martes, 17 de enero de 2012

Honduras la deslegitimacion del régimen de dominación social neoliberal

HONDURAS LA DESLEGITIMACIÓN DEL REGIMEN DE DOMINACION SOCIAL NEOLIBERAL ENTRE LAS CONTRADICCIONES INTEROLIGARQUICAS Y EL MOVIMIENTO DE RESISTENCIA POPULAR.


Roberto Briceño Jiménez

XXVIII CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE SOCIOLOGIA ALAS RECIFE 2011.



GRUPO DE TRABAJO Nº 30 CENTROAMERICA.
MESA REDONDA: CENTROAMERICA LA HORA CONFLICTIVA DE LA SEGUNDA DECADA DEL SIGLO XXI.






HONDURAS LA DESLEGITIMACIÓN DEL REGIMEN DE DOMINACION SOCIAL NEOLIBERAL ENTRE LAS CONTRADICCIONES INTEROLIGARQUICAS Y EL MOVIMIENTO DE RESISTENCIA POPULAR.
Roberto Briceño Jiménez
La idea fundamento de esta ponencia es que el régimen político neoliberal se legitima con una fracción oligárquica pero se deslegitima como régimen democrático Liberal con la sociedad y los movimientos sociales, imponiendo un régimen de dominación social Neoliberal por las contradicciones inter oligárquicas y con las clases sociales y culturas subalternas.
Del golpe de Estado hasta hoy la estrategia del régimen y del Departamento de Estado, ha sido orientada en dos sentidos mantenimiento de la legitimidad con las élites y búsqueda de legitimidad con el entorno internacional.
Ha sido clave en este proceso la fuerza de Estados Unidos por medio del Departamento de Estado, para el logro de acuerdos formales que finalmente no se cumplen como el “Acuerdo de Cartagena de Indias” celebrado y firmado en Cartagena de Indias, República de Colombia el 22 de mayo de 2011.
El Acuerdo en su numeral 3 establece garantías para el regreso en condiciones de seguridad y libertad a los ex funcionarios del Gobierno que Presidio Zelaya Rosales y sin embargo, de inmediato está siendo enjuiciado con cinismo de arbitrariedad el ex secretario de la Presidencia Enrique Flores lanza, quien al retornar al país se presentó al tribunal de Justicia y el juez le dictó medidas sustitutivas e indefinidas de casa por cárcel y una fianza impagable y sin presidentes en la República de Honduras por la suma de 27 millones de Lempiras.
La firma de este acuerdo hizo posible el reconocimiento del régimen por los países de Centroamérica el Caribe y el reingreso a la OEA.
La estrategia incluye el fortalecimiento de las fuerzas políticas legitimadoras del régimen político de dominación social neoliberal en las redes de esa estrategia ha caído el liderazgo del nuevo FARP que encabeza Manuel Zelaya Rosales.
El retorno de Zelaya fue celebrado como un triunfo del Frente de Resistencia Popular, sin embargo, el cambio de estrategia de la movilización social a la movilización electoral ha generado mayores expectativas y contradicciones al interior del FNRP, que paradójicamente tiende a ser negado por la forma de un FARP con expectativas de triunfo electoral en el próximo proceso electoral, probablemente auto valorándose como fuerza social y política mayoritaria sin considerar el fraccionamiento interno que generan procesos electorales en la forma de frente amplio convertido de hecho en partido político.
Las fuerzas de la oligarquía y el imperialismo, aliadas o subordinadas estratégicamente han logrado avanzar en la legitimación del régimen. Estableciendo espacios demagógicos de diálogo con acuerdos que el régimen no cumple si modifican las políticas y medidas neoliberales que literalmente están aplicando.
La Dirección nacional del FARP entretanto se entretiene en concentraciones políticas en los departamentos del país, el régimen de dominación social neoliberal continúa expropiando de los derechos fundamentales, sociales, económicos y culturales a los niños, jóvenes, trabajadores, comunidades, campesinos, etnias originarias y afro caribeñas.
Imponiendo un régimen de terror socializando la militarización de la sociedad legitimada en el miedo, que produce la violencia objetivada en los asesinatos masacres con alta frecuencia diaria en la que se confunde el crimen organizado con las ejecuciones extrajudiciales la represión por agentes de grupos paramilitares y de las fuerzas del régimen.
LOS AVANCES LEGITIMADORES.
El primer avance legitimador del régimen fue la realización de las elecciones el 29 de noviembre en contexto de Resistencia Popular contra el Golpe de Estado la exclusión de la OEA y contando con el apoyo del Departamento de Estado de Estados Unidos y las instituciones del régimen sostenidas por la militarización.
De esas elecciones resultó absoluto triunfador el actual Jefe del régimen Porfirio Lobo Sosa de la Oligarquía Terrateniente y líder del Partido Nacional segundo partido político surgido en la segunda década del siglo XX después del Partido Liberal, más afectado por las contradicciones inter oligárquicas que provocaron el golpe de Estado el 28 de junio de 2009.
El 27 de enero de 2010 asumió autodefiniéndose “Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional” ese mismo día hizo salir del país al ex Presidente Manuel Zelaya Rosales, por segunda expulsión del país bajo la forma de protección por salvoconducto después de haber permanecido recluido en la Embajada de la República de Brasil durante cuatro meses y seis días. El régimen también adoptó la autodefinición doctrinaria de “Humanismo Cristiano”. Su autodefinición de Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional y de Humanismo Cristiano” la presentó con la integración de su organización burocrática con representantes de los partidos políticos que con su participación electoral formalizaron su pretendido reconocimiento legitimidad.


Las condiciones impuestas por la OEA y acompañado por la estrategia del Gobierno del Imperio hicieron integrar la “Comisión de la Verdad “el 30 de junio de 2010 y los diálogos de reconciliación con organizaciones sociales y políticas seleccionadas por el régimen.
El régimen se sostiene débil deslegitimado por las reducidas bases sociales de apoyo y compensa su debilidad imponiendo políticas autoritarias con prácticas neofascistas de represión selectiva con ejecución de activistas y líderes del movimiento de Resistencia Popular, incluyendo comunicadores sociales, campesinos, maestros y jóvenes estudiantes, basada en las fuerzas represivas oficiales y paramilitares de los grupos oligárquicos.
La Convocatoria al diálogo Nacional, el primero el cuatro de octubre de 2010 es otra acción favorable al reconocimiento interno del régimen. Mas el acuerdo de Cartagena de Indias firmado con la Dirección Nacional del FNRP el 22 de mayo de 2011 y avalado por los Presidentes de Colombia y Venezuela con el que se da garantías para el retorno del Ex presidente Manuel Zelaya Rosales y sus ex funcionarios y exiliados políticos que salieron del país huyendo de la persecución represiva. Se produjo desprendimiento de grupos del Frente de Resistencia Popular con la intención de restaurar el Partido Liberal y el bipartidismo que ha caracterizado al sistema político Hondureño.
El FNRP negó el reconocimiento de la Legitimidad del Régimen, pero las organizaciones sindicales, campesinas y magisteriales, con independencia del Frente dialogaron sus demandas laborales incluyendo salario mínimo, problemas resultantes de la emisión de una ley de participación y mejoramiento de la calidad de la Educación durante movilizaciones, paros y actos represivos basados en la criminalización de protestas, asesinato de la maestra Ilse Ivania Velásquez. El año anterior las Organizaciones Magisteriales firmaron acuerdos con el régimen que nunca cumplió.

En el Bajo Aguán el régimen firmó un acuerdo con los campesinos asociados al MUCA el trece de abril de 2010, manteniendo militarizada la zona con resultados de unos seis campesinos asesinados. Aquí como en los demás movimientos de protesta social el régimen establece acuerdos por medios represivos y después niega e ignora su cumplimiento. Más de un año después de la firma del citado acuerdo el conflicto agrario continua con el saldo negativo para los campesinos y sus familias de más de 40 campesinos asesinados.
El régimen logró el reingreso a la OEA el 5 de junio de 2011 en la XLI Asamblea General de la OEA, de San Salvador y con ello la viabilizarían del apoyo externo a sus políticas neoliberales desreguladoras y expropiadoras de los recursos naturales nacionales y de la infraestructura de servicios públicos y del patrimonio de las comunidades originarias y afro caribeñas.

El retorno del Ex presidente Manuel Zelaya y sus ex funcionarios por el Acuerdo de Reconciliación de Cartagena de Indias, evidenció ciertos los argumentos del Gobierno de Ecuador para oponerse al reingreso de Honduras en la OEA. El Régimen, asumió el compromiso de dar garantías para el retorno seguro del Ex presidente sus ex funcionarios y exiliados políticos pero de inmediato el Ministerio Público y la Corte de Justicia por medio de un Juez ha incoado un juicio sin precedentes en la historia judicial al ex secretario de la Presidencia Enrique Flores Lanza, quien se presentó para declarar en el Juzgado, el juez dictó prisión preventiva por tiempo indefinido en casa por cárcel y condicionada por una fianza impagable de 27 millones de Lempiras, equivalente (1.431601) un millón 431 mil 601 Dólares. El Ex secretario Flores Lanza conceptuó esta acción del juez como “sicariato judicial”. Por información y denuncia que hizo el mismo enjuiciado, que la acción judicial obedecía a una orden procedente de un grupo de la élite política de la Oligarquía.
“Además de que, a pesar de la firma de los Acuerdos de Reconciliación Nacional y Reconstrucción de la Democracia, suscritos en Cartagena de Indias con el patrocinio de Colombia y de la Bolivariana Venezuela, más de 100 hondureños siguen en el exilio forzoso desde el Golpe, hoy se suman muchos más a esta legión de víctimas, incluyendo lideres connotados de la lucha popular hondureña (como el Padre Fausto Milla y su asistente Denia Mejía, ambos miembros de la Conducción del Frente Nacional de Resistencia Popular) o el padre Andrés Tamayo, miembro de la Comisión Política del frente; el asesinato de más de 200 hondureños y hondureñas sigue sin investigarse, aunque han sido denunciados en debida forma ante las “autoridades” competentes”.

El FNRP reconoce al régimen a partir del Acuerdo de Cartagena y el Retorno de Zelaya Rosales con algunos ex funcionarios y exiliados. Y al cambiar de vía con la estrategia del FNRP, fundando el FARP con perspectiva política el 26 de junio, contribuirá con los procesos legitimadores del régimen representando imagen de apariencia democrática y reconciliadora, porque incorpora el Frente Político a la estructura institucional del régimen con un Estado desestructurado funcionalmente en sus instituciones y sostenido realmente por la fuerza con políticas arbitrarias de militarización y represión para imponer un régimen de impunidad y terror.
LAS CONTRADICCIONES INTEROLIGÁRQUICAS.
Los grupos oligárquicos de Honduras tienen capacidad de control del Estado y por ese medio, capacidad de dominación social de hacer del Estado el más importante mercado de sus negocios como intermediarios de las corporaciones multinacionales.
La burguesía hondureña es relativamente heterogénea en estratos y fracciones limitadas por las magnitudes y formas de reproducción del capital. Se constituye oligarquía por el ejercicio de la dominación política y la identificación de sus intereses de clases con los interese de la nación. La ideología de la oligarquía se constituye en el imaginario social que la legítima por efecto de la propaganda mediática, los cambios que difunde en los gustos y preferencias de la gente y la aceptación de los dominados de su subordinación y exclusión real de las opciones de acceso al poder y a los recursos de la nación.
Gramsci, explica que “la unidad histórica de las clases dirigentes se produce en el Estado, y la historia de esas clases es esencialmente la historia de los Estados y de los grupos de Estados, pero agrega que… la unidad histórica fundamental, por su concreción, es resultado de las relaciones orgánicas entre el Estado y la sociedad civil”
Las contradicciones surgen por las diferencias de realización de sus intereses económicos y por las formas de ejercer la dominación social por medio del control del Estado y sus organismos de control y represión en la relación que Gramsci define como relaciones orgánicas entre el Estado y la Sociedad Civil.
Unos grupos de la oligarquía asumen para sí el poder político sin mediaciones y se apropian de los privilegios y ventajas del poder. En tanto que existen otros individuos y grupos muy poderosos pero no deciden políticas directamente. El poder y los límites están diferenciados según identidades constituidas y las mediaciones como identidades o la ausencia de mediaciones entre los organismos del Estado y los grupos de poder.
Entre los grupos poderosos hay unos que por medio de sus identidades sociales y políticas están situados en posiciones de poder real y formal y otros que tienen poder real pero no están involucrados en el control de organismos políticos del Estado. Los primeros son los más privilegiados en términos del disfrute de ventajas para hacer negocios con el Estado.
Las diferencias derivan en contradicciones ideológicas cuando se trata de mantener la legitimidad del régimen de dominación entre un régimen democrático liberal con participación social y el régimen fundamentalista neoliberal autoritario de estilo neofascista y sostenido por la fuerza bajo el concepto de seguridad y mistificado con la concepción de libertad individual reduciendo también la seguridad, al interés privado de los grupos de las clases dirigentes y el Estado un Estado regulador y gendarme de su propia seguridad.


Los problemas de sustentación del régimen de dominación social surgen cuando son desvelados por las clases sociales subalternas los intereses económicos de las clases sociales oligárquicas y el Estado es instrumentalizado y racionalizado con los fines de crecimiento económico de acumulación y concentración del capital.
La oligarquía Hondureña en sus expectativas de realización absoluta de sus ganancias no tolera la autonomía relativa del Estado para intervenir en términos de los intereses de la generalidad de las clases sociales dominantes para conservar el sistema económico y el régimen político.
Las contradicciones que surgen en el actual régimen según denuncias del Gobernante Porfirio Lobo Sosa, se relacionan con temas de políticas fiscales que gravan sus ganancias y no pueden transferir a los consumidores.
Las contradicciones son siempre secundarias y se generan por las racionalidades de reproducción, e incremento acumulación y concentración del capital cuando el régimen Neoliberal asume sus roles de Estado Regulador y de Estado gendarme (bajo mediación del concepto de seguridad nacional). Tres decisiones políticas han provocado la oposición de los grupos más reaccionarios y conservadores del régimen: el hecho inocultable del golpe de Estado y reconocido por el mismo jefe del régimen; el acuerdo de Cartagena y el retorno de Manuel Zelaya Rosales, la taza de seguridad que grava transacciones financieras para incrementar el presupuesto de seguridad.
Durante los meses de debate de este tema la criminalidad e inseguridad se ha incrementado en formas de ejecuciones, masacres y hasta asesinato de policías. Todo genera un escenario de terror e impunidad justificada por los agentes represivos con los conceptos de “ajuste de cuentas” rivalidades entre grupos “del crimen organizado, todo ocurre simultaneo a la campaña mediática oficial para promocionar la justificación de la medida de recaudación fiscal para gasto en seguridad.
La élite de la burguesía hondureña concibe la seguridad con referencia a la inversión en un comunicado de los empleados de la empresa Exportadora del Atlántico dicen lo siguiente: “Señor presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, respetuosamente solicitamos que tome las acciones necesarias para salvaguardar la inversión privada, que es el único camino para la generación de empleo”.
Los reprimidos conciben la seguridad con referencia al principio fundamental del derecho a la vida contra el estado de indefensión en que el régimen tiene a las mayorías de clases subalternas.

INSEGURIDAD REPRESIÓN Y CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL.
El espacio que mas operacionalmente representa el carácter del régimen de la dictadura oligárquica es el Bajo Aguan, convertido en un laboratorio de ejercicio de la dominación social por medios arbitrarios y con la combinación de elementos de concentración de la tierra para la producción agroindustrial basada en la agricultura de plantación en la que los oligarcas con autoridad de señores feudales imponen su régimen de dominio con sus propias fuerzas paramilitares (guardias de seguridad), uso de sicarios y mercenarios tienen establecidos fortalezas de autodefensa y de ataque a las comunidades y cooperativas agrarias campesinas.
El régimen impone un espacio de seguridad usando fuerzas combinadas de la policía y el ejército con asesoría de agentes del Estado Colombiano y del Departamento de Estado de los estados Unidos. Las operaciones combinadas son reforzadas con la campaña mediática que estigmatiza los actores y los grupos de resistencia y presenta los hechos como ejecutados por las víctimas de la represión con prácticas de masacres, persecución y asesinato de líderes campesinos y guardias de seguridad y describe los hechos ejecutados por comandos de guerrilleros que amenazan a la inversión privada causando inseguridad para los capitalistas. Con otras palabras presentan los hechos distorsionados para ocultar la verdad y justifica la militarización e imposición del régimen de terror e impunidad, bajo el concepto de “seguridad democrática”.
Las últimas masacres y asesinatos de líderes campesinos y familias inclusive han sido ejecutados con armas cortantes para simular que la lucha es entre campesinos y liberar de culpa a los órganos represivos oficiales y paramilitares de los burgueses agroindustriales y mantener impunidad, represión y terror contra la resistencia campesina. El informe de Claudia Korol del campo de referencia indica que ya suman (51) cincuenta y un campesinos asesinados.
En el país los oligarcas reclaman seguridad sin límites para sus extensas propiedades. Hasta antes de 1992 el límite de propiedad de la tierra acotada era de 500 hectáreas, con la nueva legislacion de “modernización agrícola” se abolieron los límites máximos, eso explica porque estos señores son ahora dueños de extensiones hasta de más de 20 mil hectáreas de tierra agroforestal y costera.
En Honduras como en todas las sociedades sometidas al poder imperialista la burguesía oligárquica define cuales son los temores o amenazas que resultan de los riesgos escenificados e impuestos, los sujetos que lo causan y los medios de protección que garantizan su seguridad y la de sus capitales. Los recursos de control y de seguridad son los medios de represión aplicados contra las fuerzas de resistencia al poder ejercido como hegemonía o por la dominación.
Ulrich Beck, valora que “el riesgo tiene la fuerza destructiva de la” y hace referencia a las formas del lenguaje contagioso, que transforma las desigualdades en el sentido de que lo que conceptúa como nuevo riesgo es democrático afecta a los grupos dominantes y hegemónicos, pero quienes disponen de medios de control y dominación social tienen la capacidad de construir escenarios, de hacer simulacros de riesgos y amenazas y hacer visibles ante las colectividades la conciencia del riesgo o amenazas. Beck caracteriza los riesgos por los rasgos siguientes: un alto grado de irrealidad; los riesgos adoptan la forma de saber científico por esa razón su “realidad puede dramatizarse o minimizarse, transformarse o simplemente negarse en virtud de que normas deciden que es saber y qué no.”
Beck caracteriza los riesgos como “democráticos” sin embargo, la concepción del o los riesgos que escenifica el régimen de la Oligarquía, se relaciona con la propiedad más que con amenazas a la vida y con sus medios y recursos de dominación infunden terror que aparentemente es generalizado o “democrático” como lo conceptúa Beck.
En el país los escenarios de riesgo han sido incrementados por la violencia que impone el régimen y los grupos de poder real. El siguiente reporte de Tele sur presenta un escenario de terror construido por el régimen y los terratenientes y burgueses agroindustriales.
“La operación de unos 500 militares y policías comenzó la mañana de este viernes con el empleo de armas de guerra, gases lacrimógenos, reportó una nota de Tele sur. “El COFADEH precisa que los campesinos informaron desde diciembre de 2008 el reinicio de actos hostiles del ejército contra ellos para expulsarlos de esas tierras, que reclaman desde el 2004. 'Esas denuncias agilizaron el proceso de lo que hoy se ha convertido en barbarie humana, en tierras que son propiedad del Estado y no de los latifundistas'
Los organismos Financieros internacionales valoran la violencia, la criminalidad en términos de costos económicos con relación a los riesgos de inversión y el crecimiento económico. El Banco Mundial hace las valoraciones siguientes: “La creciente criminalidad en América Central acarrea costos a la región equivalentes al 8% de su PIB, en un informe recomendó priorizar los programas preventivos a las políticas de "mano dura".
Racionaliza que una reducción del 10% en la tasa de homicidios haría crecer el ingreso per cápita en El Salvador, Guatemala y Honduras clasificados con niveles mas altos de violencia.
Calcula los costos de la criminalidad en cada uno de los países de la región con los datos siguientes: El costo de la criminalidad es de 2,291 millones de dólares para Guatemala (7.7% de su PIB), 2,010 millones para El Salvador (10.8%), 885 millones para Honduras (9.6%), 529 millones para Nicaragua (10%) y 791 millones para Costa Rica (3.6%), según el informe.
Agrega el informe del BM, en sus valoraciones que “el crimen aumenta los gastos en seguridad, administración de justicia, desestimula la +inversión y es una "de las principales limitaciones para la productividad y el crecimiento", señaló el Banco.
Finalmente concluye enfatizando en términos de costo y ganancia y no en términos de la vida humana:"Una tasa de criminalidad elevada perjudica el clima de inversión y desvía los escasos recursos públicos hacia el fortalecimiento del sistema policial en lugar de fomentar las actividades económicas", señaló el coautor del informe Rodrigo Serrano-Berthet,.”
Es la afirmación de la racionalidad instrumental de la seguridad en términos económicos y la negación de la razón del Estado Liberal de la persona humana como fin superior del Estado.
LAS DESIGUALDADES ECONÓMICAS, PROBLEMAS DEL MERCADO LABORAL Y POBREZA.
La economía hondureña sigue siendo heterogénea estructuralmente y más dependiente de medios de producción y de consumo productivo importado la estrategia económica Neoliberal incentiva la depredación y la descapitalización de la economía, reduce las posibilidades de incremento de la producción y redistribución del ingreso y está convirtiendo al país en consumidor de productos importados y una economía deformada por la tercerización sin industrialización y acumulación interna de capital.
En el país el 78.6 de la población está en edad de trabajar, el 42.1 % es población económicamente activa, de la PET el 25.39% está con problemas de empleo: desempleados, desalentados, subempleo invisible, subempleo visible de la población en edad de trabajar el 51.5 % están ocupados un 5.5 % son los desalentados, (no buscan trabajo).
Los datos que aporta el INE indican que “La Tasa de Participación a nivel Nacional es de 53.6 %. Esta relación es mucho más alta en los hombres que en las mujeres, siendo de 71.0% y 37.4% respectivamente”.
El régimen ha reformado el código laboral legalizando la precariedad laboral con la subdivisión de la jornada normal de trabajo por el trabajo por hora. Esta medida incrementará los problemas ocupacionales contrario a la justificación de la reforma. Favoreciendo la sobreexplotación del trabajo por la precarización y subvaloración del trabajo.
Los indicadores de del año 2010 muestran una gran desigualdad de ingreso entre los de mayores y los de menores ingresos promedios. Los datos indican. que el 20 % de los hogares de mayores ingresos reciben 21 veces el equivalente al 20% de los hogares de menores ingresos.
La pobreza está afectando al 66.2 % de la población y la pobreza extrema se calcula en un 45.3 %, en la población rural las tasas ascienden al 71.6% de pobres y el 60.2% de pobreza extrema. La mayor tasa de pobreza rural se explica porque la mayoría de población rural sobrevive en actividades primarias principalmente agricultura de subsistencia en tierras de baja fertilidad por su vocación forestal más que agrícola.
El régimen se ajusta a las políticas y condiciones que imponen los OFI, en la intención de hacer crecer la economía sacrificando el bienestar y la mejora en las condiciones de vida de las mayorías sociales resulta que han logrado hacer salir de indicadores negativos a un positivo proyectado este año a una tasa de crecimiento del 3.5% . Sin embargo los datos indican que la economía sigue creciendo hacia afuera. El endeudamiento interno y externo, el consumo e importaciones son mayores que los montos de las exportaciones en tasas mayores al ocho por ciento. En consecuencia los beneficios del crecimiento económico se distribuyen entre el capital financiero externo e interno por efecto de las obligaciones derivadas de la deuda y las importaciones.
La preferencia por el ahorro y el endeudamiento interno ha incrementado hasta el exceso de liquidez del capital financiero interno. Es capital que resulta y se mueve en círculos especulativos y no contribuye al crecimiento económico por inversión y generación de empleo.
El régimen ha llegado al límite de pretender gravar el ahorro justificado por el incremento del gasto en seguridad y militarización. Esta medida está siendo impugnada por la burguesía oligárquica que prefiere exportar sus ahorros para evadir los tributos por concepto de “tasa de seguridad” el efecto en sentido negativo será la reducción de la inversión, tendencia al incremento de actividades terciarias relacionadas con el consumo más que la producción y el incremento de los problemas de empleo y la pobreza.
El Desarrollo capitalista agroindustrial y la lucha del campesinado.
En los valles de tierra fértil, es donde hay mayor desarrollo capitalista agrícola dedicadas a la producción de plantación agroexportadora y agroindustrial; pero en estas áreas la propiedad está concentrada entre empresas multinacionales, burgueses agroindustriales y terratenientes que con la apertura del mercado de tierras desde la emisión de la Ley de Modernización agrícola, se han apropiado y concentrado miles de hectáreas de tierra agrícola de dominio nacional y privatizadas por medios fraudulentos según denuncias de los campesinos y del Mismo Instituto Nacional Agrario. Es la razón de la lucha de clases en el agro hondureño particularmente en el Bajo Aguán y en zona costera de de la Bahía de Fonseca en Zacate Grande.
El régimen tutela y habilita el dominio de los oligarcas agroindustriales y terratenientes por medio de la militarización, la represión, la persecución la destrucción de los asentamientos agrícolas los asesinatos frecuentes y la criminalización atribuyéndoles fuerzas de guerrilleros dotados armas de uso militar.
Denuncian los campesinos “Que la violencia generalizada en el Valle del Bajo Aguan se debe a la falta de justicia social y a la impunidad manifiesta por la inoperancia de las autoridades. Como estas no se han preocupado por realizar las investigaciones que corresponden de las muertes y otros hechos violentos e imponer las penas legales a los responsables no existen mecanismos disuasivos. Lo que ha traído como consecuencia frecuentes amenazas a muerte, asesinatos selectivos en especial contra la dirigencia campesina que no se subordina a las directrices del gobierno y de los agroindustriales”.
LAS FUERZAS DE OPOSICIÓN Y LA RESTAURACIÓN DEL AL RÉGIMEN POLÍTICO.
La principal fuerza de oposición al régimen es el Movimiento de Resistencia popular; bajo la coordinación del FNRP, sin embargo ha tenido márgenes de acción política sin real oposición desde los acuerdos de Reconciliación suscritos en Cartagena, mediatizando y dividiendo el movimiento como resultado de la definición de cambio de estrategia al constituir el FARP en perspectiva de disputar el poder a las fuerzas políticas de la oligarquía.
La tendencia es favorable a restaurar el régimen político dominante con su estructura formal bipartidista arbitrada por las fuerzas armadas y bajo el auspicio imperialista. La idea de FARP está en proceso de definición. En consonancia con el interés restaurador del régimen político con predominio bipartidista, la Dirección del FNRP después de acordar la constitución del FARP el 26 de junio pasado declaraba salir de la movilización y la protesta social en las calles y plazas públicas a la lucha política por medio del FARP paradójicamente de acuerdo con la estrategia del régimen político de la oligarquía y el imperialismo por medio de las actividades del Embajador Loren.
El FARP aun no tiene estrategia definida en perspectivas de cambios y transformaciones que impulsará para derrotar a la oligarquía e imponer la fundación de un nuevo tipo de Estado y los cambios sociales que impulsaría con sus bases sociales.
Los movimientos internos bases sociales del FNRP, han sostenido la movilización y las luchas de protesta social por sus demandas sociales y culturales; populares y democráticas hasta inhibir o mediatizar al régimen en la emisión de leyes privatizadoras de la Educación y los demás bienes públicos incluyendo la resistencia contra la concesión de las cuencas y las minas como fuentes de energía hidroeléctrica, concesionadas a grupos empresariales nacionales y transnacionales que operan en el país por medio de sus testaferros.
La fuerza de los movimientos sociales internos o de base presionó a la Dirección del Frente a definir el marco de acción colectiva en términos de oposición a la estrategia privatizadora de los bienes nacionales y de las comunidades, La imposición autoritaria de políticas privatizadoras, la militarización y violación de los derechos humanos fundamentales haciendo sentir a la sociedad un estado indefensión, la entrega de los recursos mineros y fuentes de energía hidroeléctrica y por la reforma agraria y forestal que recupere las tierras usurpadas por los terratenientes y burgueses agroindustriales.
El FARP se mueve en campaña de organización sustituyendo, la reivindicación política de lograr la convocatoria a una constituyente por la participación como fuerza política en el próximo proceso electoral con la intención estratégica de ganar las elecciones y después la constituyente que refundará el nuevo Estado.
El cambio en la estrategia del FNRP favorece la estrategia restauradora del régimen político, teniendo en cuenta que la base social y política mayoritaria se originó en el liberalismo; viabiliza negociaciones políticas con los actores del régimen político y podría obligar a mayor cohesión de las fuerzas de la oligarquía.
El régimen de la Dictadura Oligárquica está desestructurándose en sus instituciones legitimadoras de su Estado de democracia Formal por las contradicciones internas entre sostener su legitimidad o imponerse militarizando la sociedad para garantizar la conservación y reproducción absoluta del régimen capitalista de dominación social neoliberal.
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