Honduras
2014:- El
liderazgo de la dictadura oligárquica se legitima con una oposición política incoherente
en un campus de temor, Inseguridad e incertidumbre.
*Roberto
Briceño Jiménez.
El 27 de enero asumió
la Presidencia del Gobierno Juan Orlando Hernández, el segundo en la sucesión de
gobernantes después del golpe de Estado. Desde que el Tribunal electoral lo
declaró ganador de las elecciones con un 34% de los votos, asumió la
organización del gobierno. Con las comisiones de Organización apartó de sus
funciones al Gobernante anterior y a sus Secretarios de Gobierno. Hizo que el
Congreso en tiempo extraordinario , aprobara un conjunto de decretos leyes
incluyendo el decreto de las Zonas Especiales de Desarrollo, el 12 de diciembre
hizo sustituir y elegir cuatro magistrados de la Corte Suprema de
Justicia específicamente los que constituyen la sala de lo referente a la
Constitución, que habían fallado interpretando inconstitucional el Decreto de
las ZEDES y usurpando funciones del nuevo Congreso de Diputados que se
constituiría el 25 de enero de 2014, ratificó y
eligió nuevos representantes de
los partidos políticos en el Tribunal Supremo Electoral, y los directivos del
Registro Nacional de las Personas, excluyendo al Partido Libertad y Refundación,
que resultó II fuerza política de acuerdo con el resultado oficializado por el
Tribunal Supremo Electoral, también al
Partido Anticorrupción. El anterior congreso además eligió Procurador y Sub
procurador, Fiscal y Fiscal General Adjunto, todos estos organismos de gobierno
son funcionalmente operantes para ejercer autoridad y asegurar la continuidad relativamente
estable del régimen.
Los resultados
electorales oficializados por el Tribunal Electoral muestran cambio de las relaciones
en el sistema de partidos aparentemente habría sido modificada la relación
predominante del bipartidismo tradicional, al situar en la tercera posición al
Partido Liberal con la emergencia del Partido LIBRE en segunda posición . Sin
embargo, la élite política hizo acuerdos para imponer el bipartidismo
tradicional, en la organización y
dirección del gobierno situando a los partidos de oposición en una minoría parlamentaria
imponiendo el predominio centralizado
bajo control del gobernante.
El Gobernante concentra el liderazgo de todos los
organismos de gobierno, y presenta la apariencia de un régimen legitimado con
fuerzas de oposición debilitadas y dispersas en dos escenarios: El Congreso,
los partidos políticos de oposición y el
movimiento social limitado a movilizaciones y protestas eventuales.
*Profesor de Sociología
del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH
En las facultades de
gobernar están concentradas en la autoridad del gobernante incluyendo el
Congreso donde la oposición ha sido reducida a minoría siendo minoría por
acuerdos políticos entre el liderazgo de las élites del bipartidismo Nacional –
Liberal sumando la participación nominal de la representación minoritaria de la
UD y el PDC.
La organización
burocrática se basa en criterios de parentesco y partidario haciendo
protagonistas a los partidos minoritarios leales al régimen: La DC la UD y el
Partido Liberal.
Progresivamente el
gobernante ha cooptado para si todos los organismos de gobierno central y
subcentral, incluyendo las
organizaciones sociales no gubernamentales, de la empresa privada y las representaciones
de la Confederación de Trabajadores de Honduras, CTH.
La fragmentación y
dispersión de las fuerzas sociales y
partidos de oposición al régimen ha fortalecido la posición autoritarita ría del líder del bloque
en el poder oligárquico, tanto que para
asegurar su continuidad anticipa cambios de organismos de control social y
político, limita o elimina potenciales
obstáculos y pretenden institucionalizar organismos represivos bajo su mando
directo para imponer su continuidad en la Presidencia del régimen.
El
Gobierno con legitimación mediática.
La campaña mediática de
propaganda para sostener la legitimidad de la actuación gubernamental es constante con los
medios de mayor cobertura. Los mensajes de contenido demagógico tienen el
sentido de aparentar eficiencia del gobierno
en las políticas y medidas que
declara en sus programas y proyectos focalizados:
El Programa enunciado es “Con chamba vivís mejor” es
la continuidad de una política focalizada de empleo, adicional a la de empleo
por hora que al mismo tiempo que tercer
iza el empleo por concepto de flexibilidad laboral, precariza condiciones laborales.
El
Programa fue aprobado por Decreto Ejecutivo publicado el 28 de febrero de 2014.Los
objetivos del Programa clasifica e incluye cuatro categorías de beneficiarios:
a,
Jóvenes que no estudian ni trabajan;
b.
Jefes de hogar desempleados y en situación de pobreza.
c. Personas con discapacidades
d.
Los desempleados que no han podido encontrar trabajo formal.
Es probable que está específicamente focalizado e
identifica las categorías de beneficiarios habría que valorar los medios y las
condiciones de operación o ejecución de la política. El artículo 7 del Decreto
especifica que los recursos serán los del “Fondo de Solidaridad y protección
social para la reducción de la pobreza extrema” Es coherente con la
categorización focalizada de los beneficiarios, sin embargo, la inversión es de
publica a privada las empresas seleccionadas participantes en el programa reciben
los recursos. De modo que el Gobierno invierte recursos públicos en la
empresa privada para crear empleos.
El gobierno hace
inversión para el sector privado en
beneficio de la reproducción y acumulación del capital, simultáneamente el régimen
se legitima y reproduce por el problema
del desempleo, la demanda de trabajo y
la pobreza creciente. Un reporte de
Bessy Lara en Diario La Prensa el 12 de
enero de 2014, describe los indicadores laborales siguientes: “El Congreso
legislará para que el empleo por hora sea permanente “cita un informe del COHEP
e indica que en el país el 28.6% de los jóvenes se
dedican solo a estudiar, mientras el 45% está dividido entre los que solo
trabajan y los que estudian y trabajan al mismo tiempo. El resto, 26.4%, no estudia
ni trabaja, del que el 80.3% son mujeres y el 19.7% son hombres”. Citando a la
Directora Regional de Trabajo con sede en San Pedro Sula informa que en los
días del mes citado ha aumentado en 15% la frecuencia de visitantes a la
Secretaria en busca de empleo. Continua citando a Jorge Bográn, Secretario de
Trabajo quien informa que unas 11,117 empresas contratan empleo por hora y
considera que el 76% de las plazas son ocupadas por trabajadores jóvenes”.
En reporte de la Presidencia de la República el secretario de Trabajo,
Carlos Madero, informa que durante el año ha creado “146 mil empleos en 2014 se han derivado de la
cohesión de las políticas de Gobierno y el sector empresarial en su conjunto,
pues solamente con el programa “Empleo por Hora” se ha brindado la oportunidad
para 80 mil personas; 33 mil “Con Chamba Vivís Mejor” y los restantes a través
de la reactivación del sector agroalimentario, turismo y la apertura de los
call center en Tegucigalpa y San Pedro Sula”, Si el dato fuera cierto el programa
habría incorporado a los 141,724 desempleados que informa el INE en la Encuesta
de Hogares de mayo de 2013 y adicionalmente habría incorporado unos 4, 000
nuevos empleados.
El empleo por hora suma al problema de subempleo es equivalente a
subempleo visible. El dato oficial es dudoso que efectivamente se haya creado ese número de vacantes, es
probable que sea sumatoria de datos variables por la movilidad e inestabilidad
laboral que impone el modelo; considerando que la economía no ha crecido y por
la reducida inversión pública y privada, se mantiene en indicadores con
balances negativos y relativamente constantes con el agravante del aumento sin
precedentes del endeudamiento público interno y externo sin precedentes en la
historia del país. El problema se expande con los despidos masivos por la
privatización de las empresas u organizaciones de servicios públicos.
El “empleo por hora” reduce la presión por demanda
creciente de trabajo mantiene en situación de inseguridad laboral a los
trabajadores y trabajadoras, es una condición de sumisión y sobrexplotación del
trabajo que contribuye con la creciente acumulación de capital.
En el país el 89% de la población en edad de
trabajar tiene problemas de empleo situados en las categorías de “desocupados”
subempleados visibles” y sub empleados invisibles” entre los desocupados un 9%
son “desalentados” estos son los que no buscan trabajo porque no tienen
expectativas de encontrarlo. (ine, 2013)
Los datos oficiales que publica el INE en su
Encuesta de Hogares indican que el problema laboral en el país crece en
proporción inversa a las capacidades del sistema económico y de políticas laborales
para disminuirlo y menos para resolverlo. Paradójicamente el desempleo y la
pobreza son problemas sostenidos por el sistema político para legitimar el
régimen político de la oligarquía.
Los programas y proyectos asistenciales focalizados
son financiados por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo
BID. Habría que verificar los criterios de selección de empresas incorporadas a
los programas y proyectos y los procesos de selección de los trabajadores y
trabajadoras clasificados en las categorías que describe el programa, para
optar a ocupar las plazas creadas. Es observable la imagen del gobernante en la
promoción de cada uno de los eventos
relacionados con la empresa privada y creación de plazas laborales. En estos
escenarios es observable el propósito político más que el fin de resolver el
problema.
La economía, resultados y
tendencias.
La razón del modelo económico es el crecimiento de
la economía toda la política económica y la gestión del régimen se concentra en
establecer las mejores condiciones de funcionamiento del mercado y la
liberación y transferencia de los bienes públicos a grupos corporativos
privados. El régimen es eficiente en la gestión del modelo y en la
estructuración del Estado Neoliberal, sin embargo los indicadores
macroeconómicos indican que esa eficiencia no produce el crecimiento esperado y
menos aun contribuye a legitimar el sistema
derramando medios de mejora de las condiciones de vida sin embargo, es
evidente el estancamiento de la economía y el empobrecimiento de los hogares.
Los la tasa promedio de crecimiento económico entre 2010 y 2014 es de 3.4 por ciento sin embargo, el crecimiento este año se calcula en PIB
equivalente a 2.8, la diferencia con el crecimiento de 2013 es de solamente 0.3%.;
la actividad de mayor crecimiento fue la de intermediación financiera y las
actividades extractivas de selvicultura, caza y pesca.
Paradójicamente la fuente de mayor ingreso
comparativamente son las remesas hasta el mes de setiembre había ingresado por remesas familiares 2,468.6 millones
de dólares, por exportaciones había
recibido, 1010.3 millones de dólares. La diferencia es de un 58% mayor el
ingreso de divisas por remesas que el ingreso por exportaciones, Sin embargo,
el mayor apoyo del gobierno se concentra en la producción exportadora por medio
de amplias concesiones de espacios vitales del país para corporaciones
extractivistas de recursos y aboliendo leyes que garantizaban derechos a los
trabajadores y trabajadoras, legalizando la sobrexplotación y tercerización del
trabajo en beneficio de la acumulación de capital. El resultado es la
inseguridad alimentaria por baja producción y
carencia, encarecimiento de frijoles
y otros productos básicos para alimentación.
La deuda pública interna en el mes de setiembre
sumaba 60 mil millones de Lempiras y la deuda externa es de 5 mil 71 millones
de dólares. Es una deuda sin precedentes en la historia entre 2009 y 2014 la
deuda externa ha sido incrementada en 45% y la deuda interna en 63%.
La deuda continúa siendo el principal factor de
transferencia de capitales al exterior que limita las posibilidades de invertir
en la producción y generación de condiciones de bienestar social.
El país está categorizado entre los países más violentos
y corruptos del mundo el cálculo de la organización Transformemos Honduras es
de 18 mil millones de Lempiras que el país pierde en corrupción anualmente. El
gobierno optó por la acción más simple
aplicando incremento de impuestos sobre consumo de 12 a 15%. Sin embargo la
evasión y fuga de capitales se calcula en unos 45 mil millones de Lempiras que
las grandes empresas no pagan con el agravante de que anualmente se transfieren
al exterior unos 3mil 500 millones de dólares.
Si el índice de desigualdad económica estaba a 57
por ciento este año ha de ser mayor. Habría que verificar si ha aumentado o
reducido el número de ricos por efecto
de la concentración y desconcentración de capital por medio de las políticas
concesionarias y si es observable el crecimiento absoluto y relativo del número
de nuevos pobres.
La política de privatización de servicios públicos
energía, comunicaciones, vías de transporte en forma de co-alianza publica
privada contribuye en la desconcentración y ascenso de nuevos grupos de
burgueses beneficiarios de negocios con bienes públicos construidos por el
Estado.
La transferencia de la carretera del norte a
COALIANZA, el fraccionamiento y
transferencia de HONDUTEL, la ENEE beneficia a grupos que sin hacer inversión
en construcción de infraestructura de servicios públicos participan por
concesiones de ganancias absolutas sin costos de producción. En consecuencia el
modelo privatizador fomenta la corrupción y reduce el Estado subordinado a
relaciones entre grupos corporativos que se lo reparten convertido en mercado
en condición de monopsonio de servicios al público.
El modelo es funcionalmente autoritario y corrupto para
hacer operante la reproducción eficiente de capital y el control de los medios de poder. Resulta ofensivo a la
conciencia colectiva que los grupos del bloque
en el poder extraen ventajas económicas de la miseria, la pobreza, el
desempleo y la violencia. Hacen negocios con la pobreza apropiándose de
recursos de la cooperación internacional que justifican para recibir crédito y
donaciones o en la producción de servicios que convierten en fuente de
ganancias privadas. Recurrentes han sido las denuncias por corrupción en la
importación de frijoles, compra de medicamentos y equipos médicos, compra e
instalación de dispositivos de seguridad, cámaras uso secreto como información clasificada,
de presupuesto por tasa de seguridad y
apropiación de la mayor parte de dinero que correspondería a las familias
beneficiarias del bono Diez Mil.
Programa Asistencialista para
sostener a los pobres en su pobreza.
Es observable el deterioro de las condiciones de
vida de la gente a pesar de la intención
ideológica oficial de presentar imágenes que ocultan la realidad, utilizando técnicas estadísticas que presentan
verdades construidas artificialmente. Sin embargo, la realidad es inocultable y
la tendencia del empobrecimiento de los hogares es creciente en términos
absolutos , aparentemente constantes y
sostenidos en términos relativos en proporción inversa al crecimiento económico
y concentración de la riqueza entre grupos de la Oligarquía, quienes comparten
los negocios del Estado que para esos fines han
reducido y fragmentado. Los indicadores de medición del INE y analizados
por FOSDE muestran que entre el año 2000 y 2013, la tasa de pobreza es 65% con relativas variaciones en intervalos de
años.
Los programas asistencialistas focalizados y los
medios o recursos invertidos resultan
insuficientes e ineficaces para reducir la pobreza, al mismo tiempo que la
sostienen mantienen la dependencia de
los grupos familiares, aseguran apoyo
electoral en las campañas políticas para legitimar la continuidad de la
dictadura de la élite oligárquica gobernante.
El bono 10,000.
Este programa es financiado por el Banco Mundial y
el Banco Interamericano de Desarrollo, el
gobierno informa que en el año se entregaron 1,800 millones de Lempiras a
270,000 familias de ellas el 90 por ciento tenían matriculados a sus niños en
la escuela cursando educación básica. Los dos bancos citados imponen la meta
del 85% de los hogares que cumplan con la condición de vacunación de niños y
niñas menores de cinco años.
En la operación de
este programa intervienen la Fundación Capital, la Comisión nacional de
Bancos y Seguros y la banca Privada. El gobierno adquiere deuda para asistencia
social transferida por medio del sistema financiero privado. La política social
es mediada por la empresa privada.
La distribución del bono 10 mil ha sido denunciada
por sectaria y dudas de corrupción, entrevistas realizada por medios
televisivos entre personas que serian o son beneficiarias del bono en el último
mes del año declaran que recibieron dos mil lempiras de los diez mil que ofrece
el programa. Si la denuncia es cierta podría estar ocurriendo que habría responsables
de este programa que se estarían apropiando de las diferencias del bono por
familia beneficiaria.
Militarización
por seguridad.
La política de
seguridad del régimen es más una política de militarismo que concibe la seguridad limitada a protección militar. El año 2010 declaró en
estado de emergencia la seguridad y autorizó la incorporación del ejército a
operaciones de seguridad apoyando a la Policial Nacional Preventiva e impuso la
“Tasa de seguridad”, un impuesto a los ahorrantes en el sistema financiero.
La emergencia de seguridad decretada fue usada
como argumento para organizar con
efectivos militares la Policía Militar y del Orden Público el año 2013, un
organismo paralelo a la Policía Nacional
Civil. La estrategia Militarista con objetivos políticos pretende socializar el
militarismo e interiorizar en la conciencia colectiva el imaginario de que ser
militar es el tipo ideal de hondureño y para ese fin instituye el “Programa de
Guardianes de la Patria” dirigido a instruir militarmente a los niños y niñas.
La militarización en
Honduras ha estado sujeta a los objetivos estratégicos de seguridad imperial
internamente los grupos sociales oligárquicos han reducido la lealtad
institucional de las Fuerzas Armadas a lealtad
con los intereses económicos y políticos de los grupos élites de poder oligárquico. Un hecho
extraordinario de uso contra la oposición política de las fuerzas militares fue
la militarización del Congreso el 13 de mayo ocupando el escenario de los
diputados y atacando con toletes y bombas lacrimógenas a un grupo de diputados
y militantes del Partido LIBRE que protestaban contra la directiva del Congreso
denunciando la dictadura por autoritaria que les ha negado participación en los debates e iniciativas
legislativas.
Las visitas de misiones
del Departamento de Estado y del Comando Sur son frecuentes hubo visita el 6 de
febrero, 28 de mayo; el 6 de agosto una
delegación del Gobierno de Honduras Presidida por Juan Orlando se presentó al
Comando sur, el 20 de noviembre una delegación numerosa llegó a casa de
Gobierno y la última fue el 18 de diciembre .Esas misiones son agencias portadores de órdenes con listas de
quienes han de ser capturados y extraditados, más el constante intervencionismo
de la Embajada Imperial. La Embajada de Estados Unidos interviene hasta en la selección
y Clasificación y Evaluación de Policías en todos los grados de la jerarquía. Es observable el vínculo entre la intervención
militar del Estado Imperial justificada por el combate al narcotráfico y la
militarización u ocupación imperialista de espacios estratégicos del pais.
El Gobierno ha
cumplido las órdenes de captura y
extradición de hondureños para ser juzgados por la justicia Imperial y ninguna
apelación basada en el derecho interno e internacional vale cuando se trata del
cumplimiento de las demandas de las Cortes del Estado Imperial.
La interdicción
jurisdiccional del imperio sobre Honduras se formaliza con acuerdos entre socios cooperantes para la seguridad mutua .Los eufemismos de los
acuerdos de intervención e interdicción pretenden ocultar que sus relaciones
son asimétricas entre un gobierno
subalterno y asociado al Estado Imperial.
Las operaciones de seguridad para captura y
extradición de hondureños por orden imperial evidencian a organismos de
justicia y seguridad subalternos y al
servicio del Estado Imperial. La razón
del Estado es la de garantizar seguridad y protección a sus nacionales. La incapacidad de los organismos de
seguridad, defensa y justicia para garantizar seguridad y protección a los
habitantes de este país indica que el Estado Hondureño no ha llegado a ser
estado de Derecho y está entregando su
razón de ser Estado. Internamente a grupos de poder y en relación con el
exterior reducido a subordinado al Estado Imperial.
La Misión de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha estado en el país, cuestionó
el Programa de Guardianes de la Patria y la organización de la Policía Militar
el Gobernante respondió que la Policía Militar acompañando a la policía
Nacional es emergente y que sus operaciones policiales son temporales no
sería permanente, sin embargo, en su
discurso declara que la Policía Militar ha de tener fundamento Constitucional y
etiqueta en sentido positivista a quienes están con su proyecto y negativos los que se oponen a su objetivo militarista situándolos del lado
del crimen organizado.
La estrategia de
seguridad del régimen se reduce a militarización y ocupación militar de
espacios barrios colonias. Es la confusión entre seguridad y protección
militar. La razón de la militarización policial ha sido la incontrolable
criminalidad impuesta por grupos criminales que extorsionan para proteger si
les pagan o eliminar causando la muerte si no cumplen esa obligación, a quienes trabajan por su cuenta, por salario, los
propietarios de pulperías, pequeñas empresas.
Los grupos criminales ocupan la función de protección que el Estado abandonó al
reducirlo con el modelo privatizador que impone el Estado Neoconservador.
La pretensión de militarizar la policía ha generado oposición incluyendo a parte del
liderazgo Liberal y de los otros partidos de oposición. Es probable que en la
medida que pretenda avanzar en su objetivo reeleccionista irá cohesionando
fuerzas de oposición a su estrategia mientras continua alineando a su favor las
fuerzas sociales y organismos políticos dependientes, que estratégicamente está cooptando.
Igual que la propaganda
mediática y la autovaloración de la eficiencia de los órganos de seguridad
y justicia en la reducción de la violencia ha pretendido presentar la
apariencia con técnicas cuantitativas de medición estadísticas describiendo datos
abstractos muy específicos y parciales
que ocultan la realidad y dimensiones del fenómeno de la violencia.
La desestructuración
institucional del proceso de fundación del Estado de Derecho hace
disfuncionales los organismos de justicia y seguridad. La ineficiencia es
evidente en la impunidad con la que actúan los criminales. Esta es una causa
del incremento de la violencia y la criminalidad en el país. Los datos
oficiales aportados por el Ministerio Público, han indicado que más del 86 por ciento de los casos no son resueltos con investigación concluyente y la mora judicial
acumulada es lógicamente creciente.
La medición de la tasa
de violencia con el indicador de homicidios por cada cien mil habitantes sitúa
al país en el lugar más alto por la
razón de homicidios y, América
Latina la región más violenta del mundo. Contrario a la vivencia cotidiana, por medio del uso de conceptos e indicadores de medición e
información, para justificar la propaganda de militarización de los organismos
del Estado y de los espacios público privado el régimen oficializa datos con los que pretende mostrar tendencia
decreciente en la frecuencia de homicidios durante 2014. En esa tendencia
uniformadora de verdades artificialmente construidas acordadas podría caer el IUDPAS con el Observatorio de
la Violencia si no objetiva de modo independiente sus fuentes de datos, variables
dimensionadas y medios de verificación.
La propaganda
mediática trata de uniformar el discurso oficial con objetivos
continuistas del mismo régimen de dominación y control social tomado por los grupos del bloque en el poder por
medio del golpe de Estado.
La información
estadística oficial de la razón frecuencia
de homicidios resulta increíble
en dos sentidos: Primero por la alta frecuencia superior a cualquier país del
planeta, y en segundo lugar por la alta frecuencia de
hechos de violencia cotidiana que son inocultables. No obstante que la razón de
homicidios por población es medible con relativa precisión los datos oficiales son
diferentes a los datos que han elaborado organismos internacionales de Derechos
Humanos..
El dato de mayor
frecuencia que reportó el Observatorio de la Violencia el año 2013 fue de 86
homicidios por cada 100 mil habitantes, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos informó ese año 93 homicidios por cada 100 mil habitantes. El dato que
aporta la OMS es de 103 homicidios por cada 100 mil habitantes el año 2012 es
mucho mayor que los datos de violencia
contenidos en los informes oficiales del gobierno y el IUDPAS ese mismo año.
El Gobierno y IUDPAS
han informado que este año sus datos indican que la frecuencia de homicidios
resultó menor que el año anterior, sin embargo, la observación empírica de violencia en la cotidianidad de la vivencia
social contrasta y genera dudas de la
fiabilidad y validez de los datos oficializados con fines de estrategia
política y teniendo en cuenta que el gobierno emitió la ley de Secretos
Oficiales por la que los organismos de seguridad pueden clasificar y mantener
en secreto información referida a seguridad y defensa.
El informe de monitoreo
mensual que publicó Casa Alianza reporta que el promedio mensual de muertes
violentas y ejecuciones arbitrarias por
administración de gobierno es 83.90 por cada 100 mil habitantes. Reporta que en diez meses de gobierno de Juan Orlando
Hernández se ha registrado 839 muertes por violencia y ejecuciones arbitrarias
de niñas niños y jóvenes menores de 23 años, equivalentes a un promedio de mas
o menos tres niños o niñas diariamente. El informe de monitoreo evidencia un
promedio de frecuencia de muertes mayor en este gobierno y relativamente
aumentando en relación con gobiernos anteriores.
De los datos de hechos de violencia en incremento,
deriva el argumento que la
estrategia de seguridad del gobierno es errada y estaría generando más
violencia y violaciones a los Derechos humanos y más de la Infancia y juventud.
La medición de la
violencia por razón de homicidios es una valoración parcial y extrema del
fenómeno. Desde la intervención del ejército en operaciones policiales en 2010
y el incremento de la fuente del gasto
corriente por seguridad, la tasa de homicidios ha aumentado
y la violencia tiende a expandirse en términos absolutos y relativos.
La violencia es un fenómeno complejo y multidimensional en
sus formas, expresiones y medios de control, la fuente de la violencia es el
poder. El modo como se generan y se reproducen las relaciones de poder y
dominación determinan las formas y las manifestaciones de la violencia. El
militarismo contribuye con el incremento de la violencia en el sentido que los
ejércitos son órganos de coacción y represión y operan en términos de una
estrategia de dominación para sostener determinadas relaciones de poder.
El informe preliminar
de la Encuesta de Latin Américan Públic Proyec, basado en indicadores de Barómetro de las Américas, presentado el 16
de octubre expone que los problemas principales de los hondureños y hondureñas,
son los problemas de seguridad 47.90 % y los problemas económicos 40.40% en
orden de frecuencia.
Los datos indican la evidencia empírica de la incapacidad e ineficiencia del régimen para
resolver estructuralmente los problemas fundamentales de los hondureños y
hondureñas; limitado al mantenimiento y reproducción de la inseguridad y el
temor que lo justifica para imponerse.
La inseguridad
colectiva e individual y el temor que infunde en la conciencia colectiva los
hechos brutales e inhumanos cotidianos influyen en que las personas busquen
medios de autoprotección individual encerrándose en sus habitaciones y
auto-limitándose en sus libertades individuales y colectivas. El temor
individualizado por la generalización del terror criminal y la militarización
facilita el control social y la dominación por obediencia como respuesta por
temor individual y colectivo impuesto socialmente.
La violencia demanda de
la producción y comercialización de medios de protección , entonces hay
industria de producción y mercado de distribución. La consecuencia es que en la violencia y con la
violencia se reproduce el capital y muchos grupos comerciales corporativos se
benefician produciendo ganancia en el mercado de medios de protección y con las
empresas de servicios de vigilancia. En el país el número de agentes de
vigilancia y protección privada es equivalente al número de agentes policiales
multiplicado por tres.
Los
Derechos Humanos.
Los cierres sociales
impuestos por el sistema social con el modelo Neoliberal: La privatización por
medio de la concesión de recursos naturales y apropiación de los espacios y los
bienes públicos por los grupos privados y la abolición del Estado de derecho impacta directamente contra el
deterioro de los derechos humanos y la precarización de los derechos sociales
dejando a la infancia, a las comunidades y a los grupos sociales subalternos,
en la indefensión.
El informe preliminar de
su observación en el país presentado el 5 de diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
CIDH, "condena el asesinato
de niños, niñas y adolescentes en Honduras y considera que este grave problema
debe ser asumido como una prioridad por el Estado"
El informe describe
hechos de muertes por explosión de granada de cinco jóvenes el 4 de mayo en el interior de un
centro correccional de San Pedro Sula; también destaca la ejecución a puñaladas
de cuatro niños entre dos y trece años,
más la tortura y asesinato de dos niños. Las autoridades han atribuido todos los hechos descritos, a maras o pandillas.
La CIDH cuestiona que
los hechos de violencia “tienen lugar en un contexto de gran impunidad,
resultado de la debilidad institucional, la corrupción y la falta de
independencia del Poder Judicial”
En su informe la CIDH explica que
"La ausencia de intervenciones eficientes y eficaces del Estado frente a
los desafíos de la seguridad ciudadana genera un sentimiento de frustración y
desprotección en amplios sectores de la población, lo que afecta seriamente la
convivencia en una sociedad democrática y la vigencia del Estado de
Derecho".
La delegación de la
CIDH coincide con la realidad y las tendencias de la violencia, la violación a los derechos humanos la
ineficiencia, omisión complicidad y
acción de los organismos de seguridad y Justicia del Estado disminuido y des
estructurado con y por consecuencia del Golpe de Estado en 2009. Sin embargo,
se omite que en ese contexto de violencia, temor y terrorismo construido, el
régimen ha emitido decretos leyes que instituyen y habilitan a organismos
represivos para que impunemente ejecuten actos de violación a derechos humanos fundamentales.
Paradójicamente, esa legislación autoriza violaciones a derechos y garantías civiles
y políticas, argumentando que las
fuerzas represivas actúan garantizando los derechos humanos.
La Ley de Policía
Militar y del Orden Público aprobada el 23 de agosto de 2013 no define los
conceptos que fundamentan su razón de
actividad represiva, esos conceptos son : Terrorismo y crimen organizado; al no definirlos pueden tener significados de
aplicación según criterios de quienes dirigen
las fuerzas represivas. El artículo 7 de esta Ley atribuye a la Policía
Militar entre otras las funciones siguientes:
…”1 actuar rápidamente
en circunstancias que afectan el orden público que constituyen situaciones de
emergencia….para resguardar el orden público y el imperio de la Constitución de
la República….
…”3. Efectuar la
captura y poner a disposición de autoridades competentes de conformidad con la
ley a las personas asociadas a organizaciones criminales o que en cualquier
forman alteren el orden público así como remitir las pruebas de convicción para
su debido enjuiciamiento”,….
Los conceptos de
“asociaciones u organizaciones ilícitas o criminales” sin definición
operacional resultan ambiguos y sus significados aplicables a criterio de los
operadores de seguridad y justicia. Estos conceptos se han instrumentalizado para justificar la
represión de protestas sociales y manifestaciones públicas. En esta acción
resulta contrastante que las autoridades universitarias actuando en consonancia
con la política represiva del régimen se
amparan en estos conceptos para acusar criminalmente a sus propios estudiantes
por protestar en el campus universitario o en la vía pública.
Estudiantes
Universitarios han sido acusados de Asociaciones y manifestaciones ilícitas y
expulsados. Desconociendo que las asociaciones
son de sus correspondientes carreras en cada facultad y negando sus derechos de
protesta y manifestación pública.
Las citaciones del Ministerio Público entregadas
a estudiantes con fecha 14 de noviembre literalmente dicen: “por la supuesta comisión del delito de tentar
espacios de edificios o áreas y reuniones ilícitas en
perjuicio
del Estado de Honduras”
El 31 de julio fue
atacado con excesivo uso de la fuerza, capturado, torturado y herido a golpes por 12 policías militares, el estudiante de pedagogía Ronmel Darío Morán,
quien participaba en una protesta estudiantil reclamando y denunciando reformas
académicas por negar la participación democrática a los estudiantes en el
Gobierno Universitario. Morán fue acusado de sedición y las evidencias
paradójicamente fue la de un policía golpeado sin considerar que el golpeado y
herido fue el estudiante acusado y procesado judicialmente.
El informe del Mecanismo
Nacional de Prevención de la Tortura, Comité Nacional de Prevención de la
Tortura MNP-CONAPREV, en su informe de
2014 presenta los hechos siguientes:
1.
Detención y ejecución de los hermanos
Zenia Maritza y Ramón Eduardo Díaz Rodríguez:- El 11 de abril, miembros de las
Fuerzas Armadas los detuvieron en la colonia El Pedregal de la ciudad de
Comayagüela y al día siguiente fueron
encontrados ejecutados en el Empedrado delante de la aldea de Mateo.
2.
Detención y tortura de Marco Tutlio
Medrano Lemus por una patrulla de ocho militares en la tercera calle de Flores de Oriente de la
ciudad de La Lima el 26 de agosto, a quien lo torturaron poniéndole
una bolsa plástica en la cabeza y le dispararon para intimidarlo
amenazándolo con ejecutarlo públicamente.
3.
Detención ilegal de 40 personas por una
patrulla de 4 policías y 12 militares, en Wanpusirpe y el 27 de setiembre
porque se negaron a regalarles bebidas y cuando los tenían recluidos en la
celda policial hirieron con proyectiles disparados, a tres de los detenidos.
4.
Cuatro personas fueron heridas por
disparos de proyectiles ejecutados por policías militares que participaban en
operativo de la Dirección General de Transporte, el 1 de octubre cuando se conducían en un
bus,
5.
Tortura de dos trabajadores de la mina
de el municipio de El Corpus departamento de Choluteca, aplicada por militares del
regimiento de caballería blindada con sede en la ciudad de Choluteca, el 2 de
octubre.
6.
El 1 de diciembre militares asignados a
la protección de la planta hidroeléctrica de Yojoa departamento de Cortés
dispararon contra civiles que se conducían en vehículos.
Finalmente
el MNP-CONAPRE expresa preocupación por recurrentes casos de capturas y
ejecuciones de personas por agentes policiales y militares sin que los hechos
sean investigados y en consecuencia la impunidad de las violaciones frecuentes
de los derechos humanos fundamentales.
Inseguridad
de la niñez y adolescencia.
La mayoría de niños
menores de 17 años y jóvenes sobreviven
desprotegidos y en la indefensión. El país y su régimen expulsa a los niños y
jóvenes: - La observación anual de Casa Alianza analiza y describe indicadores
que presentan a la niñez desprotegida por el gobierno y la más afectada por la
violencia, el terror, el cierre de
opciones de mejora de condiciones de vida, el empobrecimiento expansivo y la
incertidumbre impuesta en el país presiona para que niños, niñas y
jóvenes sean expulsados de espacios sociales y del país.
Los datos que aporta
Casa Alianza entre enero y octubre de este año Estados Unidos deportó 9,469
niños, niñas y adolecentes. En la
frontera sur de Estados Unidos este año fueron detenidos 18,503 niños y niñas. El
total de hondureños y hondureñas deportados entre enero y octubre fueron 33,018
(Casa Alianza; 2014)
El informe mensual de
Casa Alianza describe la precariedad social, las amenazas la desprotección de
la niñez en el país. El gobierno ha dejado desprotegida a la infancia y la
adolescencia, esa función ha sido transferida a las ONG dedicadas a la atención
a la niñez y la adolescencia incluyendo los centros de resocialización.
El derecho a la Educación:
- El gobierno celebró que haya mantenido en aulas 200 días del año lectivo e
impuso que todos los niños y jóvenes aprobarían el grado o curso. con
calificaciones mayores que 70%, ha eliminado el aporte económico de “matricula
gratis” para niños y jóvenes de educación básica y media. La consecuencia es
empeoramiento de las condiciones físicas por deterioro e inseguridad de los
centros educativos y aumento de los costos por ingreso y permanencia de los
educandos. El informe basado en datos del Plan Maestro de infraestructura de la Secretaria de Educación indica que el 90% de los centros educativos no tienen capacidad
para resistir el impacto de fenómenos naturales y un 78% están expuestos a las
amenazas sociales. Señala el informe que el 48 % necesitan mejora de sus
servicios de saneamiento y energía. Contrasta el informe que la posibilidad de
que el deterioro continuará porque el gobierno ha reducido el presupuesto en
708.5 millones de Lempiras en tanto que para la Secretaria de defensa lo
incrementó en 300 millones de Lempiras.
El derecho a la
educación es uno de los derechos más conculcados a la niñez y juventud
hondureña. Son factores de negación: Las condiciones socioeconómicas y la
reducción relativa de la inversión social, el incremento de los costos y el
empobrecimiento de los hogares y sus grupos familiares. Las tasas de acceso
permanencia y continuidad son relativamente bajas: En educación pre-básica,
47.5%; Educación Básica, (primero a 6°)
88.1%; Ciclo común 39.2% ;
Educación Media, 27.8%.
La secretaria de
educación cerró aulas y el gobierno central construye más cárceles y aumenta el
gasto en militarismo. Los datos históricos del INE indican un estancamiento y
tendencia a disminuir la cobertura en educación básica y media desde el año
2009. La ampliación de la Educación básica al noveno grado ampliaría la
cobertura sin embargo el deterioro en las condiciones de vida en los hogares,
la inseguridad humana y la incertidumbre, vulneran las posibilidades de acceso y permanencia en
el nivel educativo. El sistema configura una estructura piramidal que reproduce
las desigualdades sociales.
El
derecho a la salud.
La atención en salud y
salubridad ha estado afectada por la reducción de capacidades para atender en
salubridad y prevención. La reducción de
recursos y el deterioro en la infraestructura de servicios de salud reduce las
capacidades de cobertura de la salud pública a la población que demanda
atención en salud.
La lectura de encuesta
de condiciones de salud evidencia las carencias y deficiencias de atención en
salud y sus indicadores se corresponden con los indicadores de pobreza se puede
observar que son problemas recurrentes:
Las tasas de mortalidad
infantil siguen siendo altas, más o menos 3 y 4 por ciento, la tasa de
desnutrición infantil con el empobrecimiento ha de estar aumentando a tasas
equivalentes a las de mortalidad infantil; la cobertura de acceso a servicios de salud se
reduce a entre el 80 y 85 por ciento sin valorar que la atención sigue siendo
parcial por las carencias , deficiencias y deterioro de la infraestructura de
servicios. Enfermedades prevenibles continúan siendo causa de mortalidad
durante el año han sido cíclicas las epidemias de dengue y chikungunya.
El informe mensual de
Casa Alianza citando la fuente de Hospital Universitario, reporta 165 intentos
de suicidios de niños y niñas desagregados en 91 niñas y 74 niños en ocho
departamentos.
La cotidianidad del
malestar por deficiente atención en salud se ha denunciado con alta frecuencia y la transferencia de la
demanda del servicio público al servicio privado. Quienes no pueden adquirir
medicamentos o atención privada en laboratorios se limitan a quedarse con la
información de las indicaciones médicas recibidas. El gobierno no ha
considerado prioritario el derecho a la salud su prioridad en términos de
atención es la defensa y seguridad entendida como protección militar.
La reducción de
capacidades para atender las demandas de atención al derecho de las personas a
la salud es coherente con políticas
implícitas de privatización transformando en demanda de servicios al mercado de
medicamentos y equipos que ofertan los oligopolios de importadores y
distribuidores. Este mercado monopsónico
establecido en el sector de salud está cruzado por la variable corrupción,
también frecuentemente denunciada en medios masivos e individualizados
virtuales.
Los casos de contratos
incumplidos y pagados a costos sobrevalorados y el emblemático y sin
precedentes conocidos de apropiación de
los recursos del IHSS por un grupo de personas que en consecuencia lo dejaron
sin recursos y medios de operación para cumplir con la razón de seguridad social
para sus derecho-habientes.
La apropiación de los
recursos del IHSS y la reducción de su capacidad instalada para operar
probablemente sea razón para justificar la transferencia y concesión de
servicios e infraestructura a empresas comercializadoras de servicios y
beneficios de seguros.
Valoración
y prospectiva.
El liderazgo de la dictadura oligárquica se ha fortalecido y se ha
legitimado con el bloque de poder por medio de la propaganda mediática de sus
programas asistencialistas focalizados hace que paradójicamente este régimen
también sea reconocido y aceptado por las colectividades de grupos sociales de
clases subalternas, empobrecidos por el
sistema con su modelo concentrador de riqueza y poder.
El liderazgo
oligárquico hace avances en la imposición de un pensamiento único por medio de
la propaganda mediática y el actual liderazgo de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras. Ese pensamiento único tiene la perspectiva de la doctrina de Seguridad
Nacional y de significado fundamentalista más que neoconservador.
Dicotómico con razón positivista de orden y conflicto: etiquetador de amigos y enemigos; buenos y malos;
delincuentes y honrados: leales e i-leales; positivos negativos, optimistas
pesimistas.
Ha logrado atomizar la
oposición política y siendo mayoría la hace ver como minoría por su dispersión
e incoherencia política reducida y limitada por la estrategia política de
dominación y gestión del poder basado en la fuerza ilegitima y autoritaria por
medio de la militarización y la coerción; criminalizando la protesta legalizada con leyes violadoras de derechos y
garantías fundamentales.
En perspectiva del
modelo de reproducción y acumulación neoliberal el régimen hace avances en la
institucionalización y estructuración coherente del modelo en proceso de un
estado neoliberal en sustitución del proceso de constitución del Estado Nacional
democrático de derecho.
Las políticas que
impone en educación en salud en el mercado laboral y en la producción tienen
una sola racionalidad la eficiencia reproductiva del sistema y para sostenerlo
se impone autoritariamente, por esta
razón es normativo y coercitivo. El autoritarismo es la única viabilidad del
modelo y la privatización implica operaciones de corrupción porque distorsiona
el funcionamiento de las estructuras formales e institucionales para beneficiar
intereses privados.
Ha sometido a las
organizaciones magisteriales y a los sindicatos de las empresas de servicios
públicos del Estado, aboliendo derechos laborales y precarizando el
trabajo decretando suspensiones, despidos
masivos de trabajadores y trabajadoras; ha
establecido un campus de terror para imponer la obediencia y asegurar la
ejecución de las políticas privatizadoras y extractivistas por medio del
concesionamiento de espacios y recursos vitales del país a grupos corporativos
de interés privado.
El modelo económico hipotéticamente tiene entre
sus referencias la teoría de la elección
racional pero aquí es visible lo irracional y vulgarizado de la ocupación
apropiación y depredación de los espacios y recursos del que fuera un Estado
que había establecido espacios de servicios públicos. La relación costo
beneficio no se verifica porque sin costo
e inversión el gobierno entrega espacios e infraestructura de servicios
estratégicos construidos por el Estado para
el interés social; los nuevos propietarios sin costos invertidos reciben las fuentes de ganancias absolutas sin
retorno para la satisfacción de necesidades sociales.
La oposición que
lideraría LIBRE se redujo a los límites
de la estrategia política del régimen para
conservar y reproducir las mismas relaciones de poder manteniendo el
sistema político autoritario que asegure los intereses de la oligarquía. El
Liderazgo se apartó de su estrategia de
lucha que sería la razón de ser del Frente Nacional de Resistencia
Popular y el Partido ; esa razón fue ganar espacios y medios de poder; estructurando bases anti hegemónicas que
impugnen las políticas privatizadoras, autoritarias, el fraude y la corrupción y que presionen por la
reconstitución del Estado de Derecho
con poder legitimado por la participación social con expectativas del bien común.
El gobierno al mismo
tiempo que sitúa a la oposición en su
estrategia de sostener el poder dictatorial por medio del terrorismo mediático y represivo
contra los partidos de oposición los condiciona legitimadores del régimen político y por medio de la coerción y el
asistencialismo, apoyado en la
influencia de los medios de comunicación pretende separar el liderazgo de sus bases sociales
descalificándolo e infundiendo temor e
incertidumbre y desconfianza,
El gobierno usa muchos
recursos legitimadores que hacen que la oposición se sienta encuadrada en su
agenda legitimadora y conservadora del régimen político de la dictadura
oligárquica. También para sostener la
estrategia hegemónica del Estado Imperial;
esos recursos son los siguientes:
La inseguridad y su
política de militarización. Se pretende justificar con aparentes resultados de
reducción de la frecuencia de homicidios por analogía de reducción de la
violencia. En estos indicadores de medición cuenta con la validez de datos
verificados y acordados con el IUDPAS- UNAH habría que verificar si se
relacionan validez y confiabilidad? Lo evidente es la abstracción de la
realidad reducida a datos al margen de la objetivación en el contexto.
Los recursos estadísticos para comunicar datos
abstractos como verdades oficiales: Medición de la reducción de homicidios como
reducción de la violencia y eficiencia de los organismos operadores de
protección de las personas en los
espacios publico-privados y los de
impartir justicia.
La reglamentación
educativa impuesta como reforma o estructuración del modelo en educación. Las
políticas represivas de criminalización de las protestas asociándolas con
actividades sediciosas o de terrorismo sometieron a la obediencia al magisterio
y celebra la asistencia y trabajo en aulas 200 días laborables del año escolar.
El cambio de escalas de medición del
aprendizaje de 60 a 70 %, en las
escuelas e institutos de educación media, e imposición de criterios de aprobación a los
docentes para aparentar con valoraciones y calificaciones de validez muy
dudosa, alto rendimiento escolar. El uso
del dato abstracto de cantidad con analogía de equivalencia cualitativa
reduciendo significados de las dimensiones de variables del cambio educativo.
El gobernante
pretende fundamentar su legitimidad y optimismo
conservador en la difusión información
falsa que en la cotidianidad y el imaginario colectivo resulta contrastante, hasta ofensivo y degradante del sentido común inclusive,
donde el malestar aparentemente
silenciado por la propaganda mediática se expresa en la violencia, la rebeldía y el temor e incertidumbre de las
personas en sus espacios privados y colectivos.
Es probable que en la
medida que pretenda avanzar en sus objetivo continuista para consolidar la
dictadura del bloque de poder que Hernández lidera, coyunturalmente se alíen fuerzas sociales y
partidos de oposición; pero él se ve apoyado por fuerzas de la oligarquía que con sus medios
de propaganda mediática aparte de los órganos burocráticos del gobierno se
mueven y actúan en consonancia con la política
el régimen politico.
La fractura y el
despojo de los medios, los espacios vitales que fundamentarían la existencia del Estado, va reduciendo su capacidad de autoridad y
soberanía con facultades de autoridad, de mediación sobre la diversidad de grupos
sociales y políticos con sus propios intereses. Es la razón por la que grupos
corporativos financieros y de otras actividades de reproducción del capital, controlando
recursos de poder subordinan la autoridad estatal con sus organismos sirviendo
en razón de sus fines privados.
Los indicadores de
crecimiento económico evidencian disminución de crecimiento en la producción y
mayor crecimiento en actividades de
intermediación financiera. El gobierna
privilegia e incentiva la producción
exportadora, sin embargo el crecimiento
por exportaciones resultó mucho menor que los aportes de las remesas. Los que
se fueron expulsados del país por los cierres sociales impuestos por el sistema
reproductor de desigualdades aportan mucho más que los privilegiados burgueses
asociados en grupos corporativos bajo el auspicio del gobierno.
La economía sigue
dependiendo de factores externos y el modelo de apertura al exterior la subsume
por medio del consumo reduciendo su capacidad instalada para la producción y
convertida en fuente de transferencia neta de capitales al exterior.
El aumento creciente de
la deuda pública interna y externa
subordina al Estado a socializar las obligaciones extrayendo y transfiriendo
recursos para beneficiar el capital financiero interno y exterior, que en otras condiciones habría invertido
para desarrollo de capacidades humanas de la población, mayoritariamente joven e infantil, invirtiendo
en mejora y ampliación de oportunidades educativas, servicios de atención en salud la producción
de alimentos y la generación de ciencia y tecnología.
El gobierno, con la
asistencia de seguridad nacional del gobierno de Estados Unidos, ha pretendido
hacer de este país una cárcel para impedir la emigración, sin cambiar las condiciones de seguridad
humana interior; con ampliación de áreas
de inversión que generen oportunidades a los habitantes, para su realización plena en el país.
Contradictoriamente el
sistema con su régimen político valora a la niñez y la juventud como un
problema más que como un potencial de desarrollo y en su razón instrumental el
desarrollo se reduce a la ocupación apropiación de espacios recursos vitales
para ampliar las opciones de crecimiento, acumulación, concentración de capitales y medios para
imponer poder.
El gobierno aplica
medidas impositivas sacrificando la clase media, a los productores locales,
propietarios, comerciantes de mercado interno
y a los trabajadores para
compensar los efectos de déficit económicos resultado de la transferencia de
fuentes de recursos públicos al sector privado , la evasión y exportación de
capitales producidos en el país por empresas protegidas y por la corrupción de
la administración pública.
Es probable que la
reducción de los precios de combustibles contribuya con el incremento de la
recaudación fiscal, si con razón capitalista
mercantil, continua manteniendo los precios especulativos; sin embargo, la
concesión de partes de las empresas de servicios estratégicos de energía y telecomunicaciones;
la diferencia en términos positivos
favorecerá a los intereses de las
empresas concesionarias por transferencia
de los bienes estatales más que por el ahorro de los usuarios de los servicios públicos.
La prioridad de
políticas de militarización acompañadas por la estrategia de seguridad nacional
del Estado Imperial, mas el peso de cumplimiento
de las obligaciones impuestas por la deuda pública interna y externa continuará
pesando sobre la economía e impedirá las posibilidades de incremento de la
inversión productiva para reducir la presión de los problemas de empleo, pobreza y desigualdad.
El régimen de la
Oligarquía no tiene alternativas de solución a los problemas sociales. ni son objeto de su estrategia política. Su
estrategia de poder se reduce al reparto de negocios entre los grupos
corporativos del bloque en el poder y entregar espacios y recursos vitales como
única expectativa de desarrollo económico. Con ese propósito avanza en la desestructuración
del Estado democrático de derecho y en la institucionalización de un régimen
más autoritario y por tanto antidemocrático con rasgos neofascistas,
desnacionalizado, reducido y sujeto al
Estado Imperial.
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