fuerza coactiva del Estado que al mismo tiempo es limitado
por los derechos ciudadanos. (Dante Jaime)
El Estado de Derecho no existe y menos en
Honduras.
La
base legitima del Estado de derecho sería el Contrato social. En condiciones de
desigualdad, exclusión y segregación social el Contrato Social no es posible.
Boaventura
de Sousa observa la crisis de contractualización moderna manifestada en el
predominio estructural de los procesos de exclusión sobre los de inclusión. (Santos, 2004) Los incluidos son
minoría y los excluidos son mayoría.
El
predominio de los procesos de exclusión argumenta Boaventura de Sousa, se
presenta en dos formas aparentemente antagónicas: El post contractualismo que
consiste en la exclusión de los grupos sociales que habían estado incluidos. El
pre-contractualismo es el proceso de cierre de acceso a grupos que tenían la
expectativa de ingresar a la condición de ciudadanía. Los excluidos pasan a la
situación semejante al Estado de naturaleza disputándose entre grupos los
espacios que el mismo estado no controla. Al impugnar los organismos del Estado
los grupos sociales hacen sus propios códigos y eso explica las formas de
control en los espacios acotados por los grupos donde el Estado no interviene.
Me refiero a la privatización o acotación de los espacios.
Esos
cambios de los elementos del Contrato social surgen del consenso liberal en el
que se interrelacionan en convergencia cuatro consensos explica de Sousa
Santos:
1. El
Consenso Neoliberal o Consenso de Washington, que se refiere a la globalización
neoliberal de la economía, la liberalización de mercados, la desregulación, la
privatización, el estado reducido al mínimo, libre mercado, reducción del
gasto, reducción del déficit control de la inflación prioridad de la producción
exportadora.
2. El
Estado débil hasta reducir el Estado al opuesto de la sociedad civil. La
sociedad civil. Estos son formas formas sociales secundarias que ocupan el espacio del Estado y pretenden mediar en la
relación de los organismos del Estado y sus representaciones.
3. El
consenso democrático liberal, la democracia se refiere a una concepción
minimalista de la democracia liberada de la opresión estatal. Es la condición
de acceso a recursos financieros internacionales.
4. La
primacía del derecho y los tribunales. Este modelo confiere amplia prioridad a
la propiedad. (Santos, 2004, págs. 23-25)
En
este contexto el Estado de derecho se reduce al Estado de las oligarquías y con
las transformaciones post contractuales y precontractuales el derecho es el
límite de quienes tienen dominio de propiedad en las redes del capital
financiero las corporaciones mediáticas y en el caso hondureño la ocupación
privada de los espacios vitales o patrimonios naturales o culturales de
comunidades y pueblos originarios o antiguos.
Estos
consensos pretendieron legitimar el modelo de reproducción y crecimiento
expansivo del capitalismo global; pero la exclusión bajo reformas estructurales
reproductoras de élites oligárquicas y segregado ras de mayorías empobrecidas.
El resultado es que el derecho tutelado por un Estado mínimo se reduce a la
democracia y el derecho de las élites oligárquicas o poliarquías.
El
Estado que asume este modelo neoconservador es necesariamente un Estado
autoritario con tendencias a la dictadura totalitaria para imponerse contra las
demandas y protestas sociales en oposición a la exclusión, la segregación
social y la sobre- explotación del trabajo.
Argumenta
De Sousa Santos que de las transformaciones pre y pos contractuales surge el
Fascismo Social que el analiza en campos de relaciones:
El
primero es la segregación social que
en el caso hondureño se observa en los cambios de patrones migratorios. La
segregación en los campos de mercados laborales.
En
este país el 63 % de la población en edad de trabajar tienen problemas
ocupacionales. El año 2017 el 38% de niños y adolescentes en el intervalo de
edad entre los 6 y 18 años se quedaron fuera del sistema educativo formal, equivalente
a 980, 302 niños y adolescentes. En educación superior el 85% de los jóvenes
entre 18 y 24 años son excluidos. Más o menos un millón y medio de los
habitantes de Honduras están excluidos de los servicios de atención en salud.
El
segundo campo del fascismo social es el
Estado Paralelo. En esta forma de fascismo social el Estado se distancia
del derecho positivo. El Estado aplica acciones excluyentes y negadoras del
derecho a quienes están segregados y crea espacios de acción democrática para
las élites de la modernidad o poliarquías que compiten por espacios de control
de recursos o medios de poder.
El Fascismo paraestatal:
Resulta de la usurpación; los actores en
posiciones privilegiadas de poder habilitados por el Estado, se apropian de los
espacios y medios de control: Las aseguradoras se apropian de las instituciones
de seguridad y previsión social.
El Fascismo territorial en el
caso Honduras los grupos corporativos se apropian de espacios patrimoniales de
las comunidades y expulsan de sus bienes comunes a sus habitantes reduciéndolos
a extraños en su propio territorio. Esa forma de fascismo territorial provoca
los conflictos las disputas territoriales, por los bienes comunes como el agua
el suelo y los bosques.
El Fascismo populista se
crean espacios de participación aparente en formas de actos de “transparencias”,
pero los que controlan los recursos de poder tienen las llaves de los espacios
clasificados a los que los subalternos no tienen acceso y cierre de espacios
también se democratizan el acceso a algunos consumos culturales como el uso de
tecnologías y las membresías para determinados estratos sociales
pero segregan otros espacios sociales.
El fascismo financiero, es una forma
internacional de relación asimétrica: Las decisiones dependen de individuos y
organismos que dirigen instituciones financieras con redes y medios de control
de políticas financieras en diversos puntos del planeta. Operan por acuerdos
multilaterales que subordinan a sus racionalidades especulativas a todos en
todo el mundo.
Las
otras formas de fascismo financiero son los ratings que clasifican
instituciones para imponer condiciones a los estados. La influencia que tienen esas instituciones
condiciona a los estados para someterse a sus valoraciones porque de ella
depende el crédito la seguridad de capitales para establecer inversiones. (Santos, 2004, págs. 29-35)
En
Honduras la misma constitución es de aplicación paralela para regímenes
políticos paralelos:
a. Un
sistema de derecho formal muy ambiguo.
El
artículo 60 dice que en Honduras no existen las clases privilegiadas, todos son
iguales ante la ley.
En
el derecho formal el fundamento es la racionalidad universal: Todos somos
libres todos somos iguales todos tenemos los mismos derechos.
Se
establecen conceptos de mediación para ocultar desigualdades sociales que
existen realmente y son observables. El concepto de ciudadanía es universal con
referencia a derechos y deberes; pero cuando la ciudadanía trasciende reflexiva
y critica y los actores asumen su posición de sujetos que cuestionan el
autoritarismo, el fraude, la corrupción y los abusos del autoritarismo y la dictadura
de la élite oligárquica, entonces el
régimen niega la calidad de ciudadanía y sitúa a los sujetos despojados de
derechos en condición clasificada con etiquetas de criminales para ser
enjuiciados contra los mismos derechos que el estado suscribe.
b. Un
régimen de facto con rasgos de dictadura simple y totalitario.
La
dictadura simple se define por que el poder es ejercitado mediante instrumentos
coercitivos normales del Estado empleados de modo anormal (Sartori,
2003).
Niega la Constitución cuando se opone a sus objetivos estratégicos. El
Gobernante y la élite política declararon inconstitucional la constitución porque prohíbe la reelección.
En
línea estratégica reeleccionista este gobernante sucesivamente ejecutó cuatro rupturas
constitucionales:
1. Destitución
de magistrados de la Constitución en la Corte de Justicia en diciembre de 2012.
2. Imposición
de la ley que establece las Zonas Especiales de Desarrollo, ZEDES.
3. Elección
anticipada de los representantes en el Tribunal Electoral excluyendo al Partido
Libertad y Refundación, el Partido Innovación Unidad, legalmente instituidos e
inscripción inconstitucional del gobernante, como candidato presidencial, incluyendo
el designado Ricardo Álvarez.
4. Imposición
de su elección por el Tribunal electoral anulando los resultados y los informes
que de Observación electoral que señalan diversas prácticas de fraude
electoral.
Resultó
claro que su reelección fue derrotada por la mayoría de electores, pero el
gobernante se está imponiendo contra toda norma y voluntad ciudadana por medio
de la fuerza armada y el control de los organismos de represión y coerción, los
medios de control social – Medios corporativos de información pretendiendo
imponer homogeneidad ideológica.
La ley
se aplica desigualmente en concomitancia con las desigualdades sociales de
clases étnicas y de género.
En el
Estado paralelo de facto hay delincuentes confesos, negativamente privilegiados
que usurpan espacios de autoridad y control de recursos de poder y dominación.
En el otro extremo de la asimetría hay reiterados hechos de hondureños clases y
estratos subalternos penalizados por delitos menores.
Las
instituciones de derecho han sido usurpadas por organismos que han construido una
estructura organizada para delinquir y que sus delitos queden impunes por
acuerdos legalizados, explícitos en el congreso.
El
régimen hace propaganda de transparencia, el mercado abre espacios de
participación en las redes de información, pero pone candados al acceso a
fuentes de información pública una de ellas es la ley de secretos de Estado y
la última es el decreto de disposiciones presupuestarias.
La
reducción del Estado y en oposición el fortalecimiento de la sociedad civil. En
el país la sociedad civil se representa en organizaciones privadas pero
autorizadas por el Estado estas organizaciones como los grupos de empresas
privadas se disputan el control del Estado como proveedores de servicios
públicos.
Los
hechos denunciados por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad
indican que la forma de relación estatal privada en la provisión de servicios a
los públicos ha derivado en medios de uso corrupto de los recursos públicos.
La
relación entre el régimen y las Organizaciones no gubernamentales legalizadas y
tuteladas por el régimen presenta rasgos neofascistas, son agencias de
legitimación del régimen autoritario y corrupto con pretensión de imponer su ideología homogénea.
Es el
papel de los medios de información masiva, las iglesias evangélicas y católicas
afines al régimen. Los medios de información y los representantes de
organizaciones no gubernamentales afines al régimen incluyendo las iglesias transmiten
mensajes con significados de violencia, al mistificar la acción gubernamental
pretendiendo ocultar la esencia violenta y autoritaria de las acciones
represivas del gobierno.
Esas
agencias legitimadoras y socializadoras de cultura alienante en las que
se valoran las cosas y se menosprecia la vida humana.
La República de Honduras es ahora menos
Estado que en los años precedentes al golpe de Estado.
El
Estado ha sido desestructurado institucionalmente, el gobierno de hecho
concentra el control de los organismos constitutivos del Estado Republicano. La
Administración de Justicia el Parlamento se ven subordinados al control del
Gobernante. El Estado como autoridad relativamente universal está
deslegitimado.
La
razón de un Estado constituido es la seguridad de su ciudadanía el régimen
político impuesto en el país no le garantiza seguridad a los habitantes. Otra
propiedad y función estatal es el ejercicio de la soberanía.
El
Régimen político hondureño atribuyéndose la disposición patrimonial del
país cede espacios vitales soberanos usurpando
el patrimonio común de las comunidades
más antiguas del país, con la imposición
de la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico ZEDES, publicada el 23 de
enero de 2013. El texto del artículo 3 de esta ley limita que las ZEDES “gozan de autonomía funcional y
administrativa” (Gaceta, 2013) . Funcionando en
condición de autonomía las ZEDES son establecidas como enclaves en el país.
Espacios cerrados que segregarán a las comunidades de sus espacios
patrimoniales.
Más de
dos millones de hondureños segregados por su condición de pobreza extrema son
extraños en el mismo país expulsados u obligados a emigrar del país.
El
Estado Paralelo gobernado por la nueva élite oligárquica disponiendo de recursos
de poder, trafica con los bienes públicos y los patrimonios comunes,
desnacionaliza el país y lo reduce a objeto de cambio en el mercado de
capitales.
Los
organismos de gobierno funcionan en relación coherente con intereses corporativos que en su Estado
paralelo, instituyen las licencias para
delinquir y escudarse de la posibilidad de que se aplique justicia por sus
actos criminales y de la corrupción inocultable y hasta confesada con cinismo
por sus autores.
En este país ninguna autoridad es digna de
legitimidad.
En la
nomenclatura de las instituciones estatales se califica de Supremos por sus
facultades conferidas a la corte, el Tribunal electoral, el tribunal de Cuentas
o con la calidad de Publicas o Nacionales. Sin Embargo, esos organismos se han
reducido a la expresión suprema de la amenaza de las garantías y seguridad de la
ciudadanía y la infancia hondureña subordinados a las elites políticas y
burguesas.
Son indicadores de la inefectividad y
desestructuración de los organismos de las instituciones:
Los
órganos de seguridad y justicia intervienen con eficiencia y efectividad cuando
se trata de casos menores o de personas o ciudadanos de clases subalternas, que no disponen de medios o recursos de poder.
Los
organismos de seguridad, Justicia actúan con negligencia, ineptitud e
inefectividad cuando la intervención afectaría intereses de personas o grupos
de la nueva oligárquica que domina los órganos principales del Estado.
El Congreso emite decretos leyes en
concomitancia con los intereses de la élite burocrática de las corporaciones
multinacionales o de la élite política gobernante como la ley orgánica de las
ZEDES, las leyes tributarias que imponen obligaciones desiguales según los
índices de altitud en el control de medios y recursos de poder.
En la
Universidad y en el régimen político autoritario, la praxis ciudadana de los
estudiantes y ciudadanía hondureña en diversidad de manifestaciones movilizados
por demandas democráticas para recuperar los espacios y reconstituir el Estado fraccionado entre las élites políticas
y de la burguesía lumpenizada, criminaliza las movilizaciones y protestas
ciudadanas y legalizan impunidad para sus acciones propias de mafias
criminales.
Las
políticas de seguridad se definen y operan con disposiciones legales en
perspectiva estratégica neo fascista. Estigmatiza, etiqueta y segrega para
eliminar y justificar las prácticas de exterminio.
En
Honduras los organismos del Estado y sus representaciones de autoridad no son
reconocidos ni legítimos. La generalidad ciudadana no confía en los organismos
de las instituciones del Estado.
En
abril y mayo, de 2008 la huelga de fiscales contra la corrupción e impunidad
escudada y ocultada en el mismo Ministerio Publico.
En
2015 la protesta y demanda de los indignados contra la corrupción y la
impunidad. La presencia de la MACCI como misión de apoyo externo indica la
impugnación por inefectividad de los organismos protección de los bienes
públicos de la sociedad y el Estado: Ministerio Publico, Corte Suprema de
Justicia y los tribunales.
El régimen político hondureño subordinado
a la estrategia de dominio y control regional de Estados Unidos.
En la representación
ciudadanía la expectativa de aplicación de Justicia se expresa en las
posibilidades de intervención de la justicia del Estado Imperialista – Estados
Unidos. La ciudadanía en la cotidianidad vive en la expectativa de quienes, de
la élite de la mafia intocable en Honduras, siguen en procesos de extradición
para su judicialización por las cortes de justicia imperial.
Las Fuerzas
Armadas de Honduras, desde su fundación en 1954 han sido constituidas como
fuerzas de ocupación o guardianes de la seguridad Nacional, en defensa no del
interés nacional de Honduras, sino de los intereses estratégicos del Estados
Unidos. La razón institucional de las Fuerzas Armadas y la policía es la
ideología de seguridad Nacional de Estados Unidos.
La
estrategia de seguridad Nacional de los Estados Unidos para América Latina, se
basa en los pilares siguientes:
1. “Protección
de la Patria implica reforma migratoria para fortalecer control de las
fronteras y restablecer la soberanía.
2. Combatir,
en el lugar de origen las organizaciones transnacionales delictivas que
corrompen las instituciones democráticas
3. Se
trata de una relación asimétrica de subordinación y criminalidad sostenidas por
las alianzas entre gobiernos y grupos privados, esta estrategia incluye la
extensión de la frontera sur desde México a Centroamérica. (Silvina
Romano, 2017)
Los
medios de Intervención estratégica en estas dos décadas del siglo XXI:
1. Despliegue
de instalaciones militares en diversos puntos de la región.
2. Uniformación
de códigos de lucha contra las sublevaciones.
3. Articulación
de programas de asesoría técnica de USAID con las intervenciones militares. Es
para legitimar la intervención y ocupación militar.
4. Intervención
a fondo con el extractivismo o economía de rapiña. (Ceceña, 2014)
Prospectiva.
La
deslegitimación del régimen político y la sublevación ciudadana continuará e incrementará
la tensión y el régimen tiende a ser más autoritario y control totalitario de
los organismos de gobierno basado en la fuerza militar.
Las
fuerzas que sostienen al régimen son las corporaciones mediáticas y las fuerzas
armadas apoyadas por el Departamento de Estado de E U.
La
continuidad de la movilización y las acciones de resistencia al régimen podrían
obligar a la clase gobernante a viabilizar procedimientos de reconstitución del Estado
Republicano fundado en una nueva Constitución.
Referencias:
Boaventura,
D. S. (2004). Reinventar la democracia reinventar el Estado. Quito:
FLACSO ed Abya Yala.
Ceceña, A. E. (2014). Los Golpes de espectro completo. ALAI, 2-5.
Dante Jaime, H. R. (s.f.). ww.juridicas.unam.mx. Obtenido de
ww.juridicas.unam.mx.
Gaceta, D. O. (6 de septiembre de 2013). Ley Organica de las Zonas de
Empleo y Desarrollo Económico y Social. Decreto N° 120-2013.
Tegucigalpa, Republica de Honduras: La Gaceta .
Santos, B. d. (2004). Reinventar la democracia reinventar el estado.
Quito: FLACSO-AbyaYala.
Sartori, G. (2003). ¿Qué es la democracia? México: Taurus.
Silvina Romano, A. G. (18 de diciembre de 2017). La estrategia de
Seguridad y el interés nacional de EU en América Latina. Obtenido de
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads.
