Honduras 2014: - El liderazgo de la dictadura oligárquica se
legitima con una oposición política incoherente en un campus de temor,
Inseguridad e incertidumbre.
*Roberto Briceño Jiménez.
El 27 de enero asumió la Presidencia del Gobierno Juan Orlando
Hernández, el segundo en la sucesión de gobernantes después del golpe de
Estado. Desde que el Tribunal electoral lo declaró ganador de las elecciones
con un 34% de los votos, asumió la organización del gobierno. Con las
comisiones de Organización apartó de sus funciones al Gobernante anterior y a
sus Secretarios de Gobierno. Hizo que el Congreso en tiempo extraordinario ,
aprobara un conjunto de decretos leyes incluyendo el decreto de las Zonas
Especiales de Desarrollo, el 12 de diciembre hizo sustituir y
elegir cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia específicamente
los que constituyen la sala de lo referente a la Constitución, que habían
fallado interpretando inconstitucional el Decreto de las ZEDES y usurpando
funciones del nuevo Congreso de Diputados que se constituiría el 25 de enero de
2014, ratificó y eligió nuevos representantes de los partidos
políticos en el Tribunal Supremo Electoral, y los directivos del Registro
Nacional de las Personas, excluyendo al Partido Libertad y Refundación, que
resultó II fuerza política de acuerdo con el resultado oficializado por el
Tribunal Supremo Electoral, también al Partido Anticorrupción. El
anterior congreso además eligió Procurador y Sub procurador, Fiscal y Fiscal
General Adjunto, todos estos organismos de gobierno son funcionalmente
operantes para ejercer autoridad y asegurar la continuidad relativamente
estable del régimen.
Los resultados electorales oficializados por el Tribunal Electoral
muestran cambio de las relaciones en el sistema de partidos aparentemente
habría sido modificada la relación predominante del bipartidismo tradicional,
al situar en la tercera posición al Partido Liberal con la emergencia del
Partido LIBRE en segunda posición . Sin embargo, la élite política hizo
acuerdos para imponer el bipartidismo tradicional, en la organización y
dirección del gobierno situando a los partidos de oposición en una minoría
parlamentaria imponiendo el predominio centralizado bajo control
del gobernante.
El Gobernante concentra el liderazgo de todos los organismos de
gobierno, y presenta la apariencia de un régimen legitimado con fuerzas de
oposición debilitadas y dispersas en dos escenarios: El Congreso, los partidos
políticos de oposición y el movimiento social limitado a movilizaciones y
protestas eventuales.
*Profesor de Sociología del Departamento de Sociología de la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH
En las facultades de gobernar están concentradas en la autoridad del
gobernante incluyendo el Congreso donde la oposición ha sido reducida a minoría
siendo minoría por acuerdos políticos entre el liderazgo de las élites del
bipartidismo Nacional – Liberal sumando la participación nominal de la
representación minoritaria de la UD y el PDC.
La organización burocrática se basa en criterios de parentesco y
partidario haciendo protagonistas a los partidos minoritarios leales al
régimen: La DC la UD y el Partido Liberal.
Progresivamente el gobernante ha cooptado para si todos los organismos
de gobierno central y subcentral, incluyendo las organizaciones sociales
no gubernamentales, de la empresa privada y las representaciones de
la Confederación de Trabajadores de Honduras, CTH.
La fragmentación y dispersión de las fuerzas sociales y partidos
de oposición al régimen ha fortalecido la posición autoritarita ría
del líder del bloque en el poder oligárquico, tanto que para asegurar su
continuidad anticipa cambios de organismos de control social y político,
limita o elimina potenciales obstáculos y pretenden institucionalizar
organismos represivos bajo su mando directo para imponer su continuidad en la
Presidencia del régimen.
El Gobierno con legitimación mediática.
La campaña mediática de propaganda para sostener la legitimidad de la
actuación gubernamental es constante con los medios de mayor cobertura.
Los mensajes de contenido demagógico tienen el sentido de aparentar eficiencia
del gobierno en las políticas y medidas que declara en sus
programas y proyectos focalizados:
El Programa enunciado es “Con chamba vivís mejor” es
la continuidad de una política focalizada de empleo, adicional a la de empleo
por hora que al mismo tiempo que tercer iza el empleo por concepto de
flexibilidad laboral, precariza condiciones laborales.
El Programa fue aprobado por Decreto Ejecutivo publicado el 28 de
febrero de 2014.Los objetivos del Programa clasifica e incluye cuatro
categorías de beneficiarios:
a, Jóvenes que no estudian ni trabajan;
b. Jefes de hogar desempleados y en situación de pobreza.
c. Personas con discapacidades
d. Los desempleados que no han podido encontrar trabajo formal.
Es probable que está específicamente focalizado e identifica las
categorías de beneficiarios habría que valorar los medios y las condiciones de operación
o ejecución de la política. El artículo 7 del Decreto especifica que los
recursos serán los del “Fondo de Solidaridad y protección social para la
reducción de la pobreza extrema” Es coherente con la categorización focalizada
de los beneficiarios, sin embargo, la inversión es de publica a privada las
empresas seleccionadas participantes en el programa reciben los recursos. De
modo que el Gobierno invierte recursos públicos en la empresa
privada para crear empleos.
El gobierno hace inversión para el sector privado en
beneficio de la reproducción y acumulación del capital, simultáneamente el
régimen se legitima y reproduce por el problema del desempleo, la demanda
de trabajo y la pobreza creciente. Un reporte de Bessy Lara
en Diario La Prensa el 12 de enero de 2014, describe los indicadores
laborales siguientes: “El Congreso legislará para que el empleo por hora sea
permanente “cita un informe del COHEP e indica que en el país el 28.6% de
los jóvenes se dedican solo a estudiar, mientras el 45% está dividido entre los
que solo trabajan y los que estudian y trabajan al mismo tiempo. El resto,
26.4%, no estudia ni trabaja, del que el 80.3% son mujeres y el 19.7% son
hombres”. Citando a la Directora Regional de Trabajo con sede en San Pedro Sula
informa que en los días del mes citado ha aumentado en 15% la frecuencia de
visitantes a la Secretaria en busca de empleo. Continua citando a Jorge Bográn,
Secretario de Trabajo quien informa que unas 11,117 empresas contratan empleo
por hora y considera que el 76% de las plazas son ocupadas por trabajadores
jóvenes”.
En reporte de la Presidencia de la República el secretario de Trabajo,
Carlos Madero, informa que durante el año ha creado “146 mil empleos en
2014 se han derivado de la cohesión de las políticas de Gobierno y el sector
empresarial en su conjunto, pues solamente con el programa “Empleo por Hora” se
ha brindado la oportunidad para 80 mil personas; 33 mil “Con Chamba Vivís
Mejor” y los restantes a través de la reactivación del sector agroalimentario,
turismo y la apertura de los call center en Tegucigalpa y San Pedro Sula”, Si
el dato fuera cierto el programa habría incorporado a los 141,724 desempleados
que informa el INE en la Encuesta de Hogares de mayo de 2013 y adicionalmente
habría incorporado unos 4, 000 nuevos empleados.
El empleo por hora suma al problema de subempleo es equivalente a
subempleo visible. El dato oficial es dudoso que efectivamente se haya
creado ese número de vacantes, es probable que sea sumatoria de datos variables
por la movilidad e inestabilidad laboral que impone el modelo; considerando que
la economía no ha crecido y por la reducida inversión pública y privada, se
mantiene en indicadores con balances negativos y relativamente constantes con
el agravante del aumento sin precedentes del endeudamiento público interno y
externo sin precedentes en la historia del país. El problema se expande con los
despidos masivos por la privatización de las empresas u organizaciones de
servicios públicos.
El “empleo por hora” reduce la presión por demanda creciente de trabajo
mantiene en situación de inseguridad laboral a los trabajadores y trabajadoras,
es una condición de sumisión y sobrexplotación del trabajo que contribuye con
la creciente acumulación de capital.
En el país el 89% de la población en edad de trabajar tiene problemas de
empleo situados en las categorías de “desocupados” subempleados visibles” y sub
empleados invisibles” entre los desocupados un 9% son “desalentados” estos son
los que no buscan trabajo porque no tienen expectativas de encontrarlo. (ine,
2013)
Los datos oficiales que publica el INE en su Encuesta de Hogares indican
que el problema laboral en el país crece en proporción inversa a las
capacidades del sistema económico y de políticas laborales para disminuirlo y
menos para resolverlo. Paradójicamente el desempleo y la pobreza son problemas
sostenidos por el sistema político para legitimar el régimen político de la
oligarquía.
Los programas y proyectos asistenciales focalizados son financiados por
el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo BID. Habría que
verificar los criterios de selección de empresas incorporadas a los programas y
proyectos y los procesos de selección de los trabajadores y trabajadoras
clasificados en las categorías que describe el programa, para optar a ocupar
las plazas creadas. Es observable la imagen del gobernante en la promoción
de cada uno de los eventos relacionados con la empresa privada y creación
de plazas laborales. En estos escenarios es observable el propósito
político más que el fin de resolver el problema.
La economía, resultados y tendencias.
La razón del modelo económico es el crecimiento de la economía toda la
política económica y la gestión del régimen se concentra en establecer las
mejores condiciones de funcionamiento del mercado y la liberación y
transferencia de los bienes públicos a grupos corporativos privados. El régimen
es eficiente en la gestión del modelo y en la estructuración del Estado
Neoliberal, sin embargo los indicadores macroeconómicos indican que esa
eficiencia no produce el crecimiento esperado y menos aun contribuye a
legitimar el sistema derramando medios de mejora de las condiciones de
vida sin embargo, es evidente el estancamiento de la economía y el
empobrecimiento de los hogares.
Los la tasa promedio de crecimiento económico entre 2010 y 2014 es
de 3.4 por ciento sin embargo, el crecimiento este año se calcula
en PIB equivalente a 2.8, la diferencia con el crecimiento de 2013 es de
solamente 0.3%.; la actividad de mayor crecimiento fue la de intermediación
financiera y las actividades extractivas de selvicultura, caza y pesca.
Paradójicamente la fuente de mayor ingreso comparativamente son las
remesas hasta el mes de setiembre había ingresado por remesas
familiares 2,468.6 millones de
dólares, por exportaciones había recibido, 1010.3 millones de dólares. La
diferencia es de un 58% mayor el ingreso de divisas por remesas que el ingreso
por exportaciones, Sin embargo, el mayor apoyo del gobierno se concentra en la
producción exportadora por medio de amplias concesiones de espacios vitales del
país para corporaciones extractivistas de recursos y aboliendo leyes que
garantizaban derechos a los trabajadores y trabajadoras, legalizando la
sobrexplotación y tercerización del trabajo en beneficio de la acumulación de
capital. El resultado es la inseguridad alimentaria por baja producción y
carencia, encarecimiento de frijoles y otros productos básicos para
alimentación.
La deuda pública interna en el mes de setiembre sumaba 60 mil millones
de Lempiras y la deuda externa es de 5 mil 71 millones de dólares. Es una deuda
sin precedentes en la historia entre 2009 y 2014 la deuda externa ha sido
incrementada en 45% y la deuda interna en 63%.
La deuda continúa siendo el principal factor de transferencia de
capitales al exterior que limita las posibilidades de invertir en la producción
y generación de condiciones de bienestar social.
El país está categorizado entre los países más violentos y corruptos del
mundo el cálculo de la organización Transformemos Honduras es de 18 mil
millones de Lempiras que el país pierde en corrupción anualmente. El gobierno
optó por la acción más simple aplicando incremento de impuestos sobre
consumo de 12 a 15%. Sin embargo la evasión y fuga de capitales se calcula en
unos 45 mil millones de Lempiras que las grandes empresas no pagan con el
agravante de que anualmente se transfieren al exterior unos 3mil 500 millones
de dólares.
Si el índice de desigualdad económica estaba a 57 por ciento este año ha
de ser mayor. Habría que verificar si ha aumentado o reducido el número
de ricos por efecto de la concentración y desconcentración de capital por medio
de las políticas concesionarias y si es observable el crecimiento absoluto y
relativo del número de nuevos pobres.
La política de privatización de servicios públicos energía,
comunicaciones, vías de transporte en forma de co-alianza publica privada
contribuye en la desconcentración y ascenso de nuevos grupos de burgueses
beneficiarios de negocios con bienes públicos construidos por el Estado.
La transferencia de la carretera del norte a COALIANZA, el
fraccionamiento y transferencia de HONDUTEL, la ENEE beneficia a grupos que sin
hacer inversión en construcción de infraestructura de servicios públicos
participan por concesiones de ganancias absolutas sin costos de producción. En
consecuencia el modelo privatizador fomenta la corrupción y reduce el Estado
subordinado a relaciones entre grupos corporativos que se lo reparten
convertido en mercado en condición de monopsonio de servicios al público.
El modelo es funcionalmente autoritario y corrupto para hacer operante
la reproducción eficiente de capital y el control de los medios de poder.
Resulta ofensivo a la conciencia colectiva que los grupos del bloque en el
poder extraen ventajas económicas de la miseria, la pobreza, el desempleo y la
violencia. Hacen negocios con la pobreza apropiándose de recursos de la
cooperación internacional que justifican para recibir crédito y donaciones o en
la producción de servicios que convierten en fuente de ganancias privadas.
Recurrentes han sido las denuncias por corrupción en la importación de
frijoles, compra de medicamentos y equipos médicos, compra e instalación de
dispositivos de seguridad, cámaras uso secreto como información clasificada,
de presupuesto por tasa de seguridad y apropiación de la mayor parte de
dinero que correspondería a las familias beneficiarias del bono
Diez Mil.
Programa Asistencialista para sostener a los pobres en su pobreza.
Es observable el deterioro de las condiciones de vida de la gente a pesar
de la intención ideológica oficial de presentar imágenes que ocultan la
realidad, utilizando técnicas estadísticas que presentan verdades
construidas artificialmente. Sin embargo, la realidad es inocultable y la
tendencia del empobrecimiento de los hogares es creciente en términos absolutos
, aparentemente constantes y sostenidos en términos relativos en
proporción inversa al crecimiento económico y concentración de la riqueza entre
grupos de la Oligarquía, quienes comparten los negocios del Estado que para
esos fines han reducido y fragmentado. Los indicadores de medición del
INE y analizados por FOSDE muestran que entre el año 2000 y 2013, la tasa de
pobreza es 65% con relativas variaciones en intervalos de años.
Los programas asistencialistas focalizados y los medios o recursos
invertidos resultan insuficientes e ineficaces para reducir la pobreza, al
mismo tiempo que la sostienen mantienen la dependencia de los grupos
familiares, aseguran apoyo electoral en las campañas políticas para
legitimar la continuidad de la dictadura de la élite
oligárquica gobernante.
El bono 10,000.
Este programa es financiado por el Banco Mundial y el Banco
Interamericano de Desarrollo, el gobierno informa que en el año se
entregaron 1,800 millones de Lempiras a 270,000 familias de ellas el 90 por
ciento tenían matriculados a sus niños en la escuela cursando educación básica.
Los dos bancos citados imponen la meta del 85% de los hogares que cumplan con
la condición de vacunación de niños y niñas menores de cinco años.
En la operación de este programa intervienen la Fundación Capital,
la Comisión nacional de Bancos y Seguros y la banca Privada. El gobierno
adquiere deuda para asistencia social transferida por medio del sistema
financiero privado. La política social es mediada por la empresa privada.
La distribución del bono 10 mil ha sido denunciada por sectaria y dudas
de corrupción, entrevistas realizada por medios televisivos entre personas que
serian o son beneficiarias del bono en el último mes del año declaran que
recibieron dos mil lempiras de los diez mil que ofrece el programa. Si la
denuncia es cierta podría estar ocurriendo que habría responsables de este
programa que se estarían apropiando de las diferencias del bono por
familia beneficiaria.
Militarización por seguridad.
La política de seguridad del régimen es más una política de militarismo
que concibe la seguridad limitada a protección militar. El año 2010
declaró en estado de emergencia la seguridad y autorizó la incorporación del
ejército a operaciones de seguridad apoyando a la Policial Nacional Preventiva
e impuso la “Tasa de seguridad”, un impuesto a los ahorrantes en el sistema
financiero.
La emergencia de seguridad decretada fue usada como argumento para
organizar con efectivos militares la Policía Militar y del Orden Público
el año 2013, un organismo paralelo a la Policía Nacional Civil. La
estrategia Militarista con objetivos políticos pretende socializar el
militarismo e interiorizar en la conciencia colectiva el imaginario de que ser
militar es el tipo ideal de hondureño y para ese fin instituye el “Programa de
Guardianes de la Patria” dirigido a instruir militarmente a los niños y niñas.
La militarización en Honduras ha estado sujeta a los objetivos
estratégicos de seguridad imperial internamente los grupos sociales
oligárquicos han reducido la lealtad institucional de las Fuerzas Armadas a
lealtad con los intereses económicos y políticos de los grupos
élites de poder oligárquico. Un hecho extraordinario de uso contra la oposición
política de las fuerzas militares fue la militarización del Congreso el 13 de
mayo ocupando el escenario de los diputados y atacando con toletes y bombas
lacrimógenas a un grupo de diputados y militantes del Partido LIBRE que
protestaban contra la directiva del Congreso denunciando la dictadura por
autoritaria que les ha negado participación en los debates e
iniciativas legislativas.
Las visitas de misiones del Departamento de Estado y del Comando Sur son
frecuentes hubo visita el 6 de febrero, 28 de mayo; el 6 de agosto una
delegación del Gobierno de Honduras Presidida por Juan Orlando se presentó al
Comando sur, el 20 de noviembre una delegación numerosa llegó a casa de
Gobierno y la última fue el 18 de diciembre .Esas misiones son agencias
portadores de órdenes con listas de quienes han de ser
capturados y extraditados, más el constante intervencionismo de la Embajada
Imperial. La Embajada de Estados Unidos interviene hasta en la selección y
Clasificación y Evaluación de Policías en todos los grados de la jerarquía.
Es observable el vínculo entre la intervención militar del
Estado Imperial justificada por el combate al narcotráfico y la militarización
u ocupación imperialista de espacios estratégicos del pais.
El Gobierno ha cumplido las órdenes de captura y extradición de
hondureños para ser juzgados por la justicia Imperial y ninguna apelación
basada en el derecho interno e internacional vale cuando se trata del
cumplimiento de las demandas de las Cortes del Estado Imperial.
La interdicción jurisdiccional del imperio sobre Honduras se formaliza
con acuerdos entre socios cooperantes para la seguridad mutua .Los
eufemismos de los acuerdos de intervención e interdicción pretenden ocultar que
sus relaciones son asimétricas entre un gobierno subalterno y
asociado al Estado Imperial.
Las operaciones de seguridad para captura y extradición de
hondureños por orden imperial evidencian a organismos de justicia y seguridad
subalternos y al servicio del Estado Imperial. La razón del
Estado es la de garantizar seguridad y protección a sus nacionales. La
incapacidad de los organismos de seguridad, defensa y justicia para garantizar
seguridad y protección a los habitantes de este país indica que el Estado Hondureño
no ha llegado a ser estado de Derecho y está entregando su
razón de ser Estado. Internamente a grupos de poder y en relación con el
exterior reducido a subordinado al Estado Imperial.
La Misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha estado
en el país, cuestionó el Programa de Guardianes de la Patria y la organización
de la Policía Militar el Gobernante respondió que la Policía Militar
acompañando a la policía Nacional es emergente y que sus operaciones policiales
son temporales no sería permanente, sin embargo, en su discurso declara
que la Policía Militar ha de tener fundamento Constitucional y etiqueta
en sentido positivista a quienes están con su proyecto
y negativos los que se oponen a su objetivo militarista
situándolos del lado del crimen organizado.
La estrategia de seguridad del régimen se reduce a militarización y
ocupación militar de espacios barrios colonias. Es la confusión entre seguridad
y protección militar. La razón de la militarización policial ha sido la incontrolable
criminalidad impuesta por grupos criminales que extorsionan para proteger si
les pagan o eliminar causando la muerte si no cumplen esa obligación,
a quienes trabajan por su cuenta, por salario, los
propietarios de pulperías, pequeñas empresas. Los grupos criminales
ocupan la función de protección que el Estado abandonó al reducirlo con el
modelo privatizador que impone el Estado Neoconservador.
La pretensión de militarizar la policía ha generado
oposición incluyendo a parte del liderazgo Liberal y de los otros partidos de
oposición. Es probable que en la medida que pretenda avanzar en su objetivo
reeleccionista irá cohesionando fuerzas de oposición a su estrategia mientras
continua alineando a su favor las fuerzas sociales y organismos políticos
dependientes, que estratégicamente está cooptando.
Igual que la propaganda mediática y la autovaloración
de la eficiencia de los órganos de seguridad y justicia en la reducción de la
violencia ha pretendido presentar la apariencia con técnicas cuantitativas de
medición estadísticas describiendo datos abstractos muy específicos y
parciales que ocultan la realidad y dimensiones del fenómeno de la violencia.
La desestructuración institucional del proceso de fundación del Estado
de Derecho hace disfuncionales los organismos de justicia y seguridad. La
ineficiencia es evidente en la impunidad con la que actúan los criminales. Esta
es una causa del incremento de la violencia y la criminalidad en el país. Los
datos oficiales aportados por el Ministerio Público, han indicado que más del
86 por ciento de los casos no son resueltos con investigación
concluyente y la mora judicial acumulada es lógicamente creciente.
La medición de la tasa de violencia con el indicador de homicidios por
cada cien mil habitantes sitúa al país en el lugar más alto por la razón
de homicidios y, América Latina la región más violenta del mundo.
Contrario a la vivencia cotidiana, por medio del uso de conceptos e
indicadores de medición e información, para justificar la propaganda de
militarización de los organismos del Estado y de los espacios público privado
el régimen oficializa datos con los que pretende mostrar tendencia
decreciente en la frecuencia de homicidios durante 2014. En esa tendencia
uniformadora de verdades artificialmente construidas acordadas podría
caer el IUDPAS con el Observatorio de la Violencia si no objetiva de modo
independiente sus fuentes de datos, variables dimensionadas y
medios de verificación.
La propaganda mediática trata de uniformar el discurso
oficial con objetivos continuistas del mismo régimen de dominación y control
social tomado por los grupos del bloque en el poder por medio del golpe
de Estado.
La información estadística oficial de la razón frecuencia de
homicidios resulta increíble en dos sentidos: Primero por la alta frecuencia
superior a cualquier país del planeta, y en segundo lugar por la
alta frecuencia de hechos de violencia cotidiana que son inocultables. No
obstante que la razón de homicidios por población es medible con relativa
precisión los datos oficiales son diferentes a los datos que han elaborado
organismos internacionales de Derechos Humanos..
El dato de mayor frecuencia que reportó el Observatorio de la Violencia
el año 2013 fue de 86 homicidios por cada 100 mil habitantes, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos informó ese año 93 homicidios por cada 100
mil habitantes. El dato que aporta la OMS es de 103 homicidios por cada 100 mil
habitantes el año 2012 es mucho mayor que los datos de violencia contenidos
en los informes oficiales del gobierno y el IUDPAS ese mismo año.
El Gobierno y IUDPAS han informado que este año sus datos indican que la
frecuencia de homicidios resultó menor que el año anterior, sin embargo,
la observación empírica de violencia en la cotidianidad de la
vivencia social contrasta y genera dudas de la fiabilidad y validez de
los datos oficializados con fines de estrategia política y teniendo en cuenta
que el gobierno emitió la ley de Secretos Oficiales por la que los organismos
de seguridad pueden clasificar y mantener en secreto información referida a
seguridad y defensa.
El informe de monitoreo mensual que publicó Casa Alianza reporta que el
promedio mensual de muertes violentas y ejecuciones arbitrarias por
administración de gobierno es 83.90 por cada 100 mil habitantes. Reporta
que en diez meses de gobierno de Juan Orlando Hernández se ha registrado
839 muertes por violencia y ejecuciones arbitrarias de niñas niños y jóvenes
menores de 23 años, equivalentes a un promedio de mas o menos tres niños o
niñas diariamente. El informe de monitoreo evidencia un promedio de frecuencia
de muertes mayor en este gobierno y relativamente aumentando en relación con
gobiernos anteriores.
De los datos de hechos de violencia en incremento,
deriva el argumento que la estrategia de seguridad del gobierno es errada
y estaría generando más violencia y violaciones a los Derechos humanos y más de
la Infancia y juventud.
La medición de la violencia por razón de homicidios es una valoración
parcial y extrema del fenómeno. Desde la intervención del ejército en
operaciones policiales en 2010 y el incremento de la fuente del gasto
corriente por seguridad, la tasa de homicidios ha aumentado y la
violencia tiende a expandirse en términos absolutos y relativos.
La violencia es un fenómeno complejo y multidimensional en sus
formas, expresiones y medios de control, la fuente de la violencia es el poder.
El modo como se generan y se reproducen las relaciones de poder y dominación
determinan las formas y las manifestaciones de la violencia. El militarismo
contribuye con el incremento de la violencia en el sentido que los ejércitos
son órganos de coacción y represión y operan en términos de una estrategia de
dominación para sostener determinadas relaciones de poder.
El informe preliminar de la Encuesta de Latin Américan Públic Proyec,
basado en indicadores de Barómetro de las Américas, presentado el 16 de
octubre expone que los problemas principales de los hondureños y hondureñas,
son los problemas de seguridad 47.90 % y los problemas económicos 40.40% en
orden de frecuencia.
Los datos indican la evidencia empírica de la
incapacidad e ineficiencia del régimen para resolver estructuralmente los
problemas fundamentales de los hondureños y hondureñas; limitado al
mantenimiento y reproducción de la inseguridad y el temor que lo justifica para
imponerse.
La inseguridad colectiva e individual y el temor que infunde en la
conciencia colectiva los hechos brutales e inhumanos cotidianos influyen en que
las personas busquen medios de autoprotección individual encerrándose en sus
habitaciones y auto-limitándose en sus libertades individuales y colectivas. El
temor individualizado por la generalización del terror criminal y la
militarización facilita el control social y la dominación por obediencia como
respuesta por temor individual y colectivo impuesto socialmente.
La violencia demanda de la producción y comercialización de medios de
protección , entonces hay industria de producción y mercado de distribución. La
consecuencia es que en la violencia y con la violencia se reproduce el
capital y muchos grupos comerciales corporativos se benefician produciendo
ganancia en el mercado de medios de protección y con las empresas de servicios
de vigilancia. En el país el número de agentes de vigilancia y protección
privada es equivalente al número de agentes policiales multiplicado
por tres.
Los Derechos Humanos.
Los cierres sociales impuestos por el sistema social con el modelo
Neoliberal: La privatización por medio de la concesión de recursos naturales y
apropiación de los espacios y los bienes públicos por los grupos privados y la
abolición del Estado de derecho impacta directamente contra el deterioro
de los derechos humanos y la precarización de los derechos sociales dejando a
la infancia, a las comunidades y a los grupos sociales subalternos, en la
indefensión.
El informe preliminar de su observación en el país presentado el 5 de
diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos CIDH, "condena el asesinato de niños, niñas y
adolescentes en Honduras y considera que este grave problema debe ser asumido
como una prioridad por el Estado"
El informe describe hechos de muertes por explosión de granada de
cinco jóvenes el 4 de mayo en el interior de un centro correccional
de San Pedro Sula; también destaca la ejecución a puñaladas de cuatro
niños entre dos y trece años, más la tortura y asesinato de dos niños.
Las autoridades han atribuido todos los hechos descritos, a
maras o pandillas.
La CIDH cuestiona que los hechos de violencia “tienen lugar en un
contexto de gran impunidad, resultado de la debilidad institucional, la
corrupción y la falta de independencia del Poder Judicial”
En su informe la CIDH explica que "La ausencia de intervenciones
eficientes y eficaces del Estado frente a los desafíos de la seguridad
ciudadana genera un sentimiento de frustración y desprotección en amplios
sectores de la población, lo que afecta seriamente la convivencia en una
sociedad democrática y la vigencia del Estado de Derecho".
La delegación de la CIDH coincide con la realidad y las
tendencias de la violencia, la violación a los derechos humanos la
ineficiencia, omisión complicidad y acción de los organismos de seguridad
y Justicia del Estado disminuido y des estructurado con y por consecuencia del
Golpe de Estado en 2009. Sin embargo, se omite que en ese contexto de
violencia, temor y terrorismo construido, el régimen ha emitido decretos leyes
que instituyen y habilitan a organismos represivos para que impunemente
ejecuten actos de violación a derechos humanos fundamentales.
Paradójicamente, esa legislación autoriza violaciones a derechos y garantías
civiles y políticas, argumentando que las fuerzas represivas actúan
garantizando los derechos humanos.
La Ley de Policía Militar y del Orden Público aprobada el 23 de agosto
de 2013 no define los conceptos que fundamentan su razón de actividad
represiva, esos conceptos son : Terrorismo y crimen organizado; al no
definirlos pueden tener significados de aplicación según criterios de quienes
dirigen las fuerzas represivas. El artículo 7 de esta Ley atribuye a la
Policía Militar entre otras las funciones siguientes:
…”1 actuar rápidamente en circunstancias que afectan el orden público
que constituyen situaciones de emergencia….para resguardar el orden público y
el imperio de la Constitución de la República….
…”3. Efectuar la captura y poner a disposición de autoridades
competentes de conformidad con la ley a las personas asociadas a organizaciones
criminales o que en cualquier forman alteren el orden público así como remitir
las pruebas de convicción para su debido enjuiciamiento”,….
Los conceptos de “asociaciones u organizaciones ilícitas o criminales”
sin definición operacional resultan ambiguos y sus significados aplicables a
criterio de los operadores de seguridad y justicia. Estos conceptos se
han instrumentalizado para justificar la represión de protestas sociales y
manifestaciones públicas. En esta acción resulta contrastante que las
autoridades universitarias actuando en consonancia con la política represiva
del régimen se amparan en estos conceptos para acusar criminalmente a sus
propios estudiantes por protestar en el campus universitario o en la vía
pública.
Estudiantes Universitarios han sido acusados de Asociaciones y
manifestaciones ilícitas y expulsados. Desconociendo que las asociaciones
son de sus correspondientes carreras en cada facultad y negando sus derechos de
protesta y manifestación pública.
Las citaciones del Ministerio Público entregadas a estudiantes con
fecha 14 de noviembre literalmente dicen: “por la supuesta comisión del
delito de tentar espacios de edificios o áreas y reuniones ilícitas en
perjuicio del Estado de Honduras”
El 31 de julio fue atacado con excesivo uso de la fuerza, capturado,
torturado y herido a golpes por 12 policías militares, el
estudiante de pedagogía Ronmel Darío Morán, quien participaba en una protesta
estudiantil reclamando y denunciando reformas académicas por negar la
participación democrática a los estudiantes en el Gobierno Universitario. Morán
fue acusado de sedición y las evidencias paradójicamente fue la de un policía
golpeado sin considerar que el golpeado y herido fue el estudiante acusado y
procesado judicialmente.
El informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Comité
Nacional de Prevención de la Tortura MNP-CONAPREV, en su informe de 2014
presenta los hechos siguientes:
1. Detención
y ejecución de los hermanos Zenia Maritza y Ramón Eduardo Díaz Rodríguez:- El
11 de abril, miembros de las Fuerzas Armadas los detuvieron en la colonia El
Pedregal de la ciudad de Comayagüela y al día siguiente fueron
encontrados ejecutados en el Empedrado delante de la aldea de Mateo.
2. Detención
y tortura de Marco Tutlio Medrano Lemus por una patrulla de ocho militares
en la tercera calle de Flores de Oriente de la ciudad de La Lima el 26 de
agosto, a quien lo torturaron poniéndole una bolsa plástica en la
cabeza y le dispararon para intimidarlo amenazándolo con ejecutarlo
públicamente.
3. Detención
ilegal de 40 personas por una patrulla de 4 policías y 12 militares, en
Wanpusirpe y el 27 de setiembre porque se negaron a regalarles bebidas y cuando
los tenían recluidos en la celda policial hirieron con proyectiles disparados,
a tres de los detenidos.
4. Cuatro
personas fueron heridas por disparos de proyectiles ejecutados por policías
militares que participaban en operativo de la Dirección General de
Transporte, el 1 de octubre cuando se conducían en un bus,
5. Tortura
de dos trabajadores de la mina de el municipio de El Corpus departamento de
Choluteca, aplicada por militares del regimiento de caballería blindada con
sede en la ciudad de Choluteca, el 2 de octubre.
6. El
1 de diciembre militares asignados a la protección de la planta hidroeléctrica
de Yojoa departamento de Cortés dispararon contra civiles que se conducían en
vehículos.
Finalmente el MNP-CONAPRE expresa preocupación por recurrentes casos de
capturas y ejecuciones de personas por agentes policiales y militares sin que
los hechos sean investigados y en consecuencia la impunidad de las violaciones
frecuentes de los derechos humanos fundamentales.
Inseguridad de la niñez y adolescencia.
La mayoría de niños menores de 17 años y jóvenes sobreviven
desprotegidos y en la indefensión. El país y su régimen expulsa a los niños y
jóvenes: - La observación anual de Casa Alianza analiza y describe indicadores
que presentan a la niñez desprotegida por el gobierno y la más afectada por la
violencia, el terror, el cierre de opciones de mejora de condiciones de
vida, el empobrecimiento expansivo y la incertidumbre impuesta en
el país presiona para que niños, niñas y jóvenes sean expulsados de espacios
sociales y del país.
Los datos que aporta Casa Alianza entre enero y octubre de este año
Estados Unidos deportó 9,469 niños, niñas y adolecentes. En la frontera
sur de Estados Unidos este año fueron detenidos 18,503 niños y niñas. El total
de hondureños y hondureñas deportados entre enero y octubre fueron 33,018 (Casa
Alianza; 2014)
El informe mensual de Casa Alianza describe la precariedad social, las
amenazas la desprotección de la niñez en el país. El gobierno ha dejado
desprotegida a la infancia y la adolescencia, esa función ha sido transferida a
las ONG dedicadas a la atención a la niñez y la adolescencia incluyendo los
centros de resocialización.
El derecho a la Educación: - El gobierno celebró que haya mantenido en
aulas 200 días del año lectivo e impuso que todos los niños y jóvenes
aprobarían el grado o curso. con calificaciones mayores que 70%, ha eliminado
el aporte económico de “matricula gratis” para niños y jóvenes de educación
básica y media. La consecuencia es empeoramiento de las condiciones físicas por
deterioro e inseguridad de los centros educativos y aumento de los costos por
ingreso y permanencia de los educandos. El informe basado en datos del Plan
Maestro de infraestructura de la Secretaria de Educación indica que el
90% de los centros educativos no tienen capacidad para resistir el
impacto de fenómenos naturales y un 78% están expuestos a las amenazas
sociales. Señala el informe que el 48 % necesitan mejora de sus servicios de
saneamiento y energía. Contrasta el informe que la posibilidad de que el
deterioro continuará porque el gobierno ha reducido el presupuesto en 708.5
millones de Lempiras en tanto que para la Secretaria de defensa lo incrementó
en 300 millones de Lempiras.
El derecho a la educación es uno de los derechos más conculcados a la
niñez y juventud hondureña. Son factores de negación: Las condiciones
socioeconómicas y la reducción relativa de la inversión social, el incremento
de los costos y el empobrecimiento de los hogares y sus grupos familiares. Las
tasas de acceso permanencia y continuidad son relativamente bajas: En educación
pre-básica, 47.5%; Educación Básica, (primero a 6°) 88.1%; Ciclo
común 39.2% ; Educación Media, 27.8%.
La secretaria de educación cerró aulas y el gobierno central construye
más cárceles y aumenta el gasto en militarismo. Los datos históricos del INE
indican un estancamiento y tendencia a disminuir la cobertura en educación
básica y media desde el año 2009. La ampliación de la Educación básica al
noveno grado ampliaría la cobertura sin embargo el deterioro en las condiciones
de vida en los hogares, la inseguridad humana y la incertidumbre, vulneran
las posibilidades de acceso y permanencia en el nivel educativo. El
sistema configura una estructura piramidal que reproduce las desigualdades
sociales.
El derecho a la salud.
La atención en salud y salubridad ha estado afectada por la reducción de
capacidades para atender en salubridad y prevención. La reducción de
recursos y el deterioro en la infraestructura de servicios de salud reduce las
capacidades de cobertura de la salud pública a la población que demanda
atención en salud.
La lectura de encuesta de condiciones de salud evidencia las carencias y
deficiencias de atención en salud y sus indicadores se corresponden con los
indicadores de pobreza se puede observar que son problemas recurrentes:
Las tasas de mortalidad infantil siguen siendo altas, más o menos 3 y 4
por ciento, la tasa de desnutrición infantil con el empobrecimiento ha de estar
aumentando a tasas equivalentes a las de mortalidad infantil; la cobertura
de acceso a servicios de salud se reduce a entre el 80 y 85 por ciento sin
valorar que la atención sigue siendo parcial por las carencias , deficiencias y
deterioro de la infraestructura de servicios. Enfermedades prevenibles
continúan siendo causa de mortalidad durante el año han sido cíclicas las
epidemias de dengue y chikungunya.
El informe mensual de Casa Alianza citando la fuente de Hospital
Universitario, reporta 165 intentos de suicidios de niños y niñas desagregados
en 91 niñas y 74 niños en ocho departamentos.
La cotidianidad del malestar por deficiente atención en salud se ha
denunciado con alta frecuencia y la transferencia de la demanda del
servicio público al servicio privado. Quienes no pueden adquirir medicamentos o
atención privada en laboratorios se limitan a quedarse con la información de
las indicaciones médicas recibidas. El gobierno no ha considerado prioritario
el derecho a la salud su prioridad en términos de atención es la defensa y
seguridad entendida como protección militar.
La reducción de capacidades para atender las demandas de atención al
derecho de las personas a la salud es coherente con políticas implícitas
de privatización transformando en demanda de servicios al mercado de
medicamentos y equipos que ofertan los oligopolios de importadores y
distribuidores. Este mercado monopsónico establecido en el sector de
salud está cruzado por la variable corrupción, también frecuentemente
denunciada en medios masivos e individualizados virtuales.
Los casos de contratos incumplidos y pagados a costos sobrevalorados y
el emblemático y sin precedentes conocidos de apropiación de los recursos
del IHSS por un grupo de personas que en consecuencia lo dejaron sin recursos y
medios de operación para cumplir con la razón de seguridad social
para sus derecho-habientes.
La apropiación de los recursos del IHSS y la reducción de su capacidad
instalada para operar probablemente sea razón para justificar la transferencia
y concesión de servicios e infraestructura a empresas comercializadoras de
servicios y beneficios de seguros.
Valoración y prospectiva.
El liderazgo de la dictadura oligárquica se ha fortalecido y
se ha legitimado con el bloque de poder por medio de la propaganda mediática de
sus programas asistencialistas focalizados hace que paradójicamente este
régimen también sea reconocido y aceptado por las colectividades de grupos
sociales de clases subalternas, empobrecidos por el sistema con su modelo
concentrador de riqueza y poder.
El liderazgo oligárquico hace avances en la imposición de un pensamiento
único por medio de la propaganda mediática y el actual liderazgo de la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ese pensamiento único tiene la
perspectiva de la doctrina de Seguridad Nacional y de significado fundamentalista
más que neoconservador. Dicotómico con razón positivista de orden y conflicto:
etiquetador de amigos y enemigos; buenos y malos; delincuentes y
honrados: leales e i-leales; positivos negativos, optimistas pesimistas.
Ha logrado atomizar la oposición política y siendo mayoría la hace ver
como minoría por su dispersión e incoherencia política reducida y limitada por
la estrategia política de dominación y gestión del poder basado en la fuerza
ilegitima y autoritaria por medio de la militarización y la coerción;
criminalizando la protesta legalizada con leyes violadoras de
derechos y garantías fundamentales.
En perspectiva del modelo de reproducción y acumulación neoliberal el
régimen hace avances en la institucionalización y estructuración coherente del
modelo en proceso de un estado neoliberal en sustitución del proceso de
constitución del Estado Nacional democrático de derecho.
Las políticas que impone en educación en salud en el mercado laboral y
en la producción tienen una sola racionalidad la eficiencia reproductiva del
sistema y para sostenerlo se impone autoritariamente, por esta razón es
normativo y coercitivo. El autoritarismo es la única viabilidad del modelo y la
privatización implica operaciones de corrupción porque distorsiona el
funcionamiento de las estructuras formales e institucionales para beneficiar
intereses privados.
Ha sometido a las organizaciones magisteriales y a los sindicatos de las
empresas de servicios públicos del Estado, aboliendo derechos
laborales y precarizando el trabajo decretando suspensiones,
despidos masivos de trabajadores y trabajadoras; ha
establecido un campus de terror para imponer la obediencia y asegurar la
ejecución de las políticas privatizadoras y extractivistas por medio del
concesionamiento de espacios y recursos vitales del país a grupos corporativos
de interés privado.
El modelo económico hipotéticamente tiene entre sus referencias
la teoría de la elección racional pero aquí es visible lo irracional y
vulgarizado de la ocupación apropiación y depredación de los espacios y
recursos del que fuera un Estado que había establecido espacios de servicios
públicos. La relación costo beneficio no se verifica porque sin costo e
inversión el gobierno entrega espacios e infraestructura de servicios
estratégicos construidos por el Estado para el interés social; los
nuevos propietarios sin costos invertidos reciben las fuentes de
ganancias absolutas sin retorno para la satisfacción de necesidades
sociales.
La oposición que lideraría LIBRE se redujo a los límites de la
estrategia política del régimen para conservar y reproducir las mismas
relaciones de poder manteniendo el sistema político autoritario que asegure los
intereses de la oligarquía. El Liderazgo se apartó de su estrategia de lucha
que sería la razón de ser del Frente Nacional de Resistencia
Popular y el Partido ; esa razón fue ganar espacios y medios de poder;
estructurando bases anti hegemónicas que impugnen las políticas
privatizadoras, autoritarias, el fraude y la corrupción y que presionen
por la reconstitución del Estado de Derecho con poder legitimado
por la participación social con expectativas del bien común.
El gobierno al mismo tiempo que sitúa a la oposición en su
estrategia de sostener el poder dictatorial por medio del terrorismo
mediático y represivo contra los partidos de oposición los condiciona
legitimadores del régimen político y por medio de la coerción
y el asistencialismo, apoyado en la influencia de los medios de
comunicación pretende separar el liderazgo de sus bases sociales
descalificándolo e infundiendo temor e incertidumbre y desconfianza,
El gobierno usa muchos recursos legitimadores que hacen que la oposición
se sienta encuadrada en su agenda legitimadora y conservadora del régimen
político de la dictadura oligárquica. También para sostener la
estrategia hegemónica del Estado Imperial; esos recursos son los
siguientes:
La inseguridad y su política de militarización. Se pretende justificar
con aparentes resultados de reducción de la frecuencia de homicidios por
analogía de reducción de la violencia. En estos indicadores de medición cuenta
con la validez de datos verificados y acordados con el IUDPAS- UNAH habría que
verificar si se relacionan validez y confiabilidad? Lo evidente es la
abstracción de la realidad reducida a datos al margen de la objetivación en el
contexto.
Los recursos estadísticos para comunicar datos abstractos como
verdades oficiales: Medición de la reducción de homicidios como reducción de la
violencia y eficiencia de los organismos operadores de protección de las
personas en los espacios publico-privados y los de impartir
justicia.
La reglamentación educativa impuesta como reforma o estructuración del
modelo en educación. Las políticas represivas de criminalización de las
protestas asociándolas con actividades sediciosas o de terrorismo sometieron a
la obediencia al magisterio y celebra la asistencia y trabajo en aulas 200 días
laborables del año escolar. El cambio de escalas de medición del aprendizaje
de 60 a 70 %, en las escuelas e institutos de educación media, e
imposición de criterios de aprobación a los docentes para aparentar con
valoraciones y calificaciones de validez muy dudosa, alto rendimiento
escolar. El uso del dato abstracto de cantidad con analogía de equivalencia
cualitativa reduciendo significados de las dimensiones de variables del cambio
educativo.
El gobernante pretende fundamentar su legitimidad y
optimismo conservador en la difusión información falsa que en la
cotidianidad y el imaginario colectivo resulta contrastante, hasta
ofensivo y degradante del sentido común inclusive, donde el malestar
aparentemente silenciado por la propaganda mediática se expresa en la
violencia, la rebeldía y el temor e incertidumbre de las personas en sus
espacios privados y colectivos.
Es probable que en la medida que pretenda avanzar en sus objetivo
continuista para consolidar la dictadura del bloque de poder que Hernández
lidera, coyunturalmente se alíen fuerzas sociales y partidos de oposición;
pero él se ve apoyado por fuerzas de la oligarquía que con sus medios de
propaganda mediática aparte de los órganos burocráticos del gobierno se mueven
y actúan en consonancia con la política el régimen politico.
La fractura y el despojo de los medios, los espacios vitales que
fundamentarían la existencia del Estado, va reduciendo su capacidad
de autoridad y soberanía con facultades de autoridad, de mediación sobre
la diversidad de grupos sociales y políticos con sus propios intereses. Es la
razón por la que grupos corporativos financieros y de otras actividades de
reproducción del capital, controlando recursos de poder subordinan la autoridad
estatal con sus organismos sirviendo en razón de sus fines
privados.
Los indicadores de crecimiento económico evidencian disminución de
crecimiento en la producción y mayor crecimiento en actividades de
intermediación financiera. El gobierna privilegia e incentiva la
producción exportadora, sin embargo el crecimiento por exportaciones
resultó mucho menor que los aportes de las remesas. Los que se fueron
expulsados del país por los cierres sociales impuestos por el sistema
reproductor de desigualdades aportan mucho más que los privilegiados burgueses
asociados en grupos corporativos bajo el auspicio del gobierno.
La economía sigue dependiendo de factores externos y el modelo de
apertura al exterior la subsume por medio del consumo reduciendo su capacidad
instalada para la producción y convertida en fuente de transferencia neta de
capitales al exterior.
El aumento creciente de la deuda pública interna y externa
subordina al Estado a socializar las obligaciones extrayendo y transfiriendo
recursos para beneficiar el capital financiero interno y exterior,
que en otras condiciones habría invertido para desarrollo de capacidades
humanas de la población, mayoritariamente joven e infantil, invirtiendo
en mejora y ampliación de oportunidades educativas, servicios de atención
en salud la producción de alimentos y la generación de ciencia y tecnología.
El gobierno, con la asistencia de seguridad nacional del gobierno de
Estados Unidos, ha pretendido hacer de este país una cárcel para impedir la
emigración, sin cambiar las condiciones de seguridad humana interior;
con ampliación de áreas de inversión que generen oportunidades a los
habitantes, para su realización plena en el país.
Contradictoriamente el sistema con su régimen político valora a la niñez
y la juventud como un problema más que como un potencial de desarrollo y en su
razón instrumental el desarrollo se reduce a la ocupación apropiación de
espacios recursos vitales para ampliar las opciones de crecimiento,
acumulación, concentración de capitales y medios para imponer poder.
El gobierno aplica medidas impositivas sacrificando la clase media, a
los productores locales, propietarios, comerciantes de mercado interno y
a los trabajadores para compensar los efectos de déficit económicos
resultado de la transferencia de fuentes de recursos públicos al sector privado
, la evasión y exportación de capitales producidos en el país por empresas
protegidas y por la corrupción de la administración pública.
Es probable que la reducción de los precios de combustibles contribuya
con el incremento de la recaudación fiscal, si con razón capitalista
mercantil, continua manteniendo los precios especulativos; sin embargo, la
concesión de partes de las empresas de servicios estratégicos de energía y
telecomunicaciones; la diferencia en términos positivos favorecerá
a los intereses de las empresas concesionarias por transferencia de los
bienes estatales más que por el ahorro de los usuarios de los servicios
públicos.
La prioridad de políticas de militarización acompañadas por la
estrategia de seguridad nacional del Estado Imperial, mas el peso de
cumplimiento de las obligaciones impuestas por la deuda pública interna y
externa continuará pesando sobre la economía e impedirá las posibilidades de
incremento de la inversión productiva para reducir la presión de los problemas
de empleo, pobreza y desigualdad.
El régimen de la Oligarquía no tiene alternativas de solución a los
problemas sociales. ni son objeto de su estrategia política. Su
estrategia de poder se reduce al reparto de negocios entre los grupos
corporativos del bloque en el poder y entregar espacios y recursos vitales como
única expectativa de desarrollo económico. Con ese propósito avanza en la
desestructuración del Estado democrático de derecho y en la
institucionalización de un régimen más autoritario y por tanto antidemocrático
con rasgos neofascistas, desnacionalizado, reducido y sujeto al Estado
Imperial.
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