domingo, 18 de enero de 2015


Honduras 2014:- El liderazgo de la dictadura oligárquica se legitima con una oposición política incoherente en un campus de temor, Inseguridad e incertidumbre.
*Roberto Briceño Jiménez.

El 27 de enero asumió la Presidencia del Gobierno Juan Orlando Hernández, el segundo en la sucesión de gobernantes después del golpe de Estado. Desde que el Tribunal electoral lo declaró ganador de las elecciones con un 34% de los votos, asumió la organización del gobierno. Con las comisiones de Organización apartó de sus funciones al Gobernante anterior y a sus Secretarios de Gobierno. Hizo que el Congreso en tiempo extraordinario , aprobara un conjunto de decretos leyes incluyendo el decreto de las Zonas Especiales de Desarrollo, el 12 de diciembre hizo sustituir  y elegir  cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia específicamente los que constituyen la sala de lo referente a la Constitución, que habían fallado interpretando inconstitucional el Decreto de las ZEDES y usurpando funciones del nuevo Congreso de Diputados que se constituiría el 25 de enero de 2014, ratificó y  eligió nuevos  representantes de los partidos políticos en el Tribunal Supremo Electoral, y los directivos del Registro Nacional de las Personas, excluyendo al Partido Libertad y Refundación, que resultó II fuerza política de acuerdo con el resultado oficializado por el Tribunal Supremo Electoral, también  al Partido Anticorrupción. El anterior congreso además eligió Procurador y Sub procurador, Fiscal y Fiscal General Adjunto, todos estos organismos de gobierno son funcionalmente operantes para ejercer autoridad y asegurar la continuidad relativamente estable del régimen.

Los resultados electorales oficializados por el Tribunal Electoral muestran cambio de las relaciones en el sistema de partidos aparentemente habría sido modificada la relación predominante del bipartidismo tradicional, al situar en la tercera posición al Partido Liberal con la emergencia del Partido LIBRE en segunda posición . Sin embargo,  la élite política  hizo acuerdos para imponer el bipartidismo tradicional,  en la organización y dirección del gobierno situando a los partidos de oposición en una minoría parlamentaria imponiendo el predominio  centralizado bajo  control  del gobernante.
El Gobernante  concentra el liderazgo de todos los organismos de gobierno, y presenta la apariencia de un régimen legitimado con fuerzas de oposición debilitadas y dispersas en dos escenarios: El Congreso, los partidos políticos de oposición  y el movimiento social limitado a movilizaciones y protestas eventuales.
*Profesor de Sociología del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH


En las facultades de gobernar están concentradas en la autoridad del gobernante incluyendo el Congreso donde la oposición ha sido reducida a minoría siendo minoría por acuerdos políticos entre el liderazgo de las élites del bipartidismo Nacional – Liberal sumando la participación nominal de la representación minoritaria de la UD y el PDC.

La organización burocrática se basa en criterios de parentesco y partidario haciendo protagonistas a los partidos minoritarios leales al régimen: La DC la UD y el Partido Liberal.

Progresivamente el gobernante ha cooptado para si todos los organismos de gobierno central y subcentral,  incluyendo las organizaciones sociales  no gubernamentales,  de la empresa privada y las representaciones de la Confederación de Trabajadores de Honduras, CTH.

La fragmentación y dispersión de las  fuerzas sociales y partidos de oposición al régimen ha fortalecido  la  posición autoritarita ría del líder del bloque en el poder oligárquico,  tanto que para asegurar su continuidad anticipa cambios de organismos de control social y político,  limita o elimina potenciales obstáculos y pretenden institucionalizar organismos represivos bajo su mando directo para imponer su continuidad en la Presidencia del régimen.
El Gobierno con legitimación mediática.
La campaña mediática de propaganda para sostener la legitimidad de la  actuación gubernamental es constante con los medios de mayor cobertura. Los mensajes de contenido demagógico tienen el sentido de aparentar eficiencia del gobierno  en  las políticas y medidas que declara en sus programas y proyectos focalizados:
El Programa  enunciado es “Con chamba vivís mejor” es la continuidad de una política focalizada de empleo, adicional a la de empleo por  hora que al mismo tiempo que tercer iza el empleo por concepto de flexibilidad laboral,  precariza condiciones laborales.
El Programa fue aprobado por Decreto Ejecutivo publicado el 28 de febrero de 2014.Los objetivos del Programa clasifica e incluye cuatro categorías de beneficiarios:
a, Jóvenes que no estudian ni trabajan;
b. Jefes de hogar desempleados y en situación de pobreza.
 c. Personas con discapacidades
d. Los desempleados que no han podido encontrar trabajo formal.

Es probable que está específicamente focalizado e identifica las categorías de beneficiarios habría que valorar los medios y las condiciones de operación o ejecución de la política. El artículo 7 del Decreto especifica que los recursos serán los del “Fondo de Solidaridad y protección social para la reducción de la pobreza extrema” Es coherente con la categorización focalizada de los beneficiarios, sin embargo, la inversión es de publica a privada las empresas seleccionadas participantes en el programa reciben los recursos. De modo que el Gobierno invierte recursos públicos  en  la empresa privada para crear empleos.

 El gobierno hace inversión  para el sector privado en beneficio de la reproducción y acumulación del capital, simultáneamente el régimen se legitima  y reproduce por el problema del desempleo, la demanda de trabajo  y la pobreza creciente. Un  reporte de Bessy Lara en  Diario La Prensa el 12 de enero de 2014, describe los indicadores laborales siguientes: “El Congreso legislará para que el empleo por hora sea permanente “cita un informe del COHEP e indica que en el país el 28.6% de los jóvenes se dedican solo a estudiar, mientras el 45% está dividido entre los que solo trabajan y los que estudian y trabajan al mismo tiempo. El resto, 26.4%, no estudia ni trabaja, del que el 80.3% son mujeres y el 19.7% son hombres”. Citando a la Directora Regional de Trabajo con sede en San Pedro Sula informa que en los días del mes citado ha aumentado en 15% la frecuencia de visitantes a la Secretaria en busca de empleo. Continua citando a Jorge Bográn, Secretario de Trabajo quien informa que unas 11,117 empresas contratan empleo por hora y considera que el 76% de las plazas son ocupadas por trabajadores jóvenes”.


En reporte de la Presidencia de la República el secretario de Trabajo, Carlos Madero, informa que durante el año ha creado  “146 mil empleos en 2014 se han derivado de la cohesión de las políticas de Gobierno y el sector empresarial en su conjunto, pues solamente con el programa “Empleo por Hora” se ha brindado la oportunidad para 80 mil personas; 33 mil “Con Chamba Vivís Mejor” y los restantes a través de la reactivación del sector agroalimentario, turismo y la apertura de los call center en Tegucigalpa y San Pedro Sula”, Si el dato fuera cierto el programa habría incorporado a los 141,724 desempleados que informa el INE en la Encuesta de Hogares de mayo de 2013 y adicionalmente habría incorporado unos 4, 000 nuevos empleados.

El empleo por hora suma al problema de subempleo es equivalente a subempleo visible. El dato oficial es dudoso que efectivamente  se haya creado ese número de vacantes, es probable que sea sumatoria de datos variables por la movilidad e inestabilidad laboral que impone el modelo; considerando que la economía no ha crecido y por la reducida inversión pública y privada, se mantiene en indicadores con balances negativos y relativamente constantes con el agravante del aumento sin precedentes del endeudamiento público interno y externo sin precedentes en la historia del país. El problema se expande con los despidos masivos por la privatización de las empresas u organizaciones de servicios públicos.

El “empleo por hora” reduce la presión por demanda creciente de trabajo mantiene en situación de inseguridad laboral a los trabajadores y trabajadoras, es una condición de sumisión y sobrexplotación del trabajo que contribuye con la creciente acumulación de capital.

En el país el 89% de la población en edad de trabajar tiene problemas de empleo situados en las categorías de “desocupados” subempleados visibles” y sub empleados invisibles” entre los desocupados un 9% son “desalentados” estos son los que no buscan trabajo porque no tienen expectativas de encontrarlo. (ine, 2013)

Los datos oficiales que publica el INE en su Encuesta de Hogares indican que el problema laboral en el país crece en proporción inversa a las capacidades del sistema económico y de políticas laborales para disminuirlo y menos para resolverlo. Paradójicamente el desempleo y la pobreza son problemas sostenidos por el sistema político para legitimar el régimen político de la oligarquía.

Los programas y proyectos asistenciales focalizados son financiados por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo BID. Habría que verificar los criterios de selección de empresas incorporadas a los programas y proyectos y los procesos de selección de los trabajadores y trabajadoras clasificados en las categorías que describe el programa, para optar a ocupar las plazas creadas. Es observable la imagen del gobernante en la promoción  de cada uno de los eventos relacionados con la empresa privada y creación de plazas laborales. En estos escenarios es observable el propósito  político más que el fin de resolver el problema.

La economía, resultados y tendencias.

La razón del modelo económico es el crecimiento de la economía toda la política económica y la gestión del régimen se concentra en establecer las mejores condiciones de funcionamiento del mercado y la liberación y transferencia de los bienes públicos a grupos corporativos privados. El régimen es eficiente en la gestión del modelo y en la estructuración del Estado Neoliberal, sin embargo los indicadores macroeconómicos indican que esa eficiencia no produce el crecimiento esperado y menos aun contribuye a legitimar el sistema  derramando medios de mejora de las condiciones de vida sin embargo, es evidente el estancamiento de la economía y el empobrecimiento de los hogares.

Los la tasa promedio de crecimiento económico  entre 2010 y 2014 es de 3.4 por ciento  sin embargo,  el crecimiento este año se calcula en PIB equivalente a 2.8, la diferencia con el crecimiento de 2013 es de solamente 0.3%.; la actividad de mayor crecimiento fue la de intermediación financiera y las actividades extractivas de selvicultura, caza y pesca.

Paradójicamente la fuente de mayor ingreso comparativamente son las remesas hasta el mes de setiembre había ingresado  por remesas familiares 2,468.6 millones de dólares, por  exportaciones había recibido, 1010.3 millones de dólares. La diferencia es de un 58% mayor el ingreso de divisas por remesas que el ingreso por exportaciones, Sin embargo, el mayor apoyo del gobierno se concentra en la producción exportadora por medio de amplias concesiones de espacios vitales del país para corporaciones extractivistas de recursos y aboliendo leyes que garantizaban derechos a los trabajadores y trabajadoras, legalizando la sobrexplotación y tercerización del trabajo en beneficio de la acumulación de capital. El resultado es la inseguridad alimentaria por baja producción y  carencia,  encarecimiento de frijoles y otros productos básicos para alimentación.  

La deuda pública interna en el mes de setiembre sumaba 60 mil millones de Lempiras y la deuda externa es de 5 mil 71 millones de dólares. Es una deuda sin precedentes en la historia entre 2009 y 2014 la deuda externa ha sido incrementada en 45% y la deuda interna en 63%.

La deuda continúa siendo el principal factor de transferencia de capitales al exterior que limita las posibilidades de invertir en la producción y generación de condiciones de bienestar social.
El país está categorizado entre los países más violentos y corruptos del mundo el cálculo de la organización Transformemos Honduras es de 18 mil millones de Lempiras que el país pierde en corrupción anualmente. El gobierno optó por la acción  más simple aplicando incremento de impuestos sobre consumo de 12 a 15%. Sin embargo la evasión y fuga de capitales se calcula en unos 45 mil millones de Lempiras que las grandes empresas no pagan con el agravante de que anualmente se transfieren al exterior unos 3mil 500 millones de dólares.

Si el índice de desigualdad económica estaba a 57 por ciento este año ha de ser mayor. Habría que verificar si ha aumentado o reducido  el número de ricos por efecto de la concentración y desconcentración de capital por medio de las políticas concesionarias y si es observable el crecimiento absoluto y relativo del número de nuevos pobres.

La política de privatización de servicios públicos energía, comunicaciones, vías de transporte en forma de co-alianza publica privada contribuye en la desconcentración y ascenso de nuevos grupos de burgueses beneficiarios de negocios con bienes públicos construidos por el Estado.

La transferencia de la carretera del norte a COALIANZA,  el fraccionamiento y transferencia de HONDUTEL, la ENEE beneficia a grupos que sin hacer inversión en construcción de infraestructura de servicios públicos participan por concesiones de ganancias absolutas sin costos de producción. En consecuencia el modelo privatizador fomenta la corrupción y reduce el Estado subordinado a relaciones entre grupos corporativos que se lo reparten convertido en mercado en condición de monopsonio de servicios al público.  

El modelo es funcionalmente autoritario y corrupto para hacer operante la reproducción eficiente de capital y el control  de los medios de poder. Resulta ofensivo a la conciencia colectiva que los grupos del bloque  en el poder extraen ventajas económicas de la miseria, la pobreza, el desempleo y la violencia. Hacen negocios con la pobreza apropiándose de recursos de la cooperación internacional que justifican para recibir crédito y donaciones o en la producción de servicios que convierten en fuente de ganancias privadas. Recurrentes han sido las denuncias por corrupción en la importación de frijoles, compra de medicamentos y equipos médicos, compra e instalación de dispositivos de seguridad, cámaras uso secreto como información clasificada,  de presupuesto por tasa de seguridad y apropiación de la mayor parte de dinero que correspondería a las  familias  beneficiarias del bono Diez Mil.
Programa Asistencialista para sostener a los pobres en su pobreza.
Es observable el deterioro de las condiciones de vida de la gente a pesar de  la intención ideológica oficial de presentar imágenes que ocultan la realidad,  utilizando técnicas estadísticas que presentan verdades construidas artificialmente. Sin embargo, la realidad es inocultable y la tendencia del empobrecimiento de los hogares es creciente en términos absolutos ,  aparentemente constantes y sostenidos en términos relativos en proporción inversa al crecimiento económico y concentración de la riqueza entre grupos de la Oligarquía, quienes comparten los negocios del Estado que para esos fines han  reducido y fragmentado. Los indicadores de medición del INE y analizados por FOSDE muestran que entre el año 2000 y 2013, la tasa de pobreza es  65% con relativas variaciones en intervalos de años.

Los programas asistencialistas focalizados y los medios o  recursos invertidos resultan insuficientes e ineficaces para reducir la pobreza, al mismo tiempo que la sostienen  mantienen la dependencia de los grupos familiares,  aseguran apoyo electoral en las campañas políticas para legitimar la continuidad de la dictadura  de la élite oligárquica  gobernante.
El bono 10,000.
Este programa es financiado por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo,  el gobierno informa que en el año se entregaron 1,800 millones de Lempiras a 270,000 familias de ellas el 90 por ciento tenían matriculados a sus niños en la escuela cursando educación básica. Los dos bancos citados imponen la meta del 85% de los hogares que cumplan con la condición de vacunación de niños y niñas menores de cinco años.

En la operación de  este programa intervienen la Fundación Capital, la Comisión nacional de Bancos y Seguros y la banca Privada. El gobierno adquiere deuda para asistencia social transferida por medio del sistema financiero privado. La política social es  mediada por la empresa privada.

La distribución del bono 10 mil ha sido denunciada por sectaria y dudas de corrupción, entrevistas realizada por medios televisivos entre personas que serian o son beneficiarias del bono en el último mes del año declaran que recibieron dos mil lempiras de los diez mil que ofrece el programa. Si la denuncia es cierta podría estar ocurriendo que habría responsables de este programa que  se estarían  apropiando de las diferencias del bono por familia beneficiaria.

Militarización por seguridad.

La política de seguridad del régimen es más una política de militarismo que  concibe la seguridad limitada a  protección militar. El año 2010 declaró en estado de emergencia la seguridad y autorizó la incorporación del ejército a operaciones de seguridad apoyando a la Policial Nacional Preventiva e impuso la “Tasa de seguridad”, un impuesto a los ahorrantes en el sistema financiero.
 La emergencia de seguridad decretada fue usada como argumento para organizar  con efectivos militares la Policía Militar y del Orden Público el año 2013, un organismo  paralelo a la Policía Nacional Civil. La estrategia Militarista con objetivos políticos pretende socializar el militarismo e interiorizar en la conciencia colectiva el imaginario de que ser militar es el tipo ideal de hondureño y para ese fin instituye el “Programa de Guardianes de la Patria” dirigido a instruir militarmente a los niños y niñas.

La militarización en Honduras ha estado sujeta a los objetivos estratégicos de seguridad imperial internamente los grupos sociales oligárquicos han reducido la lealtad institucional de las Fuerzas Armadas a lealtad  con los intereses económicos y políticos de los grupos  élites de poder oligárquico. Un hecho extraordinario de uso contra la oposición política de las fuerzas militares fue la militarización del Congreso el 13 de mayo ocupando el escenario de los diputados y atacando con toletes y bombas lacrimógenas a un grupo de diputados y militantes del Partido LIBRE que protestaban contra la directiva del Congreso denunciando la dictadura por autoritaria que les ha  negado  participación en los debates e iniciativas legislativas.

Las visitas de misiones del Departamento de Estado y del Comando Sur son frecuentes hubo visita el 6 de febrero, 28 de mayo;  el 6 de agosto una delegación del Gobierno de Honduras Presidida por Juan Orlando se presentó al Comando sur, el 20 de noviembre una delegación numerosa llegó a casa de Gobierno y la última fue el 18 de diciembre  .Esas misiones son agencias  portadores de órdenes con  listas de  quienes han de ser capturados y extraditados, más el constante intervencionismo de la Embajada Imperial. La Embajada de Estados Unidos interviene hasta en la selección y Clasificación y Evaluación de Policías en todos los grados de la jerarquía.    Es observable el vínculo entre la intervención militar del Estado Imperial justificada por el combate al narcotráfico y la militarización u ocupación imperialista de espacios estratégicos del pais.

El Gobierno ha cumplido  las órdenes de captura y extradición de hondureños para ser juzgados por la justicia Imperial y ninguna apelación basada en el derecho interno e internacional vale cuando se trata del cumplimiento de las demandas de las Cortes del Estado Imperial.

La interdicción jurisdiccional del imperio sobre Honduras se formaliza con acuerdos  entre socios cooperantes para  la seguridad mutua .Los eufemismos de los acuerdos de intervención e interdicción pretenden ocultar que sus relaciones son asimétricas entre un gobierno  subalterno y asociado  al  Estado Imperial.

 Las operaciones de seguridad para captura y extradición de hondureños por orden imperial evidencian a organismos de justicia y seguridad subalternos y  al servicio del   Estado Imperial. La razón del Estado es la de garantizar seguridad y protección a sus nacionales.  La incapacidad de los organismos de seguridad, defensa y justicia para garantizar seguridad y protección a los habitantes de este país indica que el Estado Hondureño no ha llegado a ser estado de Derecho y  está entregando  su  razón de ser Estado. Internamente a grupos de poder y en relación con el exterior reducido a subordinado al Estado Imperial.

La Misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha estado en el país, cuestionó el Programa de Guardianes de la Patria y la organización de la Policía Militar el Gobernante respondió que la Policía Militar acompañando a la policía Nacional es emergente y que sus operaciones policiales son temporales no sería  permanente, sin embargo, en su discurso declara que la Policía Militar ha de tener fundamento Constitucional y etiqueta  en sentido positivista  a   quienes están con su proyecto y negativos   los que se oponen a  su objetivo militarista situándolos del lado del crimen organizado.

La estrategia de seguridad del régimen se reduce a militarización y ocupación militar de espacios barrios colonias. Es la confusión entre seguridad y protección militar. La razón de la militarización policial ha sido la incontrolable criminalidad impuesta por grupos criminales que extorsionan para proteger si les pagan o eliminar causando la muerte  si no cumplen esa obligación,  a quienes trabajan por su cuenta,  por salario,   los propietarios de  pulperías, pequeñas empresas. Los grupos criminales ocupan la función de protección que el Estado abandonó al reducirlo con el modelo privatizador que impone el Estado Neoconservador.

 La  pretensión de militarizar la policía  ha generado oposición incluyendo a parte del liderazgo Liberal y de los otros partidos de oposición. Es probable que en la medida que pretenda avanzar en su objetivo reeleccionista irá cohesionando fuerzas de oposición a su estrategia mientras continua alineando a su favor las fuerzas sociales y organismos políticos dependientes,   que estratégicamente está cooptando.

Igual que la propaganda  mediática y la  autovaloración  de la eficiencia de los órganos de seguridad y justicia en la reducción de la violencia ha pretendido presentar la apariencia con técnicas cuantitativas de medición estadísticas describiendo datos  abstractos muy específicos y parciales que ocultan la realidad y dimensiones del fenómeno de la violencia.

La desestructuración institucional del proceso de fundación del Estado de Derecho hace disfuncionales los organismos de justicia y seguridad. La ineficiencia es evidente en la impunidad con la que actúan los criminales. Esta es una causa del incremento de la violencia y la criminalidad en el país. Los datos oficiales aportados por el Ministerio Público, han indicado que más del 86  por ciento de los casos no son resueltos con  investigación concluyente y la mora judicial acumulada es lógicamente creciente.

La medición de la tasa de violencia con el indicador de homicidios por cada cien mil habitantes sitúa al país en el lugar más alto por la  razón de homicidios y,  América Latina la región más violenta del mundo. Contrario a la vivencia cotidiana,  por medio del  uso de conceptos e indicadores de medición e información, para justificar la propaganda de militarización de los organismos del Estado y de los espacios público privado el régimen oficializa  datos con los que pretende mostrar tendencia decreciente en la frecuencia de homicidios durante 2014. En esa tendencia uniformadora de verdades artificialmente construidas acordadas  podría caer el IUDPAS con el Observatorio de la Violencia si no objetiva de modo independiente sus fuentes de datos, variables dimensionadas  y  medios de verificación.

 La propaganda  mediática trata de uniformar el discurso oficial con objetivos continuistas del mismo régimen de dominación y control social tomado  por los grupos del bloque en el poder por medio del golpe de Estado.

La información estadística oficial de la razón frecuencia  de  homicidios resulta increíble en dos sentidos: Primero por la alta frecuencia superior a cualquier país del planeta,   y en segundo lugar por la alta frecuencia de hechos de violencia cotidiana que son inocultables. No obstante que la razón de homicidios por población es medible con relativa precisión los datos oficiales son diferentes a los datos que han elaborado organismos internacionales de Derechos Humanos..

El dato de mayor frecuencia que reportó el Observatorio de la Violencia el año 2013 fue de 86 homicidios por cada 100 mil habitantes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó ese año 93 homicidios por cada 100 mil habitantes. El dato que aporta la OMS es de 103 homicidios por cada 100 mil habitantes el año 2012 es mucho mayor  que los datos de violencia contenidos en los informes oficiales del gobierno y el IUDPAS ese mismo año.

El Gobierno y IUDPAS han informado que este año sus datos indican que la frecuencia de homicidios resultó menor que el año anterior, sin embargo,  la observación empírica de  violencia en la cotidianidad de la vivencia social contrasta y genera  dudas de la fiabilidad y validez de los datos oficializados con fines de estrategia política y teniendo en cuenta que el gobierno emitió la ley de Secretos Oficiales por la que los organismos de seguridad pueden clasificar y mantener en secreto información referida a seguridad y defensa.

El informe de monitoreo mensual que publicó Casa Alianza reporta que el promedio mensual de muertes violentas  y ejecuciones arbitrarias por administración de gobierno es 83.90 por cada 100 mil habitantes. Reporta  que en diez meses de gobierno de Juan Orlando Hernández se ha registrado 839 muertes por violencia y ejecuciones arbitrarias de niñas niños y jóvenes menores de 23 años, equivalentes a un promedio de mas o menos tres niños o niñas diariamente. El informe de monitoreo evidencia un promedio de frecuencia de muertes mayor en este gobierno y relativamente aumentando en relación con gobiernos anteriores.

 De los datos de hechos de violencia en  incremento,   deriva el argumento que la estrategia de seguridad del gobierno es errada y estaría generando más violencia y violaciones a los Derechos humanos y más de la Infancia y juventud.

La medición de la violencia por razón de homicidios es una valoración parcial y extrema del fenómeno. Desde la intervención del ejército en operaciones policiales en 2010 y el incremento de la fuente  del gasto corriente  por  seguridad, la tasa de homicidios ha aumentado y la violencia tiende a expandirse en términos absolutos y relativos.
La violencia  es un fenómeno complejo y multidimensional en sus formas, expresiones y medios de control, la fuente de la violencia es el poder. El modo como se generan y se reproducen las relaciones de poder y dominación determinan las formas y las manifestaciones de la violencia. El militarismo contribuye con el incremento de la violencia en el sentido que los ejércitos son órganos de coacción y represión y operan en términos de una estrategia de dominación para sostener determinadas relaciones de poder.

El informe preliminar de la Encuesta de Latin Américan Públic Proyec, basado en indicadores de  Barómetro de las Américas, presentado el 16 de octubre expone que los problemas principales de los hondureños y hondureñas, son los problemas de seguridad 47.90 % y los problemas económicos 40.40% en orden de frecuencia.

 Los datos indican  la evidencia empírica de  la incapacidad e ineficiencia del régimen para resolver estructuralmente los problemas fundamentales de los hondureños y hondureñas; limitado al mantenimiento y reproducción de la inseguridad y el temor que lo justifica para imponerse.
La inseguridad colectiva e individual y el temor que infunde en la conciencia colectiva los hechos brutales e inhumanos cotidianos influyen en que las personas busquen medios de autoprotección individual encerrándose en sus habitaciones y auto-limitándose en sus libertades individuales y colectivas. El temor individualizado por la generalización del terror criminal y la militarización facilita el control social y la dominación por obediencia como respuesta  por  temor individual y colectivo impuesto socialmente.

La violencia demanda de la producción y comercialización de medios de protección , entonces hay industria de producción y mercado de distribución. La  consecuencia es que en la violencia y con la violencia se reproduce el capital y muchos grupos comerciales corporativos se benefician produciendo ganancia en el mercado de medios de protección y con las empresas de servicios de vigilancia. En el país el número de agentes de vigilancia y protección privada es equivalente al número de agentes  policiales  multiplicado por tres.

Los Derechos Humanos.

Los cierres sociales impuestos por el sistema social con el modelo Neoliberal: La privatización por medio de la concesión de recursos naturales y apropiación de los espacios y los bienes públicos por los grupos privados y la abolición del Estado  de derecho impacta directamente contra el deterioro de los derechos humanos y la precarización de los derechos sociales dejando a la infancia, a las comunidades y a los grupos sociales subalternos, en la indefensión.

El informe preliminar de su observación en el país presentado el 5 de diciembre,  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  CIDH, "condena el asesinato de niños, niñas y adolescentes en Honduras y considera que este grave problema debe ser asumido como una prioridad por el Estado"

El informe describe hechos de muertes por explosión de granada de cinco   jóvenes el 4 de mayo en el interior de un centro correccional de San Pedro Sula; también destaca la ejecución a puñaladas de cuatro niños  entre dos y trece años, más la tortura y asesinato de dos niños. Las autoridades han  atribuido  todos los  hechos descritos, a maras o pandillas.

La CIDH cuestiona que los hechos de violencia “tienen lugar en un contexto de gran impunidad, resultado de la debilidad institucional, la corrupción y la falta de independencia del Poder Judicial”
En su informe la CIDH explica  que "La ausencia de intervenciones eficientes y eficaces del Estado frente a los desafíos de la seguridad ciudadana genera un sentimiento de frustración y desprotección en amplios sectores de la población, lo que afecta seriamente la convivencia en una sociedad democrática y la vigencia del Estado de Derecho". 


La delegación de la CIDH coincide con la realidad y   las tendencias de la violencia,  la violación a los derechos humanos la ineficiencia,  omisión complicidad y acción de los organismos de seguridad y Justicia del Estado disminuido y des estructurado con y por consecuencia del Golpe de Estado en 2009. Sin embargo, se omite que en ese contexto de violencia, temor y terrorismo construido, el régimen ha emitido decretos leyes que instituyen y habilitan a organismos represivos para que impunemente ejecuten actos de  violación a derechos humanos fundamentales. Paradójicamente, esa legislación autoriza violaciones a derechos y garantías civiles y políticas,  argumentando que las fuerzas represivas actúan garantizando los derechos humanos.

La Ley de Policía Militar y del Orden Público aprobada el 23 de agosto de 2013 no define los conceptos que fundamentan  su razón de actividad represiva, esos conceptos son : Terrorismo y crimen organizado;  al no definirlos pueden tener significados de aplicación según criterios de quienes dirigen  las fuerzas represivas. El artículo 7 de esta Ley atribuye a la Policía Militar entre otras las funciones siguientes:

…”1 actuar rápidamente en circunstancias que afectan el orden público que constituyen situaciones de emergencia….para resguardar el orden público y el imperio de la Constitución de la República….
…”3. Efectuar la captura y poner a disposición de autoridades competentes de conformidad con la ley a las personas asociadas a organizaciones criminales o que en cualquier forman alteren el orden público así como remitir las pruebas de convicción para su debido enjuiciamiento”,….

Los conceptos de “asociaciones u organizaciones ilícitas o criminales” sin definición operacional resultan ambiguos y sus significados aplicables a criterio de los operadores de seguridad y justicia. Estos conceptos  se han instrumentalizado para justificar la represión de protestas sociales y manifestaciones públicas. En esta acción resulta contrastante que las autoridades universitarias actuando en consonancia con la política represiva del régimen  se amparan en estos conceptos para acusar criminalmente a sus propios estudiantes por protestar en el campus universitario o en la vía pública.
Estudiantes Universitarios han sido acusados de Asociaciones y manifestaciones ilícitas y expulsados. Desconociendo que las  asociaciones son de sus correspondientes carreras en cada facultad y negando sus derechos de protesta y manifestación pública.
 Las citaciones del Ministerio Público entregadas a estudiantes con fecha 14 de noviembre literalmente dicen: “por la supuesta comisión del delito de tentar espacios de edificios o áreas y reuniones ilícitas en perjuicio del Estado de Honduras”

El 31 de julio fue atacado con excesivo uso de la fuerza, capturado,  torturado y herido  a golpes por 12 policías militares,  el estudiante de pedagogía Ronmel Darío Morán, quien participaba en una protesta estudiantil reclamando y denunciando reformas académicas por negar la participación democrática a los estudiantes en el Gobierno Universitario. Morán fue acusado de sedición y las evidencias paradójicamente fue la de un policía golpeado sin considerar que el golpeado y herido fue el estudiante acusado y procesado judicialmente.

El informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Comité Nacional de Prevención de la Tortura MNP-CONAPREV,  en su informe de 2014 presenta los hechos siguientes:
1.      Detención y ejecución de los hermanos Zenia Maritza y Ramón Eduardo Díaz Rodríguez:- El 11 de abril, miembros de las Fuerzas Armadas los detuvieron en la colonia El Pedregal de la ciudad de Comayagüela y al día siguiente  fueron encontrados ejecutados en el Empedrado delante de la aldea de Mateo.

2.      Detención y tortura de Marco Tutlio Medrano Lemus por una patrulla de ocho militares  en la tercera calle de Flores de Oriente de la ciudad de La Lima el 26 de agosto, a quien lo torturaron  poniéndole  una bolsa plástica en la cabeza y le dispararon para intimidarlo amenazándolo con ejecutarlo públicamente.

3.      Detención ilegal de 40 personas por una patrulla de 4 policías y 12 militares, en Wanpusirpe y el 27 de setiembre porque se negaron a regalarles bebidas y cuando los tenían recluidos en la celda policial hirieron con proyectiles disparados,  a tres de los detenidos.

4.      Cuatro personas fueron heridas por disparos de proyectiles ejecutados por policías militares que participaban en operativo de la Dirección General de Transporte,  el 1 de octubre cuando se conducían en un bus,

5.      Tortura de dos trabajadores de la mina de el municipio de El Corpus departamento de Choluteca, aplicada por militares del regimiento de caballería blindada con sede en la ciudad de Choluteca, el 2 de octubre.

6.      El 1 de diciembre militares asignados a la protección de la planta hidroeléctrica de Yojoa departamento de Cortés dispararon contra civiles que se conducían en vehículos.
Finalmente el MNP-CONAPRE expresa preocupación por recurrentes casos de capturas y ejecuciones de personas por agentes policiales y militares sin que los hechos sean investigados y en consecuencia la impunidad de las violaciones frecuentes de los derechos humanos fundamentales.

Inseguridad de la niñez y adolescencia.

La mayoría de niños menores de 17 años  y jóvenes sobreviven desprotegidos y en la indefensión. El país y su régimen expulsa a los niños y jóvenes: - La observación anual de Casa Alianza analiza y describe indicadores que presentan a la niñez desprotegida por el gobierno y la más afectada por la violencia, el terror, el  cierre de opciones de mejora de condiciones de vida, el empobrecimiento expansivo y la incertidumbre  impuesta  en el país presiona para que niños, niñas y jóvenes sean expulsados de espacios sociales y del país.

Los datos que aporta Casa Alianza entre enero y octubre de este año Estados Unidos deportó 9,469 niños,  niñas y adolecentes. En la frontera sur de Estados Unidos este año fueron detenidos 18,503 niños y niñas. El total de hondureños y hondureñas deportados entre enero y octubre fueron 33,018 (Casa Alianza; 2014)

El informe mensual de Casa Alianza describe la precariedad social, las amenazas la desprotección de la niñez en el país. El gobierno ha dejado desprotegida a la infancia y la adolescencia, esa función ha sido transferida a las ONG dedicadas a la atención a la niñez y la adolescencia incluyendo los centros de resocialización.

El derecho a la Educación: - El gobierno celebró que haya mantenido en aulas 200 días del año lectivo e impuso que todos los niños y jóvenes aprobarían el grado o curso. con calificaciones mayores que 70%, ha eliminado el aporte económico de “matricula gratis” para niños y jóvenes de educación básica y media. La consecuencia es empeoramiento de las condiciones físicas por deterioro e inseguridad de los centros educativos y aumento de los costos por ingreso y permanencia de los educandos. El informe basado en datos del Plan Maestro de infraestructura de  la Secretaria de Educación indica que el 90%  de los centros educativos no tienen capacidad para resistir el impacto de fenómenos naturales y un 78% están expuestos a las amenazas sociales. Señala el informe que el 48 % necesitan mejora de sus servicios de saneamiento y energía. Contrasta el informe que la posibilidad de que el deterioro continuará porque el gobierno ha reducido el presupuesto en 708.5 millones de Lempiras en tanto que para la Secretaria de defensa lo incrementó en 300 millones de Lempiras.

El derecho a la educación es uno de los derechos más conculcados a la niñez y juventud hondureña. Son factores de negación: Las condiciones socioeconómicas y la reducción relativa de la inversión social, el incremento de los costos y el empobrecimiento de los hogares y sus grupos familiares. Las tasas de acceso permanencia y continuidad son relativamente bajas: En educación pre-básica, 47.5%; Educación Básica, (primero a 6°)  88.1%;  Ciclo común 39.2% ; Educación Media, 27.8%.

La secretaria de educación cerró aulas y el gobierno central construye más cárceles y aumenta el gasto en militarismo. Los datos históricos del INE indican un estancamiento y tendencia a disminuir la cobertura en educación básica y media desde el año 2009. La ampliación de la Educación básica al noveno grado ampliaría la cobertura sin embargo el deterioro en las condiciones de vida en los hogares, la inseguridad humana y la incertidumbre, vulneran  las posibilidades de acceso y permanencia en el nivel educativo. El sistema configura una estructura piramidal que reproduce las desigualdades sociales.

El derecho a la salud.

La atención en salud y salubridad ha estado afectada por la reducción de capacidades para atender en salubridad y prevención. La  reducción de recursos y el deterioro en la infraestructura de servicios de salud reduce las capacidades de cobertura de la salud pública a la población que demanda atención en salud.

La lectura de encuesta de condiciones de salud evidencia las carencias y deficiencias de atención en salud y sus indicadores se corresponden con los indicadores de pobreza se puede observar que son problemas recurrentes:

Las tasas de mortalidad infantil siguen siendo altas, más o menos 3 y 4 por ciento, la tasa de desnutrición infantil con el empobrecimiento ha de estar aumentando a tasas equivalentes a las de mortalidad infantil;  la cobertura de acceso a servicios de salud se reduce a entre el 80 y 85 por ciento sin valorar que la atención sigue siendo parcial por las carencias , deficiencias y deterioro de la infraestructura de servicios. Enfermedades prevenibles continúan siendo causa de mortalidad durante el año han sido cíclicas las epidemias de dengue y chikungunya.

El informe mensual de Casa Alianza citando la fuente de Hospital Universitario, reporta 165 intentos de suicidios de niños y niñas desagregados en 91 niñas y 74 niños en ocho departamentos.

La cotidianidad del malestar por deficiente atención en salud se ha denunciado  con alta frecuencia y la transferencia de la demanda del servicio público al servicio privado. Quienes no pueden adquirir medicamentos o atención privada en laboratorios se limitan a quedarse con la información de las indicaciones médicas recibidas. El gobierno no ha considerado prioritario el derecho a la salud su prioridad en términos de atención es la defensa y seguridad entendida como protección militar.

La reducción de capacidades para atender las demandas de atención al derecho de las personas a la  salud es coherente con políticas implícitas de privatización transformando en demanda de servicios al mercado de medicamentos y equipos que ofertan los oligopolios de importadores y distribuidores. Este  mercado monopsónico establecido en el sector de salud está cruzado por la variable corrupción, también frecuentemente denunciada en medios masivos e individualizados virtuales.

Los casos de contratos incumplidos y pagados a costos sobrevalorados y el emblemático y sin precedentes conocidos de apropiación  de los recursos del IHSS por un grupo de personas que en consecuencia lo dejaron sin recursos y medios de  operación  para cumplir con la razón de seguridad social para sus derecho-habientes.

La apropiación de los recursos del IHSS y la reducción de su capacidad instalada para operar probablemente sea razón para justificar la transferencia y concesión de servicios e infraestructura a empresas comercializadoras de servicios y beneficios de seguros.

Valoración y prospectiva.

El  liderazgo de la dictadura  oligárquica se ha fortalecido y se ha legitimado con el bloque de poder por medio de la propaganda mediática de sus programas asistencialistas focalizados hace que paradójicamente este régimen también sea reconocido y aceptado por las colectividades de grupos sociales de clases subalternas,  empobrecidos por el sistema con su modelo concentrador de riqueza y poder.

El liderazgo oligárquico hace avances en la imposición de un pensamiento único por medio de la propaganda mediática y el actual liderazgo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ese pensamiento único tiene la  perspectiva de la doctrina de Seguridad Nacional y  de significado  fundamentalista más que neoconservador. Dicotómico con razón positivista de orden y conflicto: etiquetador de  amigos y enemigos; buenos y malos; delincuentes y honrados: leales e i-leales; positivos negativos, optimistas pesimistas.

Ha logrado atomizar la oposición política y siendo mayoría la hace ver como minoría por su dispersión e incoherencia política reducida y limitada por la estrategia política de dominación y gestión del poder basado en la fuerza ilegitima y autoritaria por medio de la militarización y la coerción;  criminalizando la protesta  legalizada con leyes violadoras de derechos y garantías fundamentales.

En perspectiva del modelo de reproducción y acumulación neoliberal el régimen hace avances en la institucionalización y estructuración coherente del modelo en proceso de un estado neoliberal en sustitución del proceso  de constitución del Estado Nacional democrático  de derecho.

Las políticas que impone en educación en salud en el mercado laboral y en la producción tienen una sola racionalidad la eficiencia reproductiva del sistema y para sostenerlo se impone autoritariamente,  por esta razón es normativo y coercitivo. El autoritarismo es la única viabilidad del modelo y la privatización implica operaciones de corrupción porque distorsiona el funcionamiento de las estructuras formales e institucionales para beneficiar intereses privados.

Ha sometido a las organizaciones magisteriales y a los sindicatos de las empresas de servicios públicos  del Estado,  aboliendo derechos laborales y precarizando el trabajo decretando suspensiones,  despidos  masivos de trabajadores y trabajadoras;   ha establecido un campus de terror para imponer la obediencia y asegurar la ejecución de las políticas privatizadoras y extractivistas por medio del concesionamiento de espacios y recursos vitales del país a grupos corporativos de interés privado.

El  modelo económico hipotéticamente tiene entre sus referencias la  teoría de la elección racional pero aquí es visible lo irracional y vulgarizado de la ocupación apropiación y depredación de los espacios y recursos del que fuera un Estado que había establecido espacios de servicios públicos. La relación costo beneficio no se verifica  porque sin costo e inversión el gobierno entrega espacios e infraestructura de servicios estratégicos construidos por el Estado  para el interés social;  los nuevos  propietarios sin costos invertidos  reciben las fuentes de ganancias absolutas sin retorno para la satisfacción de necesidades  sociales.
La oposición que lideraría  LIBRE se redujo a los límites de la estrategia política del régimen para  conservar y reproducir las mismas relaciones de poder manteniendo el sistema político autoritario que asegure los intereses de la oligarquía. El Liderazgo  se apartó de su estrategia de lucha que sería  la   razón de ser del Frente Nacional de Resistencia Popular y el Partido ; esa razón fue ganar espacios y medios de poder;   estructurando bases anti hegemónicas que impugnen las políticas privatizadoras, autoritarias, el fraude  y la corrupción y que presionen por la reconstitución del   Estado de Derecho con poder legitimado por la participación social con expectativas  del bien común.

El gobierno al mismo tiempo que sitúa a  la oposición en su estrategia de sostener el poder dictatorial  por medio del terrorismo mediático y represivo contra los partidos de oposición los  condiciona  legitimadores  del régimen político  y por medio de la coerción y el asistencialismo,  apoyado en la influencia de los medios de comunicación pretende   separar el liderazgo de sus bases sociales descalificándolo e infundiendo temor  e incertidumbre y desconfianza,

El gobierno usa muchos recursos legitimadores que hacen que la oposición se sienta encuadrada en su agenda legitimadora y conservadora del régimen político de la dictadura oligárquica. También para sostener   la estrategia hegemónica  del Estado Imperial;  esos recursos son los siguientes:

La inseguridad y su política de militarización. Se pretende justificar con aparentes resultados de reducción de la frecuencia de homicidios por analogía de reducción de la violencia. En estos indicadores de medición cuenta con la validez de datos verificados y acordados con el IUDPAS- UNAH habría que verificar si se relacionan validez y confiabilidad? Lo evidente es la abstracción de la realidad reducida a datos al margen de la objetivación en el contexto.

 Los recursos estadísticos para comunicar datos abstractos como verdades oficiales: Medición de la reducción de homicidios como reducción de la violencia y eficiencia de los organismos operadores de protección de las personas en los  espacios publico-privados y  los de impartir justicia.

La reglamentación educativa impuesta como reforma o estructuración del modelo en educación. Las políticas represivas de criminalización de las protestas asociándolas con actividades sediciosas o de terrorismo sometieron a la obediencia al magisterio y celebra la asistencia y trabajo en aulas 200 días laborables del año escolar. El  cambio de escalas de medición del aprendizaje de 60 a 70 %,  en las escuelas e institutos de educación media,  e imposición de criterios de aprobación a los docentes para aparentar con valoraciones y calificaciones de validez muy dudosa,  alto rendimiento escolar. El uso del dato abstracto de cantidad con analogía de equivalencia cualitativa reduciendo significados de las dimensiones de variables del cambio educativo.

El gobernante pretende    fundamentar su legitimidad y optimismo conservador en la difusión  información falsa que en la cotidianidad y el imaginario colectivo resulta contrastante,  hasta ofensivo y degradante del sentido común inclusive,  donde el malestar aparentemente silenciado por la propaganda mediática se expresa en la violencia,  la rebeldía y el temor e incertidumbre de las personas en sus espacios privados y colectivos.

Es probable que en la medida que pretenda avanzar en sus objetivo continuista para consolidar la dictadura del bloque de poder que Hernández lidera,  coyunturalmente se alíen fuerzas sociales y partidos de oposición; pero él se ve apoyado por  fuerzas de la oligarquía que con sus medios de propaganda mediática aparte de los órganos burocráticos del gobierno se mueven y actúan  en consonancia con la política  el régimen politico.

La fractura y el despojo de los medios, los espacios vitales que fundamentarían la existencia  del Estado,  va reduciendo su capacidad de autoridad y soberanía con facultades de autoridad,  de mediación sobre la diversidad de grupos sociales y políticos con sus propios intereses. Es la razón por la que grupos corporativos financieros y de otras actividades de reproducción del capital, controlando recursos de poder subordinan la autoridad estatal con sus organismos sirviendo en razón de   sus fines privados.
Los indicadores de crecimiento económico evidencian disminución de crecimiento en la producción y mayor crecimiento en  actividades de intermediación  financiera. El gobierna privilegia e incentiva  la producción exportadora,  sin embargo el crecimiento por exportaciones resultó mucho menor que los aportes de las remesas. Los que se fueron expulsados del país por los cierres sociales impuestos por el sistema reproductor de desigualdades aportan mucho más que los privilegiados burgueses asociados en grupos corporativos bajo el auspicio del gobierno.

La economía sigue dependiendo de factores externos y el modelo de apertura al exterior la subsume por medio del consumo reduciendo su capacidad instalada para la producción y convertida en fuente de transferencia neta de capitales al exterior.

El aumento creciente de la deuda pública  interna y externa subordina al Estado a socializar las obligaciones extrayendo y transfiriendo recursos para beneficiar el capital financiero interno y exterior,   que en otras condiciones habría invertido para desarrollo de capacidades humanas de la población,  mayoritariamente joven e infantil, invirtiendo en mejora y ampliación de oportunidades educativas,  servicios de atención en salud la producción de alimentos y la generación de ciencia y tecnología.

El gobierno, con la asistencia de seguridad nacional del gobierno de Estados Unidos, ha pretendido hacer de este país una cárcel para impedir la emigración,  sin cambiar las condiciones de seguridad humana interior;  con ampliación de áreas de inversión que generen oportunidades a los habitantes,  para su realización plena en el país.

Contradictoriamente el sistema con su régimen político valora a la niñez y la juventud como un problema más que como un potencial de desarrollo y en su razón instrumental el desarrollo se reduce a la ocupación apropiación de espacios recursos vitales para ampliar las opciones de crecimiento, acumulación,  concentración de capitales y medios para imponer poder.

El gobierno aplica medidas impositivas sacrificando la clase media, a los productores locales, propietarios, comerciantes de mercado interno  y a los trabajadores  para compensar los efectos de déficit económicos resultado de la transferencia de fuentes de recursos públicos al sector privado , la evasión y exportación de capitales producidos en el país por empresas protegidas y por la corrupción de la administración pública.

Es probable que la reducción de los precios de combustibles contribuya con el incremento de la recaudación fiscal,  si con razón capitalista mercantil, continua manteniendo los precios especulativos; sin embargo, la concesión de partes de las empresas de servicios estratégicos de energía y telecomunicaciones; la  diferencia en términos positivos favorecerá  a los intereses de las empresas concesionarias por transferencia  de los bienes estatales más que por el ahorro de  los usuarios de los servicios públicos.

La prioridad de políticas de militarización acompañadas por la estrategia de seguridad nacional del Estado Imperial,  mas el peso de cumplimiento de las obligaciones impuestas por la deuda pública interna y externa continuará pesando sobre la economía e impedirá las posibilidades de incremento de la inversión productiva para reducir la presión de los problemas de empleo,  pobreza y desigualdad.

El régimen de la Oligarquía no tiene alternativas de solución a los problemas sociales.  ni son objeto de su estrategia política. Su estrategia de poder se reduce al reparto de negocios entre los grupos corporativos del bloque en el poder y entregar espacios y recursos vitales como única expectativa de desarrollo económico. Con ese propósito avanza en la desestructuración del Estado democrático de derecho y en la institucionalización de un régimen más autoritario y por tanto antidemocrático con rasgos neofascistas, desnacionalizado,  reducido y sujeto al Estado Imperial.

Referencias.
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Decreto Ejecutivo PCM-04-2014 Con Chamba vivís mejor.
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Honduprensa .  Monitoreo de periódicos diarios de Honduras, 18 Dec 2014 .”El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general John Kelly, visitó el país.Honduras y EUA formarán grupo de alto nivel en seguridad Publicado por honduprensa en La Prensa el 18 diciembre, 2014
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