Honduras 2011

HONDURAS 2011
El balance de un año más del Régimen que gestiona la auto desarticulación funcional del Estado de Derecho.
Roberto Briceño J*
Un año que el régimen cumple celebrando por su reconocimiento internacional pero sólo sostenido por las fuerzas de la violencia criminal que degradan y desarticulan la estructura funcional del Estado que decayó antes de ser Estado de Derecho.
El año 2011 el régimen que lidera Porfirio Lobo Sosa lo valora en términos de su afirmación del reconocimiento internacional, haber derrotado al movimiento magisterial por sus particularidades y por medio del sitio al movimiento campesino reducido al valle del Aguán, segregado del resto del movimiento campesino que estuvo desmovilizado probablemente mediatizado por las políticas de modernización y por las diferencias de fines e ideológicas instrumentalizadas con sentido sectario. La decisión política de organizar el Partido Libre surgido del Frente de Resistencia Popular y, solicitar su inscripción sin decidirse a luchar por transformar la estructura y funcionamiento del régimen político es otro triunfo en el proceso legitimador del régimen que lo fortalece y debilita la unidad y la acción colectiva del movimiento de Resistencia Popular. Sin embargo, es observable la degradación por auto desestructuración institucional del Estado sustituido por el régimen que ha convertido al país en la situación de los más violentos e inseguros del mundo.
La Economía tuvo un crecimiento económico que supera el decrecimiento económico de los dos años anteriores, la expectativa oficial por medio del banco central es que el crecimiento económico resultara positivo entre un 3 y un 4 por ciento. Sin embargo, este crecimiento no deriva en beneficio de la reducción de la pobreza porque el crecimiento demográfico calculado para este año es de entre 2.1 y 2.2 por ciento según datos del INE, y porque ese crecimiento será absorbido por el incremento de los precios de los combustibles importados de acuerdo con valoraciones que hizo Mauricio Díaz Bourdett del Foro Social de la Deuda Externa, (FOSDE). Pero más que esos factores es porque el crecimiento es concentrado en grupos económicos privilegiados y la inversión que contribuiría con la generación de empleos es reducida por el incremento especulativo de las tasas de interés.
El FMI este año, calculó en 3.5 el crecimiento económico de Honduras, bajo el promedio centroamericano que según su valoración lograría el 4% de incremento. Sin embargo, señala que el incremento inflacionario llegó al 8%. El crecimiento económico surgió del índice negativo de -2.10 en el año 2009 al índice positivo de 2.77 en el año 2010 y el citado 3.5 % calculado para el año 2011.
Entre las variables que han favorecido el leve crecimiento económico señala Díaz Bourdett el incremento de los precios del café en el Mercado Internacional. Los datos que aporta el Banco Central indican que hubo un incremento de las exportaciones en un 22% pero las importaciones se incrementaron en un 30% el resultado es mayor en un 8% el costo de las importaciones que el monto de la producción interna en consecuencia la diferencia es negativa.
El Díaz Bourdett explica que esta economía suma unos 58mil millones de exceso de Liquidez en el capital financiero, el incremento del capital financiero no se corresponde con el relativo bajo crecimiento de la economía, sin embargo, el sistema financiero mantiene alta las tasas de interés. El exceso resulta de la especulación en el mercado financiero y probablemente de otros factores al margen de la reproducción de capital basada en las leyes del mercado, difícil de verificar en un Estado dominado arbitrariamente por grupos económicos que lo manipulan exclusivamente para realización de sus intereses y ganancias. El exceso de liquidez indica reducida inversión e incremento de población con problemas de empleo.
Los datos aportados por Díaz Bourdett señalan el incremento acelerado del endeudamiento interno y externo. Ese endeudamiento es un alto impuesto directo a la economía, calcula el FOSDE, que en los últimos 3 años el endeudamiento se incrementa entre 250 y 350 millones de dólares anualmente. El incremento del endeudamiento está produciendo la obligación de pago de 7mil millones este año y unos 11 mil millones de lempiras el siguiente año. En beneficio del capital financiero interno e internacional que contrasta con la disminución de la capacidad de inversión redistributiva del Estado en beneficio de la mejora del bienestar social.
PROBLEMAS DE EMPLEO El REGIMEN PRECARIZA EL TRABAJO.
Los datos que aporta el INE indican que la población de Honduras proyectada para este año es de 8 millones 200mil habitantes en esta población la razón de dependencia es del 72.7 %, el 38 % de la población es menor de 15 años de edad y 4.2 % es mayor que 64 años. Esto indica que por cada persona que trabaja hay entre 3 y 4 dependientes. De la población en edad productiva 25.39% tiene problemas de empleo esto representa un 47.35% de la PEA. Esta población con problemas de empleo presiona por la depresión o disminución de los salarios y la precarización laboral en beneficio de los burgueses explotadores que con la mentalidad de los capitalistas primitivos, presionan por la sobreexplotación del trabajo y la negación de los derechos laborales de los trabajadores.
Ramón Espinoza, funcionario del INE, valora que el año 2011 hubo crecimiento bajo en la generación de empleo, más o menos un 3% por ciento del total de personas que demandan empleo en el mercado de trabajo. El régimen ha legislado para precarizar las relaciones laborales al emitir la Ley de empleo temporal, lo que niega la justificación del Presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, para aprobarla con el argumento de incrementar y ampliar las opciones laborales de la población en edad productiva.
POBREZA.
El Director del INE indica que el 67% de los hogares hondureños están dentro de los límites de pobreza, observa que la pobreza rural se redujo en dos puntos en tanto que la pobreza urbana se incrementa en una tasa de 5 por ciento. El funcionario explica la disminución por la política de compensación que distribuye un Bono 10 mil entre los hogares pobres rurales. El contraste en el aumento de pobreza urbana se relaciona con la emigración rural urbana que implica traslado de pobreza y desempleo del campo a las ciudades. Es probable que la pobreza sea mayor si se valora más por el concepto de necesidades básicas insatisfechas y mucho más por el concepto de capacidades humanas.
Las explicaciones sustentadas en datos derivados de medidas de compensación focalizada resultan falsas e insostenibles: en el mediano plazo la distribución de bonos, sólo contribuyen a incrementar la razón de dependencia sino son resultado de la ampliación de opciones u oportunidades para la formación de capacidades para el desarrollo de las personas humanas.
La corrupción, la violación a los derechos humanos fundamentales y específicamente los referidos a libertad de expresión y emisión del pensamiento, los crímenes impunes contra comunicadores sociales y contra personas homosexuales nunca investigados y manos sancionados sus responsables ha sido justificación del Departamento de Estado de Estados Unidos, para suspender por segunda vez la “Cuenta de desafíos del Milenio” destinada para inversión en programas y proyectos dirigidos a reducir la pobreza y a construir obras de infraestructura. La suspensión de esta cuenta implicará que el gobierno de Honduras dejaría de recibir en el año 2012 unos 215 millones de dólares.
EL REGIMEN DE UN ESTADO DESESTRUCTURADO FUNCIONALMENTE.
El Estado Hondureño no llegó a ser un Estado fundado en el Derecho que habilitaría y tutelaría los derechos de la persona humana concebida como el “fin supremo del Estado”. Desde el golpe de Estado, el régimen político hondureño ha evidenciado que la constitución del Estado moderno fundado en el derecho y con capacidad para tutelar la vigencia de los derechos humanos fundamentales no llegó a ser.
Grupos de la burguesía y los terratenientes se constituyeron oligárquicos y se repartieron áreas de influencia política y de control de las instituciones y los organismos del estado para realizar sus intereses depredando los bienes nacionales. Viabilizado por la aplicación de políticas neoliberales de privatización y reducción de la función pública del Estado.
La reducción del papel del Estado en la redistribución de la riqueza producida y la tutela de los espacios públicos en términos de mediación de los intereses sociales y la apropiación de esos espacios por grupos privilegiados que controlando recursos de dominación hacen operar los órganos del Estado en los límites de los intereses exclusivos de los grupos que comparten el poder y compiten como mafias por el reparto de las áreas de reproducción de la riqueza. Es la causa de la degradación por corrupción de las instituciones del Estado.
UN RÉGIMEN QUE CUMPLE SUS FUNCIONES DE REPRESIÓN Y TUTELA A LA OLIGARQUÍA PERO MANTIENE EN LA INDEFENSIÓN E INSEGURIDAD A LAS MAYORÍAS DE CLASES SUBALTERNAS.
Los órganos represivos del Estado, operan eficientemente en la estrategia de conservación del poder de los grupos de las clases oligárquicas. Desde el golpe de Estado restauraron un régimen autoritario en el que los organismos Estatales: Legislativo, Tribunales de justicia, Policía, Militares, Ministerio Público, tutelan la impunidad habilitando a los que han cometido delitos que en la concepción de los derechos humanos son calificados de lesa humanidad.
El régimen criminaliza la protesta social y militariza la sociedad: Los movimientos a los que el régimen ha reprimido con mayor violencia, con la fuerza de un régimen despótico, por arbitrario y por esa práctica, criminal: el movimiento campesino del Valle del Aguán, el movimiento magisterial, el movimiento estudiantil, el movimiento étnico y a los comunicadores sociales.
Durante el periodo 2009- 20011 el régimen ha ejecutado tres operaciones militares contra los campesinos que demanda la recuperación de tierras ocupadas por terratenientes y empresarios agroindustriales. Las operaciones militares se realizan con fuerzas combinadas militares y policiales, incluyendo los paramilitares que están al servicio de los terratenientes y empresarios agroindustriales, también los tribunales y fiscales del Ministerio Público actuando en correspondencia con esas operaciones imponen un régimen de violencia y criminalidad impune.
La última operación militar es la denominada Xatruch, la mantiene por tiempo indefinido desde el 14 de agosto de 2011, con esta operación hay denuncias de que instructores del Ejército de Estados Unidos y de Israel les entrenan en ejercicios acciones de contrainsurgencia.
El resultado de esas operaciones: el 21 de agosto de 2011 la suma de campesinos asesinados llegó a 51, y todos esos hechos oficialmente son ignorados y el régimen los pretende negar con impunidad.
El movimiento magisterial ha sufrido fuerte represión con mayor fuerza durante las manifestaciones públicas los meses de marzo y abril. En una de estas manifestaciones el 18 de marzo fue asesinada la maestra Ilse Ibania Velásquez.
Durante dos meses mantuvo sitiado a las organizaciones magisteriales en las avenidas Centroamérica y Juan pablo II sometidos por las fuerzas represivas combinadas, del ejército y la policía, con ataques de gases, líquidos y toletes. Los tribunales se encargaron de criminalizar a grupos de participantes en las manifestaciones públicas y que eran detenidos por las fuerzas represivas; para enjuiciarlos los jueces tomaron como ciertas las acusaciones de los policías y militares torturadores. Unos 3005 docentes fueron sancionados con despidos al margen de procedimientos legales establecidos en la legislación laboral del magisterio.
Durante los meses de julio y agosto el movimiento estudiantil resurgió contra la amenaza de privatización de la educación por medio de los proyectos de ley que el régimen tiene en proceso de decreto: Las movilizaciones de julio obligó al gobierno a declarar que suspendería la aplicación del decreto que contenía una reforma curricular y someter a consulta en mesas de trabajo la ley de Educación, durante más de 15 días los estudiantes de unos 150 institutos del país los mantuvieron tomados.
La segunda reacción del régimen fue la represión En sendos operativos ejecutados en una decena de colegios públicos, los “agentes del orden público” sacaron a relucir la amenaza de muerte, toletazos, gases lacrimógenos, persecución y el hostigamiento como mecanismo de comunicación con la sociedad. Así denunció Bertha oliva, presidenta del COFADEH:….llama la atención que el pasado 9 de agosto “más de 50 jóvenes fueron detenidos a nivel nacional y ahí no se respetó edad o sexo, igual tratamiento se les dio a todos”…En El Progreso, departamento de Yoro, “no se permitió a ningún abogado ni a algún procurador de derechos humanos emprender acciones para liberar a 10 estudiantes detenidos”.
Los estudiantes Universitarios, también participaron en movilizaciones solidarios con el movimiento Magisterial y con los estudiantes de educación Media. El régimen hizo que las fuerzas represivas también invadieran el campus universitario, los días 23, 28 y 30 de marzo, atacando a la población universitaria con bombas lacrimógenas y balas de material sólido. En estos hechos también fue evidente la consonancia criminalizadora contra la protesta social, incluyendo las autoridades universitarias que en correspondencia con la política del régimen aplicaron medidas de represión selectiva contra estudiantes y docentes que participaron en la defensa de la autonomía universitaria pisoteada por las fuerzas represivas del régimen: identificándolos y exponiéndolos ante las fuerzas represivas del régimen, al someterlos a las audiencias inquisidoras, en las que incluso pretendieron negar el derecho de legítima defensa. El papel de El COFADEH fue muy importante en la defensa de estudiantes y docentes acusados.
El involucramiento del gobierno universitario en la estrategia de control social por medio de la criminalización de la protesta se relaciona con políticas internas de control de las protestas al interior de la UNAH. El antecedente inmediato había sido la ocupación del campus de Tegucigalpa por fuerzas combinadas del ejército y la policía bajo el mando del señor Oscar Álvarez, Secretario de Seguridad entre el 5 y el 13 de setiembre de 2010. La intervención y ocupación fue solicitado por las autoridades Universitarias para desalojar al SITRAUNAH, específicamente contra un grupo de trabajadores que permanecían en huelga de Hambre.
Movimiento étnico:
Dos organizaciones del Movimiento étnico se han continuado movilizados durante el año: COPINH y OFRANEH.
El Movimiento étnico condena la militarización impuesta por el imperialismo por medio de sus bases militares y las políticas represivas por medio de operaciones militares combinadas con las que el régimen al mismo tiempo que impone escenarios de temor y terror justifica la militarización, pretendiendo limpiar imagen y legitimar sus fuerzas militares. Valora regresivas las políticas del régimen en términos de…. “retroceso político y social que se viene dando en el país, lo convierte en el paraíso de aventureros económicos y políticos reaccionarios, que fundamentan sus ideologías en el individualismo y en el darwanismo económico.”

El año en que el país asciende a la tasa más alta de violencia.
El año 2011 el país llegó a la más alta posición en violencia, entre los países del mundo, los datos de diferentes fuentes coinciden en que la tasa de homicidios ascendió a 82.1 por cada 100 mil habitantes, es probable que al final de año la razón de violencia esté indicada entre los 82 y 85 homicidios por cada 100 mil habitantes. Los indicadores de homicidios evidencian que las dos ciudades con mayores tasas de homicidios son San Pedro Sula Tegucigalpa.
El incremento de los indicadores de violencia se relaciona con la desarticulación funcional del sistema institucional del Estado cooptado por fuerzas que operan en función de intereses de grupos de poder oligárquico y han establecido un régimen en el que los individuos y grupos delinquen impunemente y las actuaciones de las autoridades fomentan la impunidad, por acción, cuando abusan contra derechos humanos fundamentales y delinquen escudados en el status de autoridad, por omisión y negación ocultando o distorsionando datos o negligencia inclusive.
Las autoridades del régimen han hecho de la impunidad un medio de control social y político: Hechos criminales como el asesinato de estudiantes universitarios evidenciaron la implicación de agentes policiales, el robo de vehículos los asesinatos por sicarios, la omisión y negligencia para investigar crímenes, el ocultamiento de información relacionada con hechos criminales la distorsión, la negación de información y la minimización de los hechos, la tortura física, psíquica y degradante de la dignidad de la persona humana, la validación de las actuaciones de las autoridades al margen de las leyes, entendidas como actos arbitrarios, son los modos de operación, válidos para el régimen por los que oficializa la impunidad.
El régimen legitimado en el entorno Internacional, pero deslegitimado internamente.
El acuerdo de Cartagena de Indias firmado con la Dirección Nacional del FNRP el 22 de mayo de 2011 y avalado por los Presidentes de Colombia y Venezuela con el que se da garantías para el retorno del Ex presidente Manuel Zelaya Rosales y sus ex funcionarios y exiliados políticos que salieron del país huyendo de la persecución represiva. Es el principal avance en el proceso de legitimación internacional que logró el régimen aun sin cumplir con las condiciones fundamentales que causaron su exclusión por la OEA lo evidencia el mismo Departamento de Estado que desconfiando de la gestión del Régimen le suspendió la cuenta del Milenio. Excepto el gobierno Ecuatoriano que probablemente muy bien informado y coherente con los principios de los derechos humanos fundamentales se negó a reconocerlo.
El acuerdo es muy favorable en ventajas políticas para el régimen y el movimiento de Resistencia lo celebró como un triunfo por el retorno del Líder José Manuel Zelaya Rosales, el 28 de mayo, un año once meses después del golpe de Estado. Sin embargo, aparte del asesinato impune, de más de 200 simpatizantes y militantes del Frente Nacional de Resistencia Popular unos cien hondureños se quedaron exiliados huyendo para salvarse de la represión por el estado de indefensión que se impuso con el Golpe de Estado.
El 5 de junio de 2011 en la XLI Asamblea General de la OEA, de San Salvador resolvió suspender la sanción y admitir el reingreso al Estado Hondureño habilitado como miembro y con ello la viabilizarían del apoyo externo a sus políticas neoliberales desreguladoras y expropiadoras de los recursos naturales nacionales y de la infraestructura de servicios públicos y del patrimonio de las comunidades originarias y afro caribeñas pero muy reguladoras de políticas de control social.
La habilitación de su ingreso tuvo como condición su reconocimiento en el SICA, Sistema de Integración Centroamericana, en el que la posición de Nicaragua fue condición importante para sostener la sanción y para su readmisión en este sistema subregional.
La deslegitimación del Régimen.
La burguesía hondureña es relativamente heterogénea y con los terratenientes se constituyó fuerza social oligárquica con capacidad de asimilar sus intereses como intereses de la nación apropiándose de los medios de dominación y control social del mismo Estado.

La élite del poder en Honduras surgió y se consolidó en tres procesos históricos: El primero fue la estrategia de la Reforma liberal que liberó los recursos para el ingreso de capital transnacional la concesión de recursos naturales la organización de instituciones políticas dirigidas por caudillos que se constituyeron en élites de la clase terrateniente.
El segundo proceso, la industrialización que derivó del establecimiento de relaciones de producción capitalista basada en la inversión transnacional y la inversión pública gestionada por el Estado basada, más que en el ahorro, en el crédito externo, vía inversión extranjera indirecta.
El tercer proceso es la estrategia neoliberal que desarticula la estructura institucional del Estado redistribuidor de riqueza para reducirlo a un estado regulador del control social y desregulador del mercado que bajo falsos presupuestos de libre mercado reduce la gestión pública y favorece la acumulación y la concentración del capital.
En los tres procesos la institucionalización se estructuró bajo la racionalidad de reproducción del capital y la formación de las clases del bloque dominante que constituyen unidad orgánica con los organismos del Estado. Ese proceso configuró las características de una clase dirigente constituida por testaferros del capital transnacional y auspiciada por organismos del Estado que ellos se han apropiado para disponer de los bienes nacionales y de los organismos represivos como gendarmes de sus intereses particulares y de clase dominantes.
La estructuración del Estado en abstracto no es ni ha sido el fin de la clase dirigente es la estructuración de su estado gendarme que al mismo tiempo que le facilita la apropiación y el control de los bienes del país, le auspicia negocios, ganancias y le protege con sus fuerzas represivas constituidas por concepto de seguridad de los capitales.
En ese escenario es que se manifiestan las contradicciones inter oligárquicas por el control de los recursos de dominación y de realización de sus negocios y ganancias en un estado que ellos han reducido a las opciones de monopsonio u oligopsonio por el que compiten y al mismo tiempo comparten.
El resultado es la degradación por corrupción de las instituciones que históricamente se constituyeron formalmente pero no llegaron a ser funcionalmente en términos de los intereses de la sociedad hondureña.
En el régimen se evidencian diferencias entre los grupos que están en posiciones políticas y que disponen de los recursos sin mediaciones y los grupos que tienen poder económico pero no disponen directamente de los recursos de dominación política e influencia para disfrutar de las amplias ventajas institucionales para realizar sus negocios y proyectos económicos. Se disputan medios de comunicación, energía térmica, concesiones de recursos naturales nacionales, demanda de equipo de seguridad, equipo y medicinas para la salud hospitalaria y otros.
Las contradicciones ideológicas diferencian entre ultraconservadores y más o menos orientados por la innovación de la modernidad o racionalidad específicamente capitalista los temas que los diferencian son: El régimen político entre autoritario y democrático liberal o fundamentalista neoliberal; la seguridad interna y la aplicación de medidas fiscales que gravan sus ganancias o ahorros y la corrupción como escenario de competencia de mercado; las relaciones internacionales, la integración regional y el negocio del petróleo y sus derivados que implica relaciones con Venezuela; pero si toleran las relaciones con Brasil.
En las relaciones con el Estado Imperial resulta las diferencias entre mantener un régimen aparentemente legítimo que garantice la hegemonía imperial con instituciones de seguridad y justicia operando en función aparentemente mediadora que asegura la reproducción del capital y de los intereses estratégicos imperiales en la región y las presiones contra la disfuncionalidad del régimen en términos de esos fines y las relaciones con gobiernos de Estados Latinoamericanos que impugnan la intervención imperial y el neoliberalismo e impulsan procesos de Desarrollo y cambios sociales.
La unidad orgánica e ideológica de la oligarquía resulta cuando el movimiento de resistencia cuestiona e impugna y devela la corrupción y degradación institucional asociada a los intereses de los grupos de poder real que mistifican su dominación manipulando ideológicamente los conceptos de “plan de nación” “democracia” por capitalismo depredador y explotador inhumano; libertad, paz seguridad, justicia por terrorismo mediático, judicial y político, represión y criminalización de la protesta social.
El régimen es prolífico en leyes que regulan la vida social pero desregulan las actividades del mercado fomentando la privatización y la reducción a límites mínimos de la gestión pública en beneficio de los grupos de la burguesía oligárquica, que acota los espacios que antes estuvieron bajo control del estado incluyendo la recaudación de impuestos, la gestión de servicios y la seguridad interior.
Los resultados favorecen el ejercicio de la dominación, pero lo deslegitiman: aparentemente ha impuesto el orden sometido por el temor y el control social por los medios de represión contra los movimientos sociales de resistencia: el movimiento sindical se sometió a la precarización laboral el deterioro de los derechos sociales de los trabajadores y trabajadoras, el magisterio ha sido sometido a brutal represión por fuerza física, por negación de sueldos, anulación real del estatuto del Docente en lo referente a valoración académica y ajustes salariales, imposición de leyes educativas que limitan el derecho de la educación y disminuyen derechos sociales de los y las Docentes entre ellos el de previsión social con la intervención y reforma del INPREMA. El movimiento campesino ha sido reducido al espacio de lucha y control del Bajo aguan, por la militarización y la oficialización de la impunidad de acción criminal de fuerzas militares y paramilitares al servicio de los oligarcas terratenientes agroindustriales. En el resto del país el movimiento campesino no se ha visto ni en acciones por sus demandas ni solidarias con los del Bajo Aguán.
Los problemas que deslegitiman el régimen y niega la razón del Estado de Derecho son: La violencia que impone el temor y la inseguridad de las personas, fomentada por la corrupción e impunidad que deriva en degradación y disfunción de las instituciones estatales generando un estado de indefensión y violencia social generalizada que sitúa a la sociedad en los límites de la guerra civil y la consecuente negación del Estado fundado en el derecho.
La ausencia de oposición e impugnación interna favorece la legitimación del régimen pero en contradicción le deja en libertad de absoluta arbitrariedad y degradación que lo deslegitima al mismo tiempo cuando la gente no cree en las instituciones ni en el liderazgo de las élites políticas.
La Desmovilización de la Resistencia:
El retorno de Manuel Zelaya Rosales y un grupo de Funcionarios de su Gobierno, habilitados por el acuerdo de Cartagena, implicó cambio de orientación en la estrategia del movimiento, de la movilización de la protesta social a la reducción del Frente de Resistencia en Partido Político, pero guiado por el mismo liderazgo.
La conversión del Frente de Resistencia Popular a partido Político: es más que cambio de denominación implica cambio en la estrategia de movilización social en la perspectiva de cambios y transformaciones estructurales a la movilización política en la perspectiva de inscribirse en el sistema político hondureño y participar de procesos electorales para ganar posiciones políticas dentro del régimen político establecido por la dictadura de clases de la misma oligarquía.
La sustitución de nombre Frente Amplio de Resistencia Popular por el de Partido Libertad y Refundación tiene implicaciones estratégicas además de las formas simbólicas y de significado. En esta diferencia es necesario reflexionar acerca de cuál es el concepto de identidad y de unidad colectiva, más que nominal, de significado, es el concepto de Resistencia Popular o es el fin de la democracia electoral? Inscrita en las reglas del régimen político decadente por ultraconservador y antidemocrático, que el gobierno que presidió Zelaya Rosales pretendió cambiar y se rompió con el golpe de Estado.
La decisión de constituirse en Partido, inscribirse en la estructura del régimen político, significa reconocimiento y aceptación de ese régimen sometiéndose a su sistema normativo y a las decisiones y acciones políticas de sus autoridades. La estrategia de cambios y transformaciones estructurales está pospuesta a la posibilidad de ganar las elecciones en la estructura y funcionamiento del mismo régimen que el golpe de Estado lo devela decadente, antidemocrático y degradado por la corrupción y la impunidad en beneficio de grupos plutocráticos con tanto poder como para aparentar cobertura institucional de los actos criminales contra la nación.

El cambio de orientación estratégica de movilización popular por demandas democráticas a la práctica tradicional de las concentraciones políticas y a la sustitución de identidades sociales de movilización colectiva por fracciones políticas de un partido que gradualmente podría reducirse debilitado por sus contradicciones ideológicas y política sectarias. La dirigencia pretende demarcar la diferencia entre un frente de masas en movimiento social a un partido político, es observable que la misma dirigencia no ha podido sostener esa dualidad en perspectiva de las luchas del Frente de Resistencia Popular por demandas populares y la lucha política por el poder.
La constitución del partido político buscando posibilidades de incluirse en el mismo sistema político decadente y cuestionado que hizo surgir con fuerza de movimiento de masas a la Resistencia Popular, se adhiere al sistema sin impugnarlo y en consecuencia lo reconoce, legitima y más que contribuir a debilitarlo lo fortalece. Es contrario a la lógica y perspectiva de continuidad histórica de un movimiento social que surgió con fuerza contra el sistema político oligárquico porque como argumenta Mirza”un sistema político apoyado en la partidocracia y fuertemente institucionalizado absorbe y canaliza buena parte del conflicto social, sin amenazar necesariamente la pervivencia simultanea de movimientos sociales relativamente autónomos”.
La capacidad de convocatoria se redujo el movimiento se fraccionó y debilitó, porque la dirección del frente pasó a ser Dirección de Partido y se ha distraído en su institucionalización con lo que de hecho contribuye a reestructurar un régimen político desarticulado institucionalmente y por esa razón sólo puede sostenerse por las fuerzas de represión militarizando la sociedad e imponiendo el autoritarismo y la impunidad, provocando temor que causa el sentimiento colectivo de indefensión.
La Dirigencia del frente dejó de asumir como suyas las demandas sociales y la oposición al régimen; no definió en sentido estructural y coyuntural y con visión estratégica, las demandas para trascender de la demanda social de grupos de presión movilizados por demandas democráticas a una “articulación equivalencial de las demandas populares” planteadas como totalidad del movimiento. Ha dejado a cada movimiento interno con sus propias demandas expuestos a las fuerzas del régimen que sin oposición operan impunemente auto protegiéndose con leyes que deforman y degradan el sistema institucional del Estado para legalizar la apropiación y expropiación de los bienes nacionales en beneficio de élites constituidos en poliarquías sólo sostenidos por la fuerza militar que se impone en un estado de inseguridad, temor e indefensión contra las mayorías de clases sociales subalternas.
El régimen ha celebrado la derrota del movimiento magisterial despojándolo de derechos sociales fundamentales y dejándolo desprotegido de su derecho de previsión y precarizando sus condiciones laborales. Ha mantenido sitiado al movimiento campesino del Bajo Aguán delimitándolo y reduciéndolo a ese espacio segregado por la mediatización del movimiento obrero y la ausencia de movimiento campesino en el resto del país.
La fuente de violencia que ha situado al país con el indicador más alto de violencia e inseguridad entre los más violentos del mundo Es la desarticulación y disfuncionalidad institucional del Estado dominado por el régimen político impuesto por las fuerzas de la oligarquía apoyado por el Estado Imperial.