El significado y fines
de las elecciones de 2017.
Roberto Briceño Jiménez
Las
elecciones que se están realizando en la República de Honduras tienen
diferentes significados y fines, porque quienes las dirigen y quienes son
dirigidos en este proceso, son diferentes y diversos con distintos objetivos e
intereses racionales de clases y de fracciones de clases, en consecuencia,
diferentes significados motivacionales para razonar su participación o no en la
contienda.
La
fracción de clases del bloque en el poder que coyunturalmente dominan lo que ha
quedado de Estado de Honduras después del golpe de 2009, las elecciones
realizadas en tres actos, tienen el objetivo de afirmar su legitimidad y auto
protegerse de las amenazas a su impunidad por los actos criminales cometidos en
contra de los derechos humanos, la ciudadanía y las comunidades originaria los
bienes comunes expropiados a la nación hondureña.
La
fracción de clase dominante desplazada del dominio estatal, en alianza con
sectores de clase media, fuerzas sociales
de la resistencia popular: campesinos, proletarios, estudiantes, diversidad de
género y movimiento étnico e intelectuales orgánicos, tienen
la expectativa de liberarse de la élite que con prácticas de mafias criminales
se ha posicionado de los espacios estatales o públicos, para des
institucionalizarlo y acotarlos para sus propios fines de acumulación corrupta:
aboliendo y sustituyendo las instituciones de Estado democrático de
derecho, en Estado
con un régimen político autoritario, dictatorial y usurpador y conculcador de los derechos humanos.
Un
alto porcentaje de la población potencialmente en capacidad de ejercer el
derecho de sufragio racionaliza y reflexiona en sentido de desconfianza en los
liderazgos de las élites políticas y por esa razón se abstienen de participar
en la contienda electoral, porque
objetivamente la democracia electoral, se limita a una forma procedual que no
resuelve los problemas fundamentales mas sentidos por la mayoría excluida y
hasta segregada del acceso a los bienes que eran nacionales y que ahora
pertenecen a grupos del bloque en el
poder que por estar en posición
privilegiada de control de recursos de poder los expropia.
Los
datos electorales oficiales, que nunca son definitivos y menos confiables, en
las elecciones anteriores, indican que minorías ciudadanas han elegido
gobernantes y sin embargo, se auto-definen legítimos y democráticos, con polares
desigualdades sociales, inmensas mayorías segregadas y extrañas en lo que
habría de ser su propio estado Nación.
Si
las elecciones se realizan en las condiciones de absoluto dominio del actual
régimen político, el triunfo para la mafia gobernante estaría legitimado en dos
objetivos y significados:
El
primero es la afirmación de sus políticas autoritarias y corruptas tuteladas
por la impunidad que continuaría asegurada por el control de los recursos de
poder.
El
segundo es que implícitamente se legitimaría el cambio constitucional en lo
referente a la forma de gobierno y haría necesaria la legalización por reforma
constitucional.
Los
recientes antecedentes de políticas del bloque en el poder, en razón de los
intereses de la fracción de la burguesía vinculada a los intereses del capital
corporativo transnacional, de hecho, han modificado el derecho constitucional
referente a las posesiones territoriales y lo han hecho impunemente sin todavía
ser juzgados por delitos de traición a la Patria, porque sucesivamente han
estado bajo el escudo de formalidades democráticas que son realmente acuerdos
legítimos de impunidad.
En
esta coyuntura, la alianza de fuerzas de oposición al régimen está frente al desafío
de convertirse en un bloque histórico, si logra desplazar la mafia criminal que
bajo la forma de democracia electoral o procedimental fraudulenta escuda su
régimen autoritario y corrupto con impunidad; esa posibilidad depende de su
capacidad de fuerza social para asumir el liderazgo de la resistencia en
movimiento de desobediencia civil.
22 de oct. de 17.
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